26 de febrero de 2021
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La salud en debate: cualquier reforma al modelo actual es insuficiente

19 de septiembre de 2011
19 de septiembre de 2011

De igual forma, es indispensable que el nuevo modelo garantice las mejores condiciones de acceso, calidad, calidez e integralidad a las personas, que cuando por sus condiciones de salud, llegasen a enfermar.

Sin embargo, es evidente que los últimos gobiernos se empeñan en mantener un modelo excluyente, inequitativo e ineficiente, como el de aseguramiento, cuya función principal se ha enmarcado en garantizar utilidades a los agentes intermediarios que comercializan con la salud y la vida de nuestros compatriotas. Esta situación es tan evidente, que obligó al propio presidente Juan Manuel Santos, anunciar una serie de medidas, que aparentemente producirán una reforma estructural al sistema bajo una premisa “la salud no es un negocio es un derecho”.

Teniendo en cuenta los anteriores elementos, el pasado 13 de Septiembre, citamos al Ministro de Protección Social, doctor Mauricio Santamaría a un debate de control político, para que se evidencie la estrategia a seguir para cumplir dichos propósitos.

En el desarrollo del debate mostramos la inoperancia de las medidas adoptadas, que buscaban solucionar en parte la grave situación del SGSSS.

El continuo incumplimiento a las metas trazadas de universalidad y equidad, que se han venido postergando, pesé a los reclamos de la sociedad y a los mandatos jurisprudenciales de la honorable Corte Constitucional. De igual forma, dejamos constancia que con los actuales recursos que maneja el sistema se lograría la cobertura universal y la equidad en los planes de beneficios si se elimina el lucro y los agentes intermediarios, que constriñen a los profesionales de la salud con el objetivo de aumentar sus tasas de ganancia. Asimismo, se mostró como muchos indicadores de salud pública, han retrocedido a partir de la incursión de las EPS en 1994, puesto que las actividades de promoción y prevención no se realizan con un impacto verdaderamente efectivo.

Por otra parte, expusimos algunas conclusiones del estudio desarrollado por la Federación Médica Colombiana, con relación al impacto que sobre el control al precio de los medicamentos ha tenido la expedición de la Resolución 3470, la cual establece unos precios 170% superiores a los precios internacionales de los principios activos referidos en la norma;
evidenciamos que la deuda con la red pública hospitalaria asciende a más de 5.9 millones de pesos, según información suministrada por la Asociación de Empresas Sociales del Estado – ACESI, y además,  reflexionamos acerca de las razones por las cuales las medidas tomadas por las superintendencias de industria y comercio y de salud, dejan al descubierto que la intermediación de las EPS no garantiza el derecho a la salud, puesto que su interés responde a sus lógicas mercantiles.

Los anteriores señalamientos, buscaron ser absueltos por el responsable de la cartera de protección social, quien aceptó que los recursos con los que cuenta el SGSSS alcanzan para brindar cobertura universal con equidad en los planes de beneficio y que la transformación de recursos de oferta a demanda han causado un grave impacto en la situación financiera de la red pública hospitalaria, siendo ello un factor determinante en el deficiente desempeño de ésta.

El Ministro anunció el giro de 1.5 billones de pesos para saldar deudas acumuladas, de los cuales según él, se girará de manera directa a la red pública entre 800 mil y 1 billón, 164 mil millones a través de los departamentos para saldar la deuda no pos, 120 mil millones crédito de CAPRECOM, 234 mil millones de saldos del régimen subsidiado administrado por las Cajas de compensación familiar, 190 mil millones de actualización de base de datos y del FONSAET entre 40 mil y 50 mil millones. A nuestro juicio tales recursos aún son insuficientes, aunque  alivianan en algo la dramática situación de los hospitales. De igual manera, el ministerio manifiesta que se establecerá una mesa de concertación entre ACESI y la Asociación Colombiana de hospitales y Clínicas – ACHC, con el acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría, para concertar en una sola cifra la deuda de la red hospitalaria.

Frente al tema de universalidad y equidad, el Doctor Santamaría, dice que la Ley 1438 estableció el cronograma a seguir para lograr la unificación de los planes de beneficios antes del 2012, para lo cual se comprometió que para Octubre 1 del presente año, se iniciará con la incorporación de la población mayor de 60 años y a finales de este año se incorporará gradualmente con la población entre 18 y 35 años, dejando solo para el próximo año a la población entre 35 y 60 años. Confiamos en la palabra del señor Ministro y esperamos que dicho proceso su cumpla y no que nuevamente se postergue una decisión que es indispensable para garantizar el derecho a la salud de la población más pobre de Colombia.

Con relación al POS, el señor Ministro mantiene su posición de modificar el POS por un listado de enfermedades que busquen impactar en el estado de salud de la población, sin embargo, enfermedades como las huérfanas, no serán garantizadas por este nuevo POS, es decir, tendrán que ser cubiertas directamente por el presupuesto Nacional, desvirtúando la concepción del modelo de aseguramiento en cabeza de las EPS, y de paso, constituyéndose en una fuente adicional de subsidio del Estado a los beneficios extraordinarios de tales aseguradoras.

El desarrollo del debate también permitió que el ministerio aceptara su equivocación al no establecer lineamientos claros y efectivos que permitan controlar la integración vertical entre EPS e IPS.

Finalmente y pese a los compromisos asumidos por el Ministro Mauricio Santamaría, el gobierno insiste en el modelo de aseguramiento, supuestamente con mayores controles que a su decir, permitirán que las pocas EPS que queden funcionen mejor. De acuerdo a nuestra experiencia, tememos que ello contribuirá a fortalecer aún más el poder oligopólico que ya tienen las grandes empresas de la salud, cuyos actos de colusión han profundizado las dificultades de acceso, han deprimido las condiciones del servicio, y en ultimas han atentado contra la salud de sus afiliados, es decir, contra el derecho a la vida digna del pueblo Colombiano.