15 de enero de 2021
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Fuero militar: se despejan dudas y continúa trámite

12 de mayo de 2012
12 de mayo de 2012

En medio de una discusión pausada y un alto nivel de análisis jurídico, la plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el proyecto gubernamental que adopta una Justicia Penal Militar y un fuero para los integrantes de la fuerza pública, a efecto de juzgar eventuales delitos que en la práctica comentan estos uniformados ya sea como consecuencia de su actuar operacional o cuando se incurra en conductas contrarias a Derecho y que caigan en la órbita de la jurisdicción ordinaria.

La iniciativa contó con el apoyo de 102 representantes y una votación en contra de 5 parlamentarios. Lo cierto es que el tema ha suscitado todo tipo de análisis y posturas, dependiendo del ángulo que adopte quien formula la crítica. En este aspecto, el gobierno ha sido claro.

El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha reiterado que la voluntad del ejecutivo es modernizar una legislación propia para el estamento militar, teniendo en cuenta las garantías que ofrece la Carta Política y el medio en que se desarrollan las tareas propias del área castrense.

Más claridad

Durante el encuentro realizado previamente a la plenaria de la Cámara, el ministro Pinzón aclaró las inquietudes de los parlamentarios de la Comisión Segunda, en tanto que el representante caldense por el partido de la U, Hernán Penagos Giraldo, formuló juiciosas observaciones frente a la propuesta en trámite.

Señaló que en los últimos años se han desconocido las garantías para los militares y que, en muchos casos, jueces que desconocen el devenir de la tarea operacional de los militares en las zonas de conflicto los procesan penalmente para, al final, determinar que no hubo delito, dejando al presunto acusado bajo la sospecha de ser violador de los derechos humanos.

Por eso, Pebagos Giraldo advirtió sobre los peligros que pueden general los pronunciamientos de la Comisión Mixta que se crea en el proyecto, y que tendría como función el conocimiento preliminar de los hechos investigados para determinar si la falta es de conocimiento de un tribunal militar o se la justicia ordinaria. Dijo que se puede presentar el caso en que dicha comisión (conformada por altos oficiales en retiro y juristas de alto calado académico) conceptúe que es del ámbito militar el juzgamiento y, posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura diga lo contrario. “Habrían problemas jurídicos graves y no se resolvería nada”, subrayó el dirigente político.

Del mismo modo, señaló que la figura de la Defensoría Técnica, incluida en la iniciativa, estaría en contravía de la norma constitucional que le otorga esa facultad a la Defensoría del Pueblo. En lo que reiterativo es que el  fuero militar debe formar parte de una jurisdicción especializada como sería la Justicia Penal Militar, igual que acontece con actuaciones frente al Estado por la vía Contencioso-Administrativa. En lo que si fue claro es que el proyecto no busca facilitar o patrocinar la impunidad.

Precisiones

El proyecto tal como lo asumirá nuevamente en los próximos días el Senado de la República, contempla la expedición de una Ley Estatutaria mediante la cual se crearía un Tribunal de Garantías con competencia nacional a fin de proteger los derechos de los uniformados que incurran en faltas investigables del orden penal.

Por ley ordinaria también se crearán juzgados y tribunales penales policiales y se adoptaría un Código Penal Policial, idóneo para este tipo de procesos.

Lo fundamental es que con esta propuesta gubernamental, quedan despejadas las dudas en torno a los delitos que serían de conocimiento exclusivo de la justicia ordinaria, a saber: crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales, actos de terror contra la población civil y reclutamiento o uso de menores.

Salvo los delitos mencionados, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la fuerza pública serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares.

Entre tanto, el senador Jorge Enrique Vélez, del partido de la U y miembro de la comisión primera de esa corporación, insiste en que se discuta wel artículo que sobre fuero militar está incluido en el proyecto de reforma a la justicia.