27 de febrero de 2021
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Cuestionan jurisdicción especial indígena en casos de abuso sexual infantil

31 de marzo de 2012
31 de marzo de 2012

En este sentido mediante carta, solicitó a la Corte que se aclare si un delito cometido contra los menores indígenas, por miembros de sus propias comunidades, debe ser juzgado bajo los preceptos constitucionales y legales vigentes en Colombia en materia penal, independientemente de la identidad de los agresores.

O si por el contrario, por la identidad de los agresores significa un tratamiento especial y diferencial en lo penal, en detrimento de los derechos de los niños y niñas víctimas.

La solicitud se da luego de conocerse el último caso de una niña indígena Wayuú de 10 años quien dio a luz en Riohacha, mediante cesárea, en hechos que aún están por aclararse, pues en este momento no se sabe con claridad quién es el violador de la niña y papá del recién nacido. Incluso se habla de por lo menos otro caso que aún está por esclarecer.

Según ella, la Jurisdicción Especial Indígena está siendo utilizada para que los verdugos de los niños y niñas indígenas, cuando son de sus propias comunidades, no sean castigados y sus crímenes queden impunes.

Además, la senadora citó el caso de tres niñas paeces de 7, 9 y 14 años que fueron violadas por su papá y fue “condenado” a unos cuantos latigazos.

La Jurisdicción Especial Indígena está siendo utilizada para que los verdugos de los niños y niñas indígenas, cuando son de sus propias comunidades, no sean castigados y sus crímenes queden impunes.
Una niña Wayuú de 10 años dio a luz, obviamente fue violada. No hay capturado. Tres niñas Paeces de 7, 9,14 años fueron violadas por su papá y fue “condenado” a unos cuantos latigazos.
(Bogotá-Colombia, marzo 30 de 2012) Ante los aberrantes casos de abusos y violaciones continuas a los derechos de los niños y niñas indígenas por parte de miembros de sus propias comunidades o de otras personas, la Senadora y defensora de los niños, Gilma Jiménez, le solicitó a la Corte Constitucional, que se pronuncie para que de manera clara le informe a todo el país, si los derechos de los menores indígenas son los mismos derechos de los demás niños colombianos.

En este sentido solicitó a la Corte que se aclare si un delito cometido contra los menores indígenas, por miembros de sus propias comunidades, debe ser juzgado bajo los preceptos constitucionales y legales vigentes en Colombia en materia penal, independientemente de la identidad de los agresores.

O si por el contrario, por la identidad de los agresores significa un tratamiento especial y diferencial en lo penal, en detrimento de los derechos de los niños y niñas víctimas.

La solicitud de la Senadora Jiménez, se da luego de conocerse el último caso de una niña indígena Wayuú de 10 años quien dio a luz en Riohacha, mediante cesárea, en hechos que aún están por esclarecerse, pues en este momento no se sabe con claridad quién es el violador de la niña y papá del recién nacido. Incluso se habla de por lo menos otro caso que aún está por establecerse.

La defensora de los niños recordó que agosto pasado, un grupo de mujeres paeces de Caldono (norte del Cauca) realizaron una marcha contra la justicia indígena al “condenar” a 5 años de trabajo comunitario a un presunto violador de sus propias hijas de 7, 9 y 14 años y de dos cuñadas hoy mujeres mayores de edad, quienes además han denunciado amenazas contra sus vidas.

«No puede ser que una jurisdicción especial sirva de excusa para que los verdugos de nuestros niños y niñas indígenas, sea utilizada como excusa para que las autoridades no actúen o se les impida actuar con contundencia para el restablecimiento de los derechos vulnerados y para que los presuntos delincuentes sean detenidos, imputados y juzgados por la justicia ordinaria.

Es poco menos que una aberración social y un irrespeto con los niños y las niñas, tolerar, guardar silencio y aceptar que latigazos y servicio comunitario sea el castigo para un adulto que de manera infame les violente su vida de forma grave”, cuestionó la Senadora.

Finalmente Gilma Jiménez dijo que esta situación de los niños y niñas indígenas se suma a la ya grave situación de la infancia en Colombia en donde las penas para castigar delitos atroces contra los menores son vergonzosamente bajas y que por lo general mediante argucias jurídicas se busca que delitos graves queden en la impunidad.