24 de enero de 2021
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Condenados a 6 años exfuncionarios del DAS por chuzadas

9 de junio de 2012
9 de junio de 2012

El juzgado los halló culpable a los exfuncionarios del delito de prevaricato por acción, al considerar que según los testimonios recolectados a lo largo de este proceso judicial se encontró que Murillo y Rodríguez conocían de primera mano los seguimientos hechos el DAS a los magistrados de la Corte Suprema, así como a los entonces congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro, y el periodista Daniel Coronell.

“Los actos prevaricadores fueron en contra de un funcionario público, es decir de un magistrado que gozaba de fuero constitucional”, precisó el juez de conocimiento.

Y es que según las pruebas recolectadas, entre los que se encuentran testimonios y registros documentales, los dos exfuncionarios participaron en una reunión en la que participaron Martha Leal y José Fernando Tabares, en la cual se realizó el plan de acción para conseguir una información determinada y se designaron labores para conseguir todo lo relacionado con la presunta infiltración del narcotráfico en la Corte Suprema.

En la lectura del fallo que duró más de tres horas, se consideró que desde el DAS se realizó una campaña que buscaba desprestigiar ante la opinión pública a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de sus decisiones fueran cuestionadas y puestas en tela de juicio por el común de las personas.

Los dos exfuncionarios fueron multados además con el pago de 175 salarios mínimos legales vigentes, así como la inhabilidad de 96 meses para ejercer cargos públicos.

En la decisión judicial se ordenó la detención domiciliaria de estas dos personas al considerar que tenían arraigo en la sociedad, y que al haber salido ya del organismo de inteligencia y la inhabilidad con la que fueron cobijados «no podrán continuar con la actividad delictiva contra la administración pública».

Vale recordar que estos funcionarios ya habían sido absueltos de los delitos de concierto para delinquir, abuso de función pública, abuso de autoridad e interceptación ilícita de comunicaciones, “al considerar que no existían pruebas que demostraran su responsabilidad en estos casos”, decisión que fue apelada por la Fiscalía.
Rodríguez y Murillo a la fecha han pagado 328 días y dos años y nueve meses, respectivamente, de casa por cárcel.