27 de febrero de 2021
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Cámara responde a críticas de Human Rights sobre marco legal para la paz.

4 de mayo de 2012
4 de mayo de 2012

Para Miguel Gómez Martínez, único parlamentario que votó en contra, ésta es una gran amenaza para la institucionalidad del país, debido a que si se suspende la acción penal y si se da la posibilidad de escoger a quienes se van a juzgar, se abrirían las puertas de la impunidad y  muchos de los que han cometido crímenes contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario nunca serían castigados.

“Estaríamos cubriendo con una manta de impunidad a muchos criminales que deben pagar por sus hechos, llámense paramilitares, guerrilleros o agentes del estado”, dijo.

El representante Alfonso Prada, considera todo lo contrario. “Lo que estamos haciendo en el marco constitucional para la paz es evitar que haya impunidad en Colombia.

“Impunidad es la que  ha habido hasta hoy, no hay sindicados, no hay procesos. Lo que estamos haciendo es crear un marco para poder perseguir a los cabecillas de la delincuencia, de los grupos guerrilleros en Colombia, poderlos someter y claramente poderlos juzgar y condenar”, explicó.

Según el congresista, con esta medida, se busca que de los cerca 400 mil casos denunciados en la fiscalía, se puedan empezar a investigar priorizando los que han generado gran impacto social, “pero todos tendrán que ser investigados”. En ningún caso los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra quedarán excluidos de las investigaciones asegurando que no quedarán en la impunidad los falsos positivos, manifestó.

Esta misma visión es compartida por el representante Carlos Edward Osorio, quien señaló que la Human Rights está dando una lectura parcializada que no responde a una visión objetiva del marco jurídico propuesto, ya que con el existente se han producido muy pocas condenas pese al reconocimiento de muchos hechos por parte de una gran número de desmovilizados; para él la iniciativa pondrá fin a esta impunidad.

“La justicia transicional es una justicia aceptada internacionalmente, con la que se pretende reconocer una realidad y asegurar la no repetición y eso se logra obteniendo la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, no bajo la falsa premisa de que todo está bien, con una ley de justicia y paz que desde el 2005 no ha producido los resultados esperados”, puntualizó.