16 de abril de 2021
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Ingenuidad, estupidez y, además, cobardía.

6 de abril de 2013
6 de abril de 2013

marco aurelio uribeY, por supuesto, no siente la más mínima vergüenza por tener la responsabilidad directa de apoltronar a una clase política dañina y corrompida. Dichos Estados son los que nos diferencian sustancialmente de nuestros vecinos del sur.

Esporádicamente algunos pocos periodistas o columnistas de la gran prensa denuncian  de manera timorata algunas “pilatunas” que, con bastante frecuencia, cometen los Altos dignatarios del Estado, sin excepción en sus tres ramas del poder público, denuncias que, por razones obvias, terminan en el olvido y en la impunidad, y recurren siempre a la consabida frase de cajón: los colombianos somos ingenuos, pero no estúpidos y, la verdad monda y lironda, es de que no solo somos ingenuos sino químicamente estúpidos y dolorosamente cobardes.

El pasado domingo 27 de enero del año en curso, la revista Semana publicó un artículo titulado “Con nombre propio”, y me causó curiosidad  el gran despliegue y asombro que se consigna para hacer referencia a inanidades como el transfuguismo, dándole una trascendencia exagerada que no ha sido dada a otros hechos delictuosos y aberrantes, los cuales han sido objeto de poca o ninguna divulgación por parte de los medios de comunicación, de pronto, en aras de un interés determinado.
(http://www.semana.com//opinion/articulo/con-nombre-propio/330737-3)    

He leído pocos artículos de columnistas o periodistas que se han atrevido a denunciar públicamente hechos que, sin duda alguna, pisan predios del código penal, sin que en posteriores escritos vuelvan a hacer referencia o recalcar sobre tales hechos lo que implica que pasan al cuarto del olvido y, por ende, quedan en la impunidad, lo cual hace perder la esencia del periodismo investigativo para solaz de los responsables que siguen orondos bajo la protección del manto corrupto de los operadores judiciales y/o de sus jueces naturales. Hasta el momento, jamás se ha oído decir sobre ninguna sentencia condenatoria por esta clase de denuncias.

Casi se puede asegurar, sin lugar a equívoco, que  éste es el único país del mundo en donde se ha dado un impresionante variopinto de hechos delictuosos de manera casi simultánea, sin ningún vestigio de una investigación seria y veraz que conduzca a establecer la verdad y sus responsables, no obstante revestir suma gravedad hasta el punto de llegar a constituir delitos de lesa humanidad, como los ‘falsos positivos’ o las ‘chuzadas del Das’ (tortura sicológica) o la extensión de la responsabilidad a la autoridad civil por el apoyo a grupos al margen de la ley (paramilitarismo), Estatuto de Roma- Corte Penal Internacional.

¿O qué decir de las infiltraciones del paramilitarismo y del narcotráfico en las ramas del poder público, incluido los órganos de control? ¿O la forzada reforma constitucional para la reelección presidencial mediante artimañas delictuales y prebendas burocráticas? ¿O del descarado ‘tráfico de influencias’ de Senadores y Representantes para coadyuvar al desfalco de la salud en Caprecom y Cajanal? ¿O la burda falsedad consignada en el Acta de Conciliación de la fallida reforma a la justicia? ¿O los desaciertos protuberantes que se han cometido en la postulación y elección de la mayoría de los siete u ocho Fiscales que ha tenido este país? Esto solo para citar unos pocos casos como referencia.

Es de conocimiento general que la expansión desaforada del cáncer de la corrupción hizo metástasis en todos los estamentos del Estado, con mayor énfasis en gran parte del legislativo y en número considerable en operadores judiciales, en los diferentes niveles. Situación preocupante y de suma gravedad, por cuanto se dan en el organismo encargado de expedir las leyes y en el que tiene el deber sagrado de administrar justicia de manera imparcial; flagelos difíciles de combatir, tanto en el Congreso como en las Altas Cortes ,ya que los privilegios que ostentan como aforados dificulta su lucha por las condiciones excepcionales que los rodean, siendo dilatorias, engorrosas y, casi, un imposible de superar para lograr correctivos prontos y eficaces, lo que les garantiza una plena y cómoda impunidad  en sus desafueros delincuenciales.

Cuando en un Estado de Derecho se pisotea y se desconoce la esencia misma de éste como tal, sin duda alguna, se está llegando a un grado superlativo de descomposición social y, por ende, de anarquía lo que nos conduce tarde o temprano al despeñadero. Y esta es la realidad que se  vive en Colombia a través de sus protagonistas, ya mencionados en este escrito, y que a diario nos muestran gabelas discriminatorias a su favor que no solo producen sobresaltos y escozor, sino  que son una afrenta a la Constitución, a las leyes, a la moral y a la ética, como es el caso concreto del carrusel de pensiones y sus arandelas ilegales para engrosar su liquidación, violando así el derecho a la igualdad sin el más mínimo pudor.

