11 de abril de 2021
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Orlando Cadavid Correa
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Versión libre o más ‘Consejo comunitario’

25 de junio de 2011

Ante todo llama la atención la facilidad con la que se ha aceptado que el tema es el derecho del Expresidente a defender su gestión y su situación personal. Lo que se ha llamado el traslado del campo jurídico al político.

Es un hecho que falta claridad a nivel de la información pero también a nivel de la institucionalidad sobre qué clase de proceso es el que se tramita cuando llega una acusación a esa Comisión. En principio debería verse ese trámite como el de una jurisdicción especial que sería la jurisdicción política. En efecto la función del enjuiciamiento por el Congreso lleva a calificaciones sobre la actuación política (V.gr. cargos por indignidad) y la sanciones que produce son sanciones políticas (V.gr. pérdida de los derechos políticos).

El proceso que se sigue no es un proceso penal, pero lo que sí es posible es que en el caso de que se acompañe la actuación sancionada de violaciones penales, se dé traslado al juicio que se debe entonces seguir ante la Corte Suprema.

La función de la Comisión a su turno no es la de fallar, ni siquiera la de pronunciarse: su labor es básicamente la de sustanciar lo que considera debe ser la posición de la Cámara de Representantes en su condición de equivalente a la Fiscalía. Lo que sería algo como una etapa de instrucción culminaría en preclusión si no se ve causa o en entrega a la Cámara para que adelante la acusación ante el Senado.

No hay duda que tal como está funcionando – en parte por falta de claridad en su concepción – se presta para que inevitablemente se convierta en la que todo mundo ya conoce como ‘Comisión de Absoluciones’. Al fin y al cabo los comisionados al ser elegidos por las mayorías parlamentarias necesariamente son reflejo del poder que el gobierno tiene dentro de ellas.

Eso justifica todos los análisis que se han hecho respecto a la necesidad de reformar el sistema para juzgar a los que hoy están aforados bajo ese ‘juez natural’.

Pero no por eso deja de ser un trámite jurídico que debe respetarse e imponerse. El cuento del derecho a la defensa para convertir una versión libre en un consejo comunitario o como reivindicación de una política de gobierno es lo más contrario al debido proceso: ni acude el declarante en condición de sindicado, ni el tema sobre el cual declara es a discreción de sus intereses; es el juez el que concreta lo que interesa al proceso –tanto del conocimiento como de la vinculación que pueda tener quien presenta la versión-.

Este tipo de juicios sin lugar a dudas es sui-generis, pero lo peor que puede suceder es que las particularidades se orienten a impedir la correcta aplicación de la justicia. Por eso no se entiende que tenga el privilegio de ser trasmitido en televisión como si fuera el país el escenario donde se juzga y donde se falla.

Lo grave no es el show y lo bochornoso de lo sucedido, sino la falta de rigor en lo que debe ser un estrado de un proceso judicial. Los tres representantes elegidos deberían dejar de pensar y actuar como miembros de un parlamento para asumir la dignidad de miembros de la Administración de Justicia.El Heraldo.