Gobierno y campesinos emprendieron diálogo constructivo
En la primera reunión, desarrollado en la ciudad de Medellín, capital del departamento norteño de Antioquia, el tema de los cultivos ilícitos y las diversas alternativas para su sustitución gradual dominó la escena.
En el encuentro participaron líderes campesinos y una delegación gubernamental conformada por el viceministro del Interior para Relaciones Políticas, Carlos Eduardo Gechem, el viceministro de Agricultura, Andrés Felipe García, y los gobernadores de los departamentos de Nariño, Raúl Delgado, y del Cauca, Temístocles Ortega.
El campesinado aprovechó la ocasión para insistir en la necesidad de garantías para un enfoque de derechos en los que el acceso a la propiedad, educación y salud, vivienda digna y servicios básicos sea una realidad para esas comunidades.
En ese sentido, ambas partes acordaron la creación de una subcomisión, encabezada por el ministerio del Interior y delegados de la Mesa Agraria Nacional de Interlocución y Acuerdo.
Por su parte, los delegados del presidente Juan Manuel Santos se comprometieron a participar en un próximo encuentro, el venidero 3 de octubre, al cual llevarán una respuesta a los planteamientos de los labriegos sobre el tema de los cultivos de uso ilícito, quienes sostienen que es la “única alternativa que les quedó para sobrevivir en medio del abandono del Estado”.
“Llevamos décadas exigiendo y proponiendo una serie de políticas alternativas sobre la necesidad de acordar una sustitución gradual y concertada de los cultivos de coca, marihuana y amapola”, expresó Isaac Paez, delegado campesino por el departamento del Caquetá (sur).
De igual manera, los labriegos señalaron que las actuales políticas antidrogas tienen múltiples limitaciones y nefastas consecuencias, que se suman a la persecución y el trato de delincuentes hacia los cultivadores, el deterioro medioambiental y la destrucción de medios y frutos del trabajo campesino.
En los seis puntos de debate, los agricultores exigen acceso a la propiedad de la tierra, reconocimiento a la territorialidad e inversión social en la población rural y urbana en salud, educación, vivienda y servicios públicos.
El pasado 8 de septiembre, ambas partes firmaron un acuerdo que permitió levantar las multitudinarias protestas que dejaron un saldo de 12 muertos, cuatro desaparecidos y más de 400 heridos. De acuerdo con el cronograma programado, la mesa sesionará cada jueves, durante ocho horas.
teleSUR-PL-ElColombiano/MARL