Todos los actos de corrupción son inadmisibles y condenables, pero son más inquietantes e impactantes aquellos que producen daños colaterales irreparables a toda una comunidad, como lo puede ser en un momento dado una lenta o errática o perversa o corrupta administración de justicia, por cuanto es ésta la que garantiza una convivencia armónica y pacifica de un pueblo cuando se aplica de manera diáfana, pronta y cumplida, y el sometimiento a las normas es obligatorio para autoridades y particulares.

Y no es para menos que inquiete y cree zozobra una administración de justicia en cabeza de algunos magistrados de las Cortes que han permitido la infiltración en su seno de personajes oscuros de la delincuencia organizada o que han violado la Constitución o la ley o normas éticas y morales en beneficio propio o de parientes o de terceros.  ¿Y qué no pensar en los desaciertos garrafales que se han tenido en la postulación y elección de Fiscal General, recayendo en personas con fallas cognoscitivas o con proclividad a la maldad y al delito o con veleidades extravagantes o con apetitos de poder?

El diario El Tiempo en su edición del domingo 10 de febrero de 2013, en una columna titulada: Montealegre debe seguir, de manera directa y entremetida se presiona e irrespeta al Consejo de Estado para que evite una ‘marranada’ y  que iría “contra natura” si no dejan terminar a este Fiscal el periodo de 4 años, aduciendo que la duda del enredo está en un neologismo jurídico: si el periodo es personal o constitucional. Dura lex, sed lex. Y como argumento central y en una especie de ‘mea culpa’ y prevención se cita el caso “gravísimo” de la postulación y elección de Vivianne Morales, nada más injusto que esta afirmación, ya que  ha sido una de las personas menos contaminada que ha ocupado esa dignidad.

No he podido entender el por qué los medios de comunicación, a través de sus escritores, se ocupan con tanto despliegue y ahínco de nimiedades o situaciones inocuas como las anotadas o la que se le dio al casamiento de la hija del Procurador, y que, de acuerdo a su lectura, pareciera indicar que se escribió con envidia o resentimiento, habiendo tenido este acontecimiento del Country Club hechos de mayor relevancia nacional e internacional, como por ejemplo: haberse destacado que por primera vez en un evento social de tal magnitud, se hubiese logrado reunir y tratar de camuflar entre los invitados a una gran parte de la crema y nata de la delincuencia nacional, y, que risa, todos juntos y fáciles de fotografiar y, claro, de encarcelar.

Causa grima y tristeza este periodismo nacional. Y para muestra un botón: ¿Por qué nadie se ha ocupado sobre los contratos leoninos que ha celebrado el gobierno con las multinacionales mineras ¿ ¿O  del contrato de arrendamiento exorbitante que celebró la ‘impoluta’ Contralora para su nueva sede?¿O de la estrecha amistad y/o favorecimiento del ex Fiscal Luis Camilo Osorio con los criminales del paramilitarismo? ¿O del manejo burdo y descarado que se le dio al proceso 8000 por parte del ex Fiscal Valdivieso? ¿O del impedimento moral y ético que tenía Eduardo Montealegre para aceptar la postulación y designación al cargo de Fiscal, ya que posaba de Apoderado de la mayor defraudadora de los recursos sagrados de la salud, y por los cuales había recibido (raponazo) la bicoca de seis mil millones de pesos? ¿Por qué se postuló y eligió a Montealegre, a sabiendas de este impedimento?¿Será que estos son los llamados e iluminados para ocupar estas dignidades?

En el mes de noviembre del pasado año en la revista Semana, El Tiempo y Eje 21 publiqué en mi blog La Pringamosa un artículo que titulé “Golpe de Opinión, única solución viable para el País”, y tengo toda la razón, por cuanto es un imposible pedirle a un olmo que produzca peras

Y seguimos orondos llevando el estandarte de la ingenuidad, la estupidez y la cobardía que, sin duda alguna, es un legado nefasto para las nuevas generaciones.

Manizales, Marzo 29 de 2013.

Plegaria: Que la Divina Providencia no permita que el Consejo de Estado avale la prolongación ilegal del periodo de este Fiscal. Por carencia de valores éticos y morales Montealegre no es digno de esta investidura, por cuanto no es garantía para una diáfana, pronta y cumplida administración de justicia.