27 de enero de 2021
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Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años al senador Merlano

17 de octubre de 2012
17 de octubre de 2012

En la lectura del fallo que duró más de cinco horas, los procuradores delegados disciplinarios precisaron que según las pruebas recolectadas y los testimonios escuchados durante el proceso judicial se pudo inferir que usando su investidura como senador, Merlano interfirió para que los patrulleros inmovilizaran su vehículo.

Y es que según las pruebas recolectadas durante los últimos meses se señala que en todo momento Merlano utilizó su nombre e investidura de senador con el fin de que no se le impusiera un parte y que su vehículo no fuera retenido por los policías, algo que debían hacer puesto que el congresista se negó a practicarse la prueba de alcoholemia.

En la sanción disciplinaria se define que la actitud de Merlano “afectó seriamente los principios de la función pública, puesto que influyó de manera indebida acudiendo de manera irregular a su investidura de senador para evitar que se le inhabilitara su vehículo”.

En el fallo también se indicó que no se pudo demostrar ningún tipo de maltrato por parte de los patrulleros al senador del partido de la U como él, su grupo de acompañantes y su abogado argumentaron en el proceso disciplinario.
“La sala debe insistir en que en ningún momento el senador ni sus acompañantes dejaron la constancia de haber sido maltratados, ni una insinuación, ni de sus acompañantes indicaran que en instantes previos fueron víctimas de maltrato”, precisó el procurador.

En este sentido indicó que en las tres grabaciones que fueron allegadas al proceso, no existe una sola escena en la que se evidencia el llamado trato indigno de los uniformados al congresista cuando le pidieron que se dejara practicar la prueba de alcoholemia puesto que sospechaban que estaba manejando bajo los efectos del alcohol.

Igualmente se indicó que además de Medicina Legal, los patrulleros de la Policía también tienen autoridad para hacer dichas pruebas de alcoholemia con el fin de descartar que una persona este manejando ebria ya que deben cumplir con su función de proteger a la población ante el riesgo que una persona conduzca un vehículo bajo los efectos del alcohol.

El procurador delegado, Juan Carlos Novoa, desestimó en la lectura del fallo los argumentos presentados por la defensa de Merlano Morales en las que se indica que el senador iba a un centro clínico puesto que sufría de un fuerte dolor de espalda, hecho por el cual mostraba cierta ansiedad y mal humor.
Ante esto se indica que ni en su declaración, ni en la llamada 1,2,3 de atención inmediata, así como los testimonios de otros testigos en este caso se hizo alguna referencia al hecho de que el senador había pedido su traslado a un centro de urgencias por su enfermedad.

En el fallo de 117 páginas se indica que los patrulleros no incurrieron en ningún acto irregular en la realización del reten, rechazando así los argumentos presentados por la defensa de Merlano en sus alegatos de conclusión.

La actitud de Merlano

El Ministerio Público consideró que no es cierto que Merlano haya estado imposibilitado para practicarse la prueba de alcoholemia, indicando que pese a que esta no era obligatoria tenía otras herramientas legales para responderle a los patrulleros que no fuera la presentación de su investidura como senador.
“El disciplinado decidió voluntariamente cometer la falta disciplinaria y era consciente de las maniobras para sacar provecho de su posición dominante con el fin de obtener un beneficio”, precisó la procuradora delegada María Eugenia Carreño.

Según la Procuraduría General, el congresista “realizó varias acciones para evitar que los uniformados le inmovilizaran el vehículo, tales como: persuadir a los agentes del orden público, manifestándoles constantemente que él era senador de la República y que había sacado 50 mil votos”.

El Ministerio Público sostuvo en su pliego de cargos que Merlano incurrió en actos de intimidación, al decirles que le faltaban al respeto y que ellos no sabían nada del sector público, solicitándoles insistentemente que llamaran a los superiores para así eludir el procedimiento que hacían los policías de tránsito.

Por se manifiesta que incurrió en “actos de amenaza al desafiarlos diciéndoles que les iba a anotar el número de las placas y chalecos para interponer una queja y afirmándoles que habían cometido faltas disciplinarias, cuando es claro que no es cierto”.