8 de marzo de 2021
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Los 10 puntos a conciliar de la ley de víctimas

29 de mayo de 2011
29 de mayo de 2011

Temas a unificar, que van desde el mismo título del proyecto de ley 213/10 Senado -107/10 Cámara, la definición de las víctimas, el reconocimiento del conflicto armado, la transformación de Acción Social y la inclusión de beneficios para mujeres e infantes, son algunos de los aspectos que tanto senadores y representantes deberán ponerse de acuerdo. Incluso el número de artículos varió de 183 en Cámara, a 208, incluyendo la vigencia en Senado.

Los conciliadores de senado serán Juan Fernando Cristo y Camilo Sánchez (Partido Liberal), Roy Barreras y Armando Benedetti (Partido de la U), Hernán Andrade y Carlos Ramiro Chávarro (Partido Conservador), Carlos Motoa (Cambio Radical), Jorge Londoño (Partido Verde), Hemel Hurtado (PIN) y Luis Carlos Avellaneda (Polo Democrático).

Oficina de Prensa del Senado presenta el siguiente listado de los temas más importantes que van a conciliación:

1. El título del proyecto. Desde su presentación y trámite hasta el tercer debate, la iniciativa fue conocida como “medidas de atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas de violaciones a los derechos humano e infracciones al derecho internacional humanitario y se dictan otras disposiciones”. Ahora, luego de un arduo debate al respecto, el proyecto de ley se denomina… “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.

2. Conflicto armado interno. El debate político entre el ex presidente Uribe Vélez que sigue negando la existencia de un conflicto interno, algunos de sus voceros en el Partido de la U, y el presidente Santos que sí lo reconoció, mantuvo en dificultades al proyecto. Al final se impuso la tesis del actual mandatario y se reconoció lo evidente desde hace más de 60 años.

3. La definición de víctima. Fue el artículo que más cambios sufrió, incluso hasta el debate final en la plenaria del Senado. En Cámara sería quien sufrió el menoscabo de sus derechos, por causa de las infracciones tipificadas en el llamado derecho internacional humanitario, o las reglas de la guerra. "Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales, por hechos ocurridos a partir de 1991, siempre que este menoscabo sea consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos".

En Senado quedó en claro que sería por causa del conflicto armado interno. "Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno".

En ambas cámaras se incluyó como beneficiarios a los cónyuges, incluso del mismo sexo, a los miembros de la fuerza pública y familiares de los mismos integrantes de los grupos armados ilegales. Quedó en claro que no habrá beneficios para las víctimas de la delincuencia común.

Pero sí incluyó un nuevo parágrafo en plenaria del Senado, y es el que ratifica que el reconocimiento del conflicto no
le da legitimidad alguna a los grupos armados ilegales, menos estatus de beligerancia y resalta la labor ofensiva de la fuerza pública para poder atacar a los alteradores del orden público.

4. Fecha de reconocimiento de las víctimas. El texto en la Cámara mantiene una misma fecha para el reconocimiento de las víctimas, como para la restitución de tierras: el 1 de enero de 1991.
En el Senado se aplicaron varios cambios. Primero, se definió que ese reconocimiento se hará a partir del 1 de enero de 1985. Pero ante el temor de que se pudiese invocar el derecho de igualdad mediante tutela ante la Corte Constitucional por parte de quienes fuesen víctimas con anterioridad, se decidió que para dichas personas habrá medidas de satisfacción, pero no económicas. La tercera fecha será la de restitución de tierras, a partir del 1 de enero de 1991.

5. Entidad a cargo. Otro de los temas que tuvieron desarrollo y cambios en plenaria del Senado. El texto de la Cámara encargó de todo el trabajo a Acción Social, como entidad adscrita a Presidencia de la República. En Senado, se ordenó la transformación de Acción Social, en el Departamento Administrativo para la Inclusión y la Reparación, con autonomía y presupuesto propio. Además, dentro de ese departamento se ordenó la creación de una Unidad Administrativa Especial, que se encargará de todo el trabajo de atención a las víctimas. Además, asumirá las funciones de la actual Comisión de Reparación y Reconciliación, una vez finalice su período de transición a finales de 2012.

6. Centro para la memoria histórica. Senado decidió que este centro será el encargado de las medidas de satisfacción. En Cámara el Gobierno había luchado para que no quedase incluido por costos fiscales, pero en Senado, luego de un arduo trabajo de persuasión, se logró el consenso económico. Hay todo un capítulo en el texto a conciliar en esta materia.

7. Sistema de justicia para tierras. El Senado creó una nueva especialidad de justicia para la restitución de tierras. Serán jueces de circuito quienes determinarán en primera y única instancia la restitución de tierras, cuando no haya poseedores de buena fe. Se calcula que de las 6 millones de hectáreas, 4 millones están abandonadas y serían objeto de esta instancia. Para las dos millones de hectáreas restantes, donde sí hay otros poseedores, los mismos jueces instruirán todo el caso y serán sus los tribunales superiores los que decidirán. Habrá una especie de segunda instancia, o casación, ante la Corte Suprema de Justicia.

8. Contrato de transacción. De esta forma se evitan las dobles o más demandas contra el Estado por parte de las víctimas. El modelo indica que las víctimas deben decidir si reciben el monto de la reparación administrativa, calculado inicialmente en $20 millones, o firmar ese contrato y renunciar a demandas posteriores. De esta forma el monto podría ser mayor si cumple con todas las instancias judiciales.

9. Dudas sobre víctimas agredidas por el Estado. Cuando surjan las dudas sobre la calidad o veracidad de las víctimas, que supuestamente fueron agredidas por miembros de la fuerza pública, será el llamado Comité Ejecutivo de la Reparación, encabezado por el Presidente o su delegado, los ministros de Hacienda y del Interior y el director de Planeación, junto al director del Departamento Administrativo, como de la Unidad Administrativa Especial, los que decidan si procede o no el mecanismo de reparación.

10. Palabra daño por menoscabo. Vuelve a cambiar el título y la definición de víctima, porque se cambia la palabra menoscabo por daño, según el Gobierno, menos ambigua y sin otros efectos fiscales a los ya establecidos.