12 de abril de 2021
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Buscan mediante demanda suspender venta de Isagén

9 de agosto de 2013
9 de agosto de 2013

 

En la demanda se manifiesta que con la  decisión el Gobierno de vender el 57.66 por ciento de las acciones estatales se pone en riesgo la moralidad administrativa, patrimonio público y la seguridad y salubridad pública.

En este documento se le pide al Tribunal que ordene la suspensión del proceso de expedición del decreto que contemplaría “el programa de enajenación de las acciones del Estado de Isagén S.A.S.P y en caso de que se haya emitido se ordene la suspensión de sus efectos hasta que se resuelva la acción”.

Y es que para el demandante, Isagén es una empresa con eficiente control por parte del Estado lo que demuestra su superávit y eficiencia financiera por lo que señala que hasta la fecha se desconocen las razones, causas y consecuencias del Gobierno de Juan Manuel Santos de poner a la venta su paquete accionario.

En el texto se hacen varias referencias al hecho de que al momento de tomar esta decisión no se tuvieron en cuenta los reglamentos “de la tercera empresa termoeléctrica e hidroeléctrica más importante del país” ni de sus accionistas minoritarios.

En este punto se le pide al Tribunal que le solicite al Gobierno una explicación ante la opinión pública y todos los interesados los motivos de esta decisión. «Se desconoce la motivación justificada en estudios financieros y técnicos que permitan concluir la decisión del Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

Igualmente se indica que no se tiene en cuenta el impacto que puede traer esta acción frente a la utilidad de la Nación. “El paquete accionario de Isagén es de 2.726 millones de acciones de acuerdo al ministerio de Hacienda y Crédito Público (…) Isagén ha girado al estado en los últimos años 824 mil millones de pesos para inversión social e infraestructura. A diciembre 31 la compañía tiene en activos 7 billones de pesos sin embargo no hay un estudio que estime un valor real a la fecha”.

En la demanda, el expresidente asegura que la aprobación registrada en el Consejo de Ministros es una clara violación al conjunto de valores y principios que se deben tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de esta magnitud. “Se estaría lesionando el patrimonio público en virtud de que los recursos que estima recibir el Gobierno Nacional producto de dicha venta serían de 4.5 billones de pesos, valor que se estimó para el año 2010”, por lo que se indica que no se tienen evidencias claras que demuestren la necesidad de su venta y mucho menos su valor actual.