10 de abril de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Un histórico paso adelante en la construcción de la paz

2 de junio de 2011
2 de junio de 2011

Las Naciones Unidas celebran este compromiso político promovido por el presidente Juan Manuel Santos y el Gobierno  colombiano y reconocen el alto valor de las palabras del Presidente cuando declaró que si esta ley iba a convertirse en realidad habría valido la pena ser Mandatario.

Ahora la ley es una realidad. No es una ley perfecta, por las difíciles negociaciones entre intereses y actores diferentes y seguramente algunos aspectos podrían mejorarse para una mejor adhesión a los estándares internacionales y de garantías de la participación para las víctimas. Hay márgenes en fase de implementación para garantizar una adaptación a las necesidades, intereses y derechos de las víctimas.  

En este momento, sin embargo, nos parece importante subrayar su significado profundo para el país: el haber puesto en el centro del debate político nacional el tema de la centralidad de las víctimas y de sus derechos. En particular nos parece oportuno subrayar algunos aspectos significativos de la  nueva ley: la definición amplia de víctima que permite el pleno reconocimiento de todos sus derechos; y el proceso de restitución de tierra a campesinos desplazados y despojados en base al principio de inversión de la carga de la prueba.

Hacemos un reconocimiento especial a los congresistas que han hecho posible este resultado, en particular a los coordinadores de los ponentes en Cámara y Senado que han trabajado con compromiso y dedicación a esta ley en los últimos tres años. El decidido apoyo del  Presidente de la República ha sido fundamental, así como del Vicepresidente, de los Ministros del Interior y Justicia y de Agricultura. Relevamos el rol de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos y de víctimas que incansablemente revisaron y presentaron nuevas propuestas de texto. Fundamental el aporte de las víctimas, que pese a las amenazas levantaron su voz y dejaron claros sus planteamientos.

El Sistema de Naciones Unidas y sus socios de la cooperación internacional han apoyado y acompañado desde 2008 las audiencias congresionales, los foros regionales con las víctimas y ha apoyado constantemente el proceso en dos aspectos fundamentales: primero, resaltando la relevancia de fundamentarse en los parámetros internacionales  de derechos humanos en el marco del conjunto de principios de justicia transicional (derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y garantías de no repetición); y luego, acompañando el esfuerzo del Estado, de la sociedad civil y de las organizaciones de víctimas para lograr una solución basada en el diálogo, el consenso y la participación de todos los actores sociales e institucionales, con énfasis en la participación de las víctimas y de las regiones más afectadas por el conflicto.

Nos comprometemos a apoyar el  proceso de implementación de la Ley para garantizar la centralidad de las víctimas y el pleno reconocimiento de sus derechos. Es esencial prestar atención especial a la protección de líderes/ezas de organizaciones de víctimas, de reclamantes de tierra y a la consulta previa para pueblos indígenas y afrodescendientes.

Aunque celebremos este momento, no podemos olvidar que siguen las amenazas y los asesinatos de líderes y liderezas de victimas que luchan por su tierra y sus derechos.

En este contexto, nos parece muy significativo que en la agenda de la próxima visita del secretario General de Naciones Unidas a Colombia (10-12 de junio), Ban Ki Moon  acompañe el Presidente de la República como testigo en el acto oficial de sanción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, un acto que asume un profundo significado simbólico para el país y el mundo.

Hace algunos años la ONU lanzó su visión de una “agenda para la paz” en el mundo, y propuso un enfoque de construcción de paz multidimensional que incluye las reformas políticas, sociales, económicas y culturales necesarias para enfrentar las causas estructurales de los conflictos. Sin duda los derechos de las víctimas, la restitución de las tierras, así como la propuesta de un nuevo modelo de desarrollo rural incluyente y equitativo son pasos fundamentales en la dirección del cumplimiento de una “agenda para la paz” en Colombia.