16 de abril de 2021
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Voto para la fuerza pública en el Congreso

27 de agosto de 2013
27 de agosto de 2013

catellanos jorge El interesante tema de reforma de la cláusula de competencia constitucional prevista en el artículo 219, invita a la reflexión pausada, al debate tranquilo y a observar desprevenidamente el tema en su excepcional fondo constitucional y legal en aras de la consolidación de los valores democráticos.

Colombia por esta época está atravesando por cambios sustanciales en todos los órdenes, primordialmente en el contexto económico y social. En materia económica, vale destacar que somos la tercera economía latinoamericana, después de los gigantes: México y Brasil, dejando atrás importantes economías como Argentina, Venezuela y Chile. Un hecho realmente trascendente para nosotros, que no ha hecho increíblemente el ruido suficiente en la opinión pública, consiste en que en la actualidad se ventila su vinculación en la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, institución de cooperación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales, fundada en 1960 y  cuya sede central se encuentra en el Château de la Muette, en la ciudad de París (Francia), reconocida como el «club de los países ricos», dado que agrupa a países que proporcionaban al mundo el 70 % del mercado mundial y representaban el 80 % del PNB mundial.

Ahora bien, los cambios en los horizontes sociales también son interesantes porque existen avances jurisprudenciales a pasos agigantados en el horizonte de las garantías de los derechos civiles, laborales y en el ejercicio práctico de la democracia. Hay nuevos vientos en este sentido en el país, que es saludable reconocer.

Aunque la Constitución Nacional predica el derecho fundamental a la igualdad, existen hoy por hoy discriminaciones absurdas, por ejemplo, en la imposibilidad del ejercicio del voto para la fuerza pública, no obstante que años atrás las fuerzas militares y de policía gozaron del derecho a elegir en todo el territorio nacional.
Precisamente, restablecer este derecho, en hora buena, y ad portas de conseguir éxitos en el proceso de paz que se adelanta en la Habana, resulta reconfortante, necesario, imperativo y conveniente concederle nuevamente garantías electorales a estos importantes ciudadanos colombianos. De esta forma, se estaría enmarcando en positivo una reforma inaplazable en el horizonte de la mayor cobertura de garantías electorales de una democracia plena que defiende y preserva la igualdad de derechos como fundamentos esenciales del Estado Social de Derecho, en opinión muy versada de muchos constitucionalistas colombianos. Ciertamente, no puede concebirse una democracia plena, cercenando derechos de cualquier ciudadano al sufragio, mucho menos impidiéndoselo a quienes defienden a los nacionales, a las instituciones y a la patria entera.

En este orden de ideas, el tema referido de reforma constitucional puede tener unas fases de progresivo desarrollo y consolidación institucional, de un lado y, del otro, un posterior marco legal de viabilizarían, para efectos de vigorizar la democracia y garantizar el ejercicio universal sin limitación para los integrantes de la Fuerza Pública Colombiana.

Es menester indicar, en primer término, que es bienvenida en esta hora crucial de la democracia colombiana y para el futuro del país con justicia social e igualdad de oportunidades para todos, la reforma planteada por el representante Camelo Ramos, en lo relacionado con la garantía del voto para los miembros de la fuerza pública. Este tema es de orden constitucional e implica una reforma de la carta política, necesariamente.

Autorizadas opiniones coinciden que podría ser inconveniente abarcarlo todo en el orden constitucional, de manera inmediata y de una vez por todas, como lo plantea el congresista mencionado. La ley podría ser encargada de reglamentar el proceso de aplicación e indicar el camino necesario para el buen suceso de la reforma constitucional.

Prosiguiendo con una segunda fase, podría pensarse, entonces, en la reglamentación del tema, a través de la ley, -reitero-, por tanto puede adicionarse la propuesta parlamentaria dejando la reglamentación al marco normativo de carácter legal, específicamente, en temas como la participación política en partidos o movimientos políticos y, posteriormente, en un tercer y complementario paso, la elección popular en determinados cargos públicos, particularmente en las corporaciones congresionales, asambleas y concejos municipales, como también en las Gobernaciones y alcaldías. Voces autorizadas creen, al respecto, que hay que avanzar hacia una madurez consolidada y en orden progresivo para que este propósito progrese con el dinamismo y el camino del éxito requerido. En este sentido el reglamento legal puede ayudar muchísimo si se aprueba, primeramente, la reforma constitucional propuesta.

Esta reforma en el interior de las Fuerzas Armadas y de Policía nacionales, ha recibido un respaldo conjunto y en armonía, pues reina entre ellas, actualmente, un espíritu de colaboración muy sólido, hay criterios de unidad y solidaridad estrechos, el trabajo se adelanta en equipo y de manera coherente y, lo que también es importante, existen criterios unificados de elevado amor a la patria, de construir sociedad juntos y de edificar con pujanza un nuevo país para las presentes y futuras generaciones; todo ello, sin antecedentes en nuestra historia republicana. En tal virtud desde hace pocos años se está fortaleciendo verdaderamente la fuerza pública. Se han integrado como un solo cuerpo la Policía Nacional y las Fuerzas militares, trabajo en equipo que la dignifica y la coloca en el ameritado lugar, en el cenit, que deben ocupar siempre, posicionada y reposicionada en el altar de nuestro régimen democrático.

Habrá muchos elementos de juicio de gran fondo político para estudiar, discutir, evaluar y complementar en este asunto de reforma constitucional que ocupará al Congreso Nacional en los semestres venideros. Igualmente habrá que valorar las consecuencias de la reforma en la carrera militar y policial; en el acceso a los cargos públicos y en la autorización de una licencia especial por parte del Gobierno Nacional mientras se ocupa el cargo de elección popular- tal como lo plantea el autor de la iniciativa parlamentaria-; en la defensa de los derechos adquiridos por la fuerza pública frente a futuras modificaciones legislativas, entre otros muchos aspectos. Por ahora, el debate comienza y los valerosos colombianos integrantes  de la fuerza pública están, seguramente, especialmente invitados.

 

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