13 de abril de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

La política al servicio de la Justicia

5 de junio de 2011

No parecen cosas del líder que convocó a la unidad nacional, sobre la base del respeto por las diferencias, el disenso y la institucionalidad.

Se equivoca el Presidente cuando demanda de los Jueces posiciones políticas o de conveniencia nacional, pues los operadores judiciales deben tener como único derrotero y fin el estricto cumplimiento de la ley, aunque esta no guste o incomode. Bajo ninguna circunstancia se puede exigir a los Jueces que sus providencias se produzcan y ejecuten bajo el amparo de los intereses gubernamentales del momento. La justicia no puede estar al servicio de la política, mientras que la política alcanza su máximo esplendor cuando se coloca al servicio de la justicia.

Las instituciones, al final, son lo que los ciudadanos consideran que son. Cuando el Presidente de la República refuta las posturas jurídicas de las instancias judiciales, pone en duda la capacidad de administrar justicia, la seriedad y la objetividad de Jueces y Magistrados. En el pasado, experiencias como la descrita generaron un terrible choque de trenes que afectó por largo tiempo el normal funcionamiento de un importante segmento del aparato estatal.

Espero sinceramente que el Presidente no vuelva a incurrir en el garrafal error de cuestionar las decisiones judiciales. Los fallos de los jueces se controvierten por medio de los recursos de ley, no a través de los estridentes micrófonos del mundo político. Bien pudo haber manifestado el primer mandatario su inconformidad privadamente, sin necesidad de ventilar el asunto, pues tiene, sin duda, el derecho de opinar, pero lo que sí resulta inaceptable es que exija que los pronunciamientos judiciales se den en un sentido determinado.

Las competencias de los funcionarios públicos están precisadas por la Constitución y la Ley, y son definitivas para mantener el equilibrio y el control entre las distintas ramas del poder. Cuando se desconocen dichos postulados normativos se corre el riesgo de subvertir la estabilidad del Estado. Flaco favor le hace a la democracia la injerencia de una rama del poder público en los asuntos de otra, máxime cuando de administrar justicia se trata, sagrada labor que define el modelo de Estado de una Nación.

Por más prestigio y capital político que tenga, el Presidente deberá tener claro que posiciones como esta pueden minar su credibilidad, al tiempo que implican un ataque directo contra la institucionalidad.

Preocupante el tema de la justicia ideologizada: izquierdas y derechas amoldando el sentido de la Constitución y la Ley desde las particulares visiones de mundo que sus vertientes políticas trazan.

La ñapa I: Se fue al cielo la mujer que nos enseñó la luna más hermosa de todas. Descansa en paz, Esthercita.

La ñapa II: Santos tiene a Chávez trabajando como un relojito. Venezuela dejó de ser el resort de las Farc.

La ñapa III: La única diferencia entre el Partido Verde y los partidos tradicionales es que los segundos son más confiables.

La ñapa IV: La Fiscalía citó como testigo en el caso de AIS al “flamante” Presidente de Fedegán. ¿Qué sabe Lafaurie que nosotros no? El Heraldo.