28 de febrero de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

La negación o la ocultación son altamente nocivas, en Colombia han causado estragos.

28 de julio de 2012

german uribeColombia ha sido por excelencia un caldo de cultivo en esta nociva práctica. Los colombianos somos expertos en la negación de las realidades y en desconocer situaciones peligrosas hacia el futuro, como ocurrió con las primeras captaciones ilegales de dineros en la década de los 80 de don Félix Correa; el beneplácito y la aceptación en sociedad de los poderosos  narcotraficantes señores Escobar, Ledher o El Mejicano y el cartel del Valle; los visos de legalidad que se dieron en Antioquia a las famosas ‘Convivir’ y su vertiginosa expansión a otros departamentos con su macabra metamorfosis a los temibles paramilitares.

Estos pocos hechos que se toman como referencia para el análisis, fueron mansa y cobardemente aceptados y acogidos,  de manera explícita e implícita, por las autoridades civiles, eclesiásticas y militares y por una mayoría considerable de ciudadanos que, por pusilanimidad en su momento, guardaron un silencio cómplice permitiendo así que el enano se creciera y fuera incontrolable. Unos, se robaron el ahorro de muchos incautos, los otros, sembraron el terror a través de sus bombas y moto sierras, pero, según algunos, esto era necesario para poder percibir mejores intereses que los que pagaban los Bancos, que nos cambiaran los tugurios por casas y que protegieran a los terratenientes de la guerrilla, sobre todo en el área rural.

El primero que en Colombia prendió las alarmas sobre el peligro que encerraba la infiltración del narcotráfico en la política fue el parlamentario por el Quindío Silvio Ceballos, a finales de la década de los 70. Recuerdo como si fuera ayer que en la oficina de Renàn Barco, un rincón que tenía más de ratonera que de oficina en el descanso entre el primero y segundo piso del Capitolio costado del Senado, el parlamentario Ceballos en presencia de varios Senadores y Representantes se refirió al tema y mencionó concretamente a Carlos Ledher; esta denuncia tenía más contenido de preocupación por los desmanes de Ledher con algunas niñas de la sociedad quindiana que la misma simbiosis entre la política y el narcotráfico.

Estas preocupaciones de Ceballos quedaron ‘patinando’ en la mente de algunos parlamentarios, inclusive en la de Barco López, y concluyeron que si era un peligro latente y que podrían ser desplazados, en un momento dado, por esa clase emergente poderosa económicamente, pero no se tuvo el eco esperado, no obstante habérsele comunicado esta inquietud al presidente Turbay Ayala. Sólo a principios de los 80 por las denuncias de don Guillermo Cano sobre  este contubernio se prendió un poco la mecha y, posteriormente, los debates – escándalos con el ministro Lara Bonilla que terminaron con su vida y, también, con la de don Guillermo, empezando así la guerra tardía pero frontal contra los carteles de la droga con los resultados que todos conocemos.

A finales de la década de los 70 se organiza en el Magdalena Medio un grupo de justicia privada denominado MAS – muerte a secuestradores-, cuyo reclutamiento estuvo a cargo de Henry Pérez. patrocinado y al servicio del ‘cartel de Medellín’ dirigido por Pablo Escobar y Rodríguez Gacha, a fin de combatir el oprobioso delito del secuestro; posteriormente, nace ACDEGAM  en esta misma región, y simultáneamente en Córdoba y Urabà los hermanos Castaño fundan las ACCU, en Antioquia se dan visos de legalidad y se dota de armamento a las ‘Convivir’ para venir después una integración a nivel nacional conocida como AUC – Autodefensas Unidas de Colombia, como medio de defensa contra los grupos guerrilleros y se forman por regiones los bloques de paramilitares.

Casi estoy seguro que Clara López fue la primera persona que denunció ante la Corte Suprema (Junio de 2005) el macabro contubernio de algunos parlamentarios con los grupos paramilitares en la costa norte del país, previendo el peligro que encerraba cuando empezaron los asesinatos selectivos y unos desplazamientos injustificados de humildes propietarios de fincas pequeñas de gran fertilidad. Denuncia que fue desatendida en principio, no obstante haberse tocado el tema en un debate en la Cámara de Representantes en el 2002, por parte de Gustavo Petro, hasta el 2006 que se destapó en forma el proceso de la para política y la Corte comenzó a ordenar las primeras medidas de aseguramiento.

Y esta permanente negación y desconocimiento de lo notorio ha sido un prurito permanente que se arraigo para justificar la ineptitud, la desidia, la negligencia, los desafueros, la extralimitación de funciones, los abusos de autoridad y, sobre todo, con gran cinismo la corrupción y mala fe en una mayoría considerable de personas en las que unos ejercen funciones públicas y otros particulares o privadas, pero que en ambos casos su actitud es perjudicial y nociva.

Esta actitud complaciente se hace extensiva a los medios de comunicación, quienes son protagonistas de primer orden para el conocimiento de la verdad y, como tal, garantes de la equidad, pero en ocasiones desconociéndose los móviles, violan el sagrado deber de informar de manera veraz y oportuna y haciéndose los ‘giles’ ignoran la noticia o la comunican parcialmente o recurren a eufemismos para maquillarla o procuran encubrir al autor o autores de los hechos que, por lo regular, son delictuales y materia de investigación.

La ocultación o el encubrimiento de la verdad es algo que va en contravía de la dignidad del Ser humano lo que afecta su personalidad y la reduce a su mínima expresión, asimismo, ocurre con el calumniador que se escuda para causar el daño en frases de cajón como: por ahí dicen; oí comentar; dijeron en la calle; todos comentan que, y nadie sostiene nada en concreto. O recurren a dejar en el aire la duda y encierran o señalan hechos concretos, pero no individualizan la responsabilidad, sino que hacen referencia general a una entidad, y el daño sigue latente. Flaco favor le hacen a la sociedad con escritos ambiguos y timoratos.

Esta manía es muy propia de algunos connotados columnistas que muchas veces escriben alegremente sin medir sus consecuencias.  El pasado 19 de Julio en la columna de Plinio Apuleyo Mendoza “¿Y ahora qué?” publicada en El Tiempo, en un aparte, dice:” Vivimos, pues, el último capítulo de una guerra invisible, que la mayoría del país desconoce. Los gobiernos combaten, a veces con duros golpes, las acciones armadas de las Farc y el Eln, pero no sus eficientes y socavadas acciones en el campo político y judicial. Hábiles amigos de la guerrilla tienen fuerte influencia en esta última rama del poder público. Han infiltrado, además, sindicatos, universidades y medios de comunicación. Mediante el temprano adoctrinamiento de futuros fiscales y jueces, manejo de falsos testigos y fieles colectivos de abogados, han logrado producir doce mil bajas en el Ejército, pero no por acción armada, sino por acción judicial. Ahora, su gran vitrina es la Marcha Patriótica”.

Señor Mendoza, respetando ante todo su punto de vista, cómo sería de tranquilizante que la opinión pública y las autoridades pudiesen conocer con nombres propios estos señalamientos, ¿Qué personas son los hábiles amigos de la guerrilla que tienen fuerte influencia en el poder judicial? ¿Qué sindicatos, universidades o medios de comunicación han sido infiltrados? ¿A qué fiscales, jueces, falsos testigos y colectivos de Abogados se refiere?

Cómo sería de honroso para mí y de provechoso para Usted que leyera alguno de mis blogs La Pringamoza, hasta hoy, cambia de nombre por La Ortiga, publicado por El Tiempo, Semana y Eje 21.

Manizales, Julio 28 de 2012.