13 de abril de 2021
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Una reconsideración urgente

11 de agosto de 2011
11 de agosto de 2011

eduardo lozano

Por Eduardo Lozano M.

Los colombianos de bien vemos cada día con alto grado de estupefacción el acontecer de los estrados judiciales, especialmente en lo relacionado con la cantidad de funcionarios y entidades estatales que diariamente hacen noticia por desfalcos, robos, peculados, fraudes y todo tipo de delitos que en un país decente no tiene por qué ocurrir.

Cabe la pregunta: En qué país vivimos? A quién se le debe esta herencia que convirtió a nuestra patria en una “Cueva de Rolando”, donde el ansia de poder económico supera todas las barreras, especialmente en el sector público?

Lo que a diario vemos es el fiel reflejo de la corrupción que está carcomiendo las instituciones, haciendo multimillonarios a funcionarios y ex funcionarios del Estado, mientras que quienes contribuimos con el fisco a través del pago de impuestos, vemos a cada momento el producto del destape de las “ollas podridas” que se han engendrado en cada organismo oficial.

Lo que antes sumaba millones en pérdidas ahora suma BILLONES, tras los nuevos casos de corrupción descubiertos en la Dirección de impuestos Nacionales (DIAN), el área de pensionados del Seguro Social, el sistema de salud EPS, el Agro Ingreso Seguro (AIS) patrocinado por el Ministerio de Agricultura del gobierno anterior y tantos otros que no alcanzaría este espacio para ennumerarlos.

No tengo la menor duda que esto es simplemente el comienzo del “descuaderne” total de la Nación que nuestros antepasados soñaron como un país modelo ante el concierto americano. O como algunos colegas han señalado, “la punta del iceberg” del monumento más grande al delito.

Hoy  pienso si sería esta la “hecatombe que se aproxima” pronosticada por el ex presidente Alvaro Uribe Vélez en los estertores de su administración.

Sea lo que sea, será necesario un reajuste a las normas que por ciertos delitos lleven tras las rejas a los deshonestos, porque con algunos beneficios que reducen los tiempos de pena intramural, las cosas para los responsables se vuelven muy manejables y serán tomadas como burla para la justicia y para el país en general.

Hago esta referencia tras conocer lo ocurrido en el caso de la DIAN, donde una red encabezada, según los jueces, por una funcionaria de nombre Blanca Jazmín Becerra, varios de sus familiares, empleados y ex empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, hizo propios más de Un Billón de pesos a través de falsas devoluciones de tributos.

Inicialmente esta persona negó toda participación y rechazó los cargos que se le imputaban a través del Juez que conoce del caso.

Días después mediante la asesoría del abogado  William Fernando Cárdenas, aceptó ante el Juez 14 que conoce del caso, los cargos que la vinculan con los delitos de concierto para delinquir, cohecho, peculado, lavado de activos, fraude procesal, exportación ficticia y enriquecimiento ilícito.

Este cambio de actitud resulta el mejor negocio, porque le exime de pagar las millonarias multas que ya estaban propuestas por la comisión de los delitos. Como si esto fuera poco la funcionaria se acogerá a los beneficios que se le otorgarán por buen comportamiento, trabajo en las cárceles, estudio, etc, que le reducirán la pena hasta en un 50 por ciento de lo impuesto por las autoridades judiciales.

Esto quiere decir que si la condena es de 12 años (144 meses), en el peor de los casos podría reducirse hasta en un 50 por ciento, según apreciación de algunos juristas consultados. Si así fuere, puede al cabo de 6 años por lo que la justicia denomina como “pena cumplida”,  salir a disfrutar de su libertad y frutos económicos que le haya podido dejar el negocio que hoy la tiene en dificultades.

Pienso que para este tipo de delitos se deben reconsiderar los beneficios como presos de una cárcel, porque una persona que ingrese al penal a la edad de 35 años y purga solamente la mitad, fácilmente queda libre a 42 o 43 años, para seguir en lo mismo, idear nuevos mecanismos para actuar al margen de la ley para su provecho o disfrutar de las “ganancias”.

Una reconsideración de beneficios sin exclusiones por posición política o social de quienes se acogen a la norma, porque los delitos de acuerdo con la ley tampoco la tienen.

Para los casos de robo al fisco o acciones fraudulentas contra los bienes del estado y el erario público, no deben existir tales prerrogativas.