11 de abril de 2021
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Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

¡No más humillación!

19 de julio de 2012

La dignidad con la que el sargento García enfrentó semejante desafío a la institucionalidad del país contrasta con el insensato desparpajo mostrado por algunos líderes indígenas y sus seguidores para reclamar respeto por sus autonomías, al tiempo que violan flagrantemente y pisotean lo poco que queda de la Constitución del 91.

Una Constitución por demás garantista en extremo y en no pocas ocasiones usada para mezquinos intereses, incluidos los que ahora ponen a Cauca, y al país entero, en el camino de dejar de ser.

Es hora de templar el acero. Nada de retroceder, pero sí de enderezar el rumbo. La dramática situación del Cauca, así como la de otras zonas de Colombia, no son nuevas. Son endémicas y demandan, de una vez por todas, una respuesta contundente y ajustada a la propia Constitución.

Lo que está pasando en Toribío, Jambaló y Miranda, por citar sólo algunos puntos del conflicto, exige la unidad nacional. No la que se nos vende a través de acuerdos políticos, sino aquella que comprometa a todos los sectores de la sociedad a encontrar una respuesta integral a la compleja situación que afronta Colombia.

Y esa unidad nacional debería partir del reconocimiento a la invaluable y valiente labor de nuestras Fuerzas Armadas. Son ellas, en cabeza de hombres como el sargento García, las que han evitado que las guerrillas, los narcos, las bandas criminales, todos juntos, conviertan al país en santuario de sus actividades criminales y terroristas.

De cómo se resuelva esta encrucijada en la que nos quieren meter algunos sectores indígenas y campesinos, alentados o presionados por las Farc y sus socios narcos, dependerá en buena parte el futuro de Colombia.

El humillante desalojo de la Fuerza Pública en el cerro Berlín de Toribío es un pésimo precedente para el Estado Social de Derecho y para la institucionalidad del país.

En Cauca no está en juego la autonomía de unos resguardos indígenas, sino la seguridad nacional y la soberanía.

La autonomía relativa que la Constitución del 91 les concedió a las comunidades indígenas no puede estar por encima de la autonomía absoluta que la Carta Política les reconoce al Estado y al Gobierno como su máximo garante.

Poner en tela de juicio ese principio significa equiparar la legitimidad de las Fuerzas Armadas con los grupos armados ilegales, tal como parece está ocurriendo en Cauca, y podría ocurrir en otras partes del territorio.

Las movilizaciones de campesinos en Putumayo que se comenzaron a programar para este fin de semana hacen parte de la misma y conocida fórmula de las Farc: infiltrar las protestas, usar a la población civil y atacar a la Fuerza Pública. No sin antes contar con la ayuda que, tras bambalinas, hacen ciertos sectores políticos proclives a la combinación de todas las formas de lucha.

Somos amigos del diálogo, pero no de los chantajes ni de las claudicaciones.

El Gobierno, en cabeza del Presidente, debe recuperar el liderazgo en el tema de seguridad. Y la sociedad, rodear con su apoyo a nuestras Fuerzas Armadas.

Las lágrimas de indignación del sargento García no pueden servir sólo para acompañar los discursos televisivos, sino, sobre todo, para canalizar este sentimiento de indignación y rechazo y buscarle una salida definitiva al conflicto. Es Colombia la que está en juego.

El Colombiano/Editorial