7 de marzo de 2021
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Niños en la guerra

14 de agosto de 2012

Lo primero que aterra es que en Colombia hay al menos 18 mil menores que son miembros de las organizaciones armadas ilegales, tanto grupos guerrilleros como bandas paramilitares y criminales, la mayoría reclutados desde los 12 años, y otros 100 mil que indirectamente tienen vínculos con ellas, a través de los “sectores de la economía ilegal directamente controlada por grupos armados ilegales y organizaciones criminales”.

El informe de 120 páginas es el resultado de una investigación realizada durante 4 años por unas 80 personas en todo el territorio colombiano, y en él se revelan características del reclutamiento de menores, como el hecho de que todos los reclutados pertenecen al sector más pobre de la sociedad, son de origen rural y de padres campesinos en un 69 por ciento, y que el reclutamiento crece también aceleradamente en las zonas urbanas.

Una de las cifras reveladas por Natalia Springer que más preocupa es que al menos 4 de cada 10 combatientes de las Farc y el Eln son niños, y que gran parte de ellos fueron desplazados por la violencia antes de ingresar a los grupos armados ilegales.

Un poco más de la mitad de los menores reclutados son varones, pero el número de mujeres está creciendo de manera acelerada.

El informe llama la atención sobre la extrema vulnerabilidad de los niños indígenas, que tienen 674 veces más posibilidades que otros niños de verse involucrados o afectados directamente por el conflicto armado.

La investigación corrobora lo que el pasado 1 de agosto denunció la Procuraduría General de la Nación en la Cámara de Representantes, al afirmar que el reclutamiento de menores no sólo se mantiene sino que ha crecido en algunas regiones, como el Cauca, Arauca y Putumayo.

Tanto la Procuraduría como el propio ICBF consideran que el problema debe enfrentarse desde la perspectiva constitucional de protección a los niños, adoptando medidas enérgicas para impedir ese reclutamiento.

Una de las barreras más grandes para combatir el problema, según aseguró la procuradora delegada para la Familia, Ilva Myriam Hoyos, en la Cámara, es que los casos de reclutamiento no se denuncian, “por el miedo que tienen las familias a recibir de una u otra forma algún tipo de retaliación”.

Por supuesto, además de ser reclutados y obligados a combatir, estos menores generalmente son usados como “carne de cañón”, durante sus ataques y para realizar actividades peligrosas como transportar y poner minas antipersonas.

No es fácil luchar contra el reclutamiento de menores, una práctica infame que deslegitima aún más a los grupos guerrilleros porque es la más grave violación al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos.

Ojalá que este informe sirva para pensar en soluciones integrales para sacar a nuestros niños de este conflicto prolongado y sangriento.

El Universal/Editorial