28 de enero de 2021
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Conducir con licor o droga

25 de mayo de 2012

Cuando hay un caso de muertos o lesionados por culpa de un conductor ebrio o drogado, la amplia cobertura informativa hace que de inmediato se arme un movimiento de opinión que pide sanciones más estrictas y penas más altas.

Y desafortunadamente, los accidentes en Colombia derivados de consumo de alcohol o estupefacientes son muy altos. No hay semana en la que no se presenten casos dramáticos.

Esta semana se supo que la Cámara de Representantes archivó un proyecto de ley que buscaba endurecer las sanciones y ampliar las causales que dan cárcel por conducir alicorado o drogado.

Para acabar de ajustar, no son aislados los malos ejemplos de servidores públicos que son los primeros en violar las leyes de tránsito, pues llegan a considerar que el ejercicio de funciones públicas los habilita para saltarse las normas.

El bochornoso episodio del senador Eduardo Merlano ha despertado, con toda razón, el repudio y la indignación ciudadana. No se pudo determinar si el senador iba ebrio o no, y se ha revelado que la licencia de conducir la consiguió dos días después de los hechos, en otro municipio de la Costa (Corozal).

Pero una cosa es exigir el cumplimiento de la ley en igualdad de condiciones para todos, sin privilegios odiosos como los del senador Merlano, y otra pedir cárcel indiscriminadamente.

Conducir un vehículo o una moto es, por naturaleza, una actividad de riesgo, tanto para el conductor como para los peatones y los otros conductores. Amerita exigir que quien lo haga esté habilitado física y legalmente para hacerlo, y que lo haga en condiciones suficientes de seguridad y buenos reflejos, para evitar los peligros que conlleva la conducción.

Manejar con tragos encima o habiendo consumido estupefacientes o cualquier otra sustancia que efecte los sentidos, implica una temeridad que, según los expertos en derecho penal, puede tornarse en un dolo eventual. Ya no es admisible que alguien considere o sostenga que conducir bebido o drogado no es peligroso ni tiene consecuencias graves.

Pero ahí precisamente es donde el legislador, sea el Congreso o el Gobierno en ejercicio de su potestad reglamentaria, tiene que sustentar muy bien su política criminal frente a estos delitos de peligro.

Es explicable que quien maneja embriagado o drogado y mata o lesiona a otras personas, aparte de la indemnización económica, deba cumplir cárcel. Pero si no hay lesionados ni víctimas mortales, las sanciones pueden ser diversas a la prisión. Y así lo estipula la legislación vigente.

¿Cuál es, entonces, el problema? La poca efectividad de la justicia. La laxitud en la aplicación de la ley. La relajación de los requisitos para obtener licencia de conducir, cuando no la corrupción. Recuérdese que una revista, hace unos años, pudo tramitar y obtener una licencia para un invidente.

Algunos parlamentarios tienen razón en que no pueden aprobar leyes al calor de la indignación popular ante hechos de irresponsables al volante. Otros se equivocan cuando desestiman el alcance del problema de salud pública que implica la accidentalidad derivada del licor y la droga.

Podríamos empezar, por lo tanto y de una buena vez, aplicando de forma rigurosa la ley que ya existe.

Editorial/El Colombiano