22 de abril de 2021
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La objeción de conciencia garantiza la convivencia social», dijo el procurador

24 de agosto de 2011
24 de agosto de 2011

Así lo expresó el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, durante su intervención esta mañana en la Comisión Primera de la Cámara, donde se discute el Proyecto de Ley Estatutaria que regula la objeción de conciencia.

En su concepto, mientras que la jurisprudencia constitucional ha sido progresiva en materia de reconocimiento de la objeción de conciencia en temas como cumplimiento de deberes cívicos, el servicio militar, la asistencia a clases de religión, en servicios médicos como las transfusiones de sangre, prestar juramento, entre otras; ha sido restrictiva en temas como la defensa de la vida desde el momento de la concepción.

Mencionó que en vía jurisprudencial se han reconocido más de 13 casos de objeción de conciencia, curiosamente se ha limitado a los médicos en la práctica del aborto, por lo que es importante que se expida una ley estatutaria “por cuanto la Corte Constitucional en su sala de revisión ha venido dictando de manera permanente unas subreglas constitucionales que limitan la objeción de conciencia”.

Para el procurador general, con este proyecto de ley se está protegiendo a la mayoría de los colombianos que tienen una firme convicción de defensa de la vida integral desde el momento de la concepción y dijo que “al desconocerse la objeción de conciencia se impide a la persona actuar coherentemente”.

“Se está imponiendo una agenda ideológica a partir de la limitación al derecho de la objeción de conciencia, es el riesgo que se está corriendo y cuando se afecta la conciencia se sientan las bases de un estado totalitario”, puntualizó.

El jefe del Ministerio Público aseguró que “la libertad de conciencia surge con el Estado moderno y es uno de los pilares de la modernidad junto con la libertad de pensamiento y la libertad religiosa, por lo cual, es necesario crear instrumentos jurídicos que garanticen la armonía en la convivencia ciudadana”.

Indicó que lo mínimo que se pide al estado colombiano “es que sea coherente con los principios consagrados en la Constitución Política” y recordó que la objeción de conciencia está señalada en el artículo 18 de la Constitución Política.

“Si hay algo relevante en nuestro ordenamiento constitucional y en el constitucionalismo contemporáneo, es precisamente la prevalencia de la dignidad de la persona y la protección de  sus derechos y sus libertades, la legitimidad del ordenamiento jurídico tiene relación con el reconocimiento a esa dignidad”, precisó el procurador.

Indicó que “una de las manifestaciones de esa dignidad es la posibilidad de actuar coherentemente con las propias convicciones y creencias. La posibilidad de la coherencia en el comportamiento tiene relación con la protección de las convicciones y la garantía de que no se podrá violentar dicha conciencia”.

Advirtió que las garantías que hacen referencia al reconocimiento de la dignidad estarían afectadas sustancialmente si no se reconoce la objeción de conciencia, “no se puede de manera demagógica decirle al ciudadano que tiene libertad de profesar creencias y de tener convicciones pero impedirle actuar concordantemente con esas convicciones esas creencias”.