29 de marzo de 2024

Valorización draconiana

28 de septiembre de 2012

Carta Abierta a los Concejales de Manizales

Manizales, Septiembre 27 de 2012

Señor

Juan Sebastián Gómez G

Presidente Concejo Municipal

y demás Concejales de Manizales

oscar gutierrez
Cordial saludo

En el día de hoy, al ingresar a la página Web del Concejo de Manizales, me entero de la aprobación con voto condicionado, en la Comisión de Presupuesto, del proyecto de acuerdo 023 referente a una solicitud de la Alcaldía para que se le autorice endeudar al municipio por 20 mil millones de pesos. Según lo afirmado en el Concejo, por Jaime Alberto Valencia, Secretario de Hacienda Municipal, “De estos 20 mil millones, 3 mil 500 se destinarían para sector educativo, usándolos en el mantenimiento de la estructura física de algunas instituciones educativas de la ciudad, y 16 mil 500 se invertirían en infraestructura vial, 11 Mil 500 para complementar los recursos de obras de valorización y 5 mil millones para el mejoramiento de vías urbanas y rurales”.

En los días previos al envío de esta Carta Abierta, por informaciones de prensa, nos enteramos de las obras de infraestructura que, por el sistema de valorización, quiere hacer la alcaldía. Detallaba la información que sería un puente elevado en la avenida paralela -sector del túnel de la 52-, un paso deprimido en la avenida Kevin Ángel debajo de la glorieta frente a la Universidad Autónoma y, sobre la misma Avenida, una glorieta que reparta el tráfico hacia los barrios La Carola y Bajo Rosales.

Al estudiar el costo de las obras, se concluye que la financiación de las tres intervenciones, al decir del editorialista del diario La Patria, sería de “un costo total aproximado de $65 mil 172 millones, que correrá en un 85% por parte de los contribuyentes y el 15% restante saldrá de recursos propios del Municipio y créditos.”. Y acota: “De entrada, un 85% parece elevado y podría llegarse a porcentajes que resulten más equitativos.”.

Según esas cifras, los empobrecidos ciudadanos de Manizales tendrían que aportar, por lo menos, 54 mil millones de pesos por el sistema draconiano de valorización. Es sabido que en los derrames de valorización a quienes resultan afectados se les impone el gravamen independiente de que estén de acuerdo o no con las obras a realizar, dude sobre la urgencia de hacer las mismas o sobre la cantidad de trabajos incluidos. Muchos ciudadanos consideran incluso que aunque se requieran, ellos no disponen de los recursos económicos que les permita pagar el impuesto.

Es claro que, en muchos casos, la obra realizada empeora las condiciones habitacionales de quienes tienen sus propiedades cerca de las mismas. El ruido, la pérdida de privacidad y el daño visual que se causa, por ejemplo, con los puentes elevados es notorio. Pero a esos es a los que más se grava. Se afecta también a miles de propietarios que tienen sus viviendas a varios centenares de metros de las obras, incluso a kilómetros de las mismas y sobre los cuáles cae, como una maldición, el derrame y, sobre todo, el aumento del avaluó catastral del  predio que después le significa un pago mayor de impuesto predial.

Las obras que se propone realizar afectan sectores que acaban de pagar valorización y a otros que tienen niveles de ingreso tan bajos que no resisten un impuesto más. El área a afectar no se conoce con claridad, el valor del derrame, la cantidad de propietarios que serán gravados, el costo social del gravamen y la urgencia de esas obras tampoco. En este caso, no encontramos sustentos en estudios o al menos no son conocidos por la opinión pública.

En esas condiciones, sería prudente abstenerse de aprobar los 11 mil 500 millones de pesos destinados a obras por el sistema de valorización. Sería mejor reservar mayores recursos para la atención de arreglos en locales de las instituciones educativas que según la administración requieren 3 mil 500 millones de pesos más. O, destinar más dinero para intervenir la malla vial secundaria y rural que requiere de 37 mil millones de pesos y tan solo aprueban 5.000 millones de pesos. Es más útil y rentable para la ciudad y mejor socialmente buenos colegios y escuelas y vías terciarias para la competitividad de nuestros productos.

Si más adelante, estudios claros de costo-beneficio prueban la necesidad de las obras, en el marco de un Plan de Movilidad, la administración podría contar con voluminosos aportes para su construcción por parte del gobierno nacional. En esas condiciones podrían realizarse las mismas, sin  afectar a las comunidades.

Cordial saludo,

Observatorio de Conflictos Urbanos de Manizales

Oscar Gutiérrez Reyes- Coordinador.