9 de marzo de 2021
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Por el decoro y dignidad profesional del abogado

13 de agosto de 2012

ferny pazRecordamos con nostalgia aquellas épocas en las cuales se miraba la profesión con dignidad, respeto y decoro y se elevaba a empinadas cumbres, como pilar fundamental de la vida social, con profesionales probos,  transparentes, y elogiados internamente y en el exterior,  por sus  trabajos  jurídicos  y creación doctrinal, sus exposiciones académicas, con innegable eco y consecuencias, escritores sobresalientes de obras de derecho que aún perduran como materia de  estudio e investigación por parte de estudiantes  de derecho, jueces, magistrados, litigantes, ejemplos de pulcritud y honestidad, merecedores por entero de enormes títulos y realce profesional.

Hemos llegado a una escala de débiles valores y de irrespeto hacia la profesión, en donde  el paso imperceptible del tiempo, la copia de ideas foráneas sin soporte en el substrato nacional, la falta de  hidalguía, lealtad y carácter de ciertos funcionarios y empleados judiciales para hacer respetar  su propia profesión en el trato al abogado litigante, que  se  erige como el más importante colaborador y auxiliar de la justicia, la falta de solidaridad gremial, la ausencia de colegiaturas fuertes y respaldadas por el Estado, la oleada de leyes promulgadas sin el estudio previo de impacto social, las luchas internas  en las altas corporaciones por la preeminencia del poder, y lo más  lamentable, el  permitir y cohonestar que en un Estado Social de Derecho, como el que nos rige, durante  8 años  y por decisión del gobernante de turno, el país no contara con un ministerio de justicia, como ente oficial  de regulación de las políticas estatales, en materia de criminalidad, penitenciaria, violencia  intrafamiliar, el menor delincuente, salud mental, causas del delito, tratamiento a la delincuencia,  modificaciones normativas  y procedimentales.

Se debe librar  una campaña  desde las mismas aulas universitarias, para enaltecer la profesión y un llamado a la jurisdicción para que se respete el ejercicio profesional y se le valore por la importancia que representa en el debate procesal, buscando mecanismos para que el proceso  no se haga interminable y cesen  las actitudes llenas de soberbia y dogmatismo judicial frente al abogado litigante y usuarios de la justicia.

Y como nada es para siempre, la misma vida  les recordará que el paso por la  actividad jurisdiccional es pasajero y seguramente algún día  volverán al ejercicio profesional y desearán que se les trate con decencia, valorando  la importancia y dignidad  del encargo profesional.

Que interesante sería que  en el debate de la justicia, se estudie  la idea que  se planteó en el  pretérito, consistente en exigir como requisito constitucional, el previo ejercicio  profesional, para acceder a la judicatura, como prenda de garantía y seguridad jurídica de todos los asociados. Esa experiencia profesional le daría una visión amplia al futuro funcionario judicial, en  sus decisiones, que  deben revestir los criterios de equidad, razonabilidad, proporcionalidad y justicia social.

Adenda: Preceptúa el artículo 239 de la Constitución Nacional, que los magistrados de la Corte constitucional, serán elegidos por  el Senado de la República, para periodos individuales de 8 años, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, y deberán acreditar diversas especialidades del derecho.
Como quiera  que el Senado  de la República  debe   elegir hoy el  reemplazo del  ex magistrado Juan Carlos Henao Pérez,  jurista de tendencia liberal  y de corte social, es de esperarse  que  dicha corporación esté a la altura  del momento  por el que atraviesa el país, evitando la infiltración partidista, en algo tan serio y respetable, como lo es la justicia, la cual  debe  desenvolverse dentro de una indiscutible imparcialidad sin alteraciones.  Es indudable que a lo largo de  los  20 años de funcionamiento de la Corte Constitucional, el Estado Social de Derecho  se ha robustecido con las decisiones, sentencias e interpretaciones que la corporación ha venido haciendo de los derechos, garantías y obligaciones que debe tener todo ciudadano, como sistema de control de constitucionalidad, sino también con el funcionamiento de toda la estructura política colombiana y su perfeccionamiento, por cuanto esa  jurisdicción constitucional ejerce una función política, entendida como política de estado, ya que se cotejan textos políticos, la constitución de un lado y la ley del otro, expedidas ambos por autoridades políticas, que no son más que el constituyente y el legislador.
Así lo  espera la sociedad, y lo reclama el derecho público interno y sería conveniente recordarles al estilo Borges, “Nadie es patria, todos lo somos•.

BOGOTA, AGOSTO 14 DE 2012 .