13 de abril de 2021
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Llano debe esperar encarcelado que decidan apelación en un mes

22 de marzo de 2013
22 de marzo de 2013

El jueves al finalizar la audiencia de imputación de cargos que se había iniciado la semana pasada, la juez sexta penal municipal con funciones de control de garantías, dictó detención preventiva intramural contra Llano Uribe, Raúl Diomedes Guerrero Laverde, representante legal de Guerfor S.A., firma contratista, y el asesor Nicolás Fernando Méndez Borda.

Los abogados defensores interpusieron recurso de reposición, pero la juez ratificó su decisión inicial, aunque les concedió la apelación, solicitada subsidiariamente, y que deberá resolver un juez penal del circuito.

Esa medida se dicta cuando se advierte que de los elementos materiales de prueba y de la información con que se cuenta, se pueda inferir que los imputados pueden ser autores o partícipes de la conducta delictiva que se investiga. Se impone cuando sea necesaria para evitar que los procesados obstruyan la justicia, que constituyan un peligro para la sociedad o para la víctima o que resulte probable que no comparecerán al juicio. Los abogados defensores insistieron en que ninguno de esos requisitos encuadraba para que sus defendidos fueran objeto de esa medida.

Aunque la Fiscalía lo había solicitado, no fueron cobijados con esa medida Orlando Marín Mejía, interventor, y Roberto Arias Aristizábal, actual gerente de Emas, quien para la época de los hechos fungió como alcalde encargado y firmó el cuestionado contrato.

Además de los anteriores, otros seis procesados, funcionarios de la Alcaldía, no debieron ser detenidos, pero si continuarán vinculados penalmente, por lo que deben acudir a las siguientes audiencias que se realizarán en el transcurso de los próximos días. Se trata de los exsecretarios de deportes, Carlos Arturo Buriticá; jurídica, Esperanza Salazar Grisales; de obras, Javier Eduardo Torres Martínez; el jefe de compras, Jairo Hoyos Londoño; Gilberto Antonio Ríos Sánchez, funcionario de la secretaría de obras, y el pagador municipal Darío Gallego Posada.

A los tres detenidos les imputaron los delitos de peculado, celebración indebida de contratos y firma de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, mientras que a los que gozan de libertad provisional, sólo les endilgaron las dos últimas conductas penales.

Los hechos que motivaron la investigación penal tuvieron ocasión con la licitación para el suministro, compra e instalación de las sillas para el estadio Palogrande, previo al campeonato mundial juvenil, celebrado en Manizales. Además de las irregularidades en el proceso contractual, se insiste, en que todo se originó a que hubo un sobrecosto de aproximadamente $ 630 millones.

Una vez se resuelva el recurso de apelación a la detención preventiva, es decir, que se confirme o se revoque, el caso pasa a un juez de conocimiento con el que se deberán cumplir las otras etapas procesales, como son la audiencia de formulación de acusación, la preparatoria en la que se descubren y enuncian las pruebas y la del juicio oral en el que se practican y controvierten pruebas, y se da a conocer el sentido del fallo.