26 de febrero de 2021
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Claridad jurídica para la prima de servicios

25 de mayo de 2011
25 de mayo de 2011

El Tribunal Administrativo del Quindío en varios fallos ha inaplicado la palabra “del orden nacional” del decreto 1042 de 1978 en defensa al derecho a la igualdad, y con este argumento ha obligado a varios organismos territoriales a pagar la prima y la bonificación por servicios prestados. Esta decisión va en contravía de los conceptos entregados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Consejo de Estado y la Auditoría General de la República donde explican que mientras el Decreto 1042 de 1978 esté vigente, sólo se pueden pagar las primas a los empleados del orden nacional, sin hacerlas extensivas a los empleados territoriales.

En 2009, un juez de Armenia determinó que no tenía ningún fundamento jurídico el Issq para proceder al pago de dichas primas, pues el decreto 1042 estaba vigente. La semana pasada, un juez de Circasia expuso lo mismo: “…no puede un juez Constitucional ordenar a un funcionario público inaplicar una ley que en este caso está vigente como es el decreto 1042 de 1978”, (contrario a lo realizado por el Tribunal del Quindío que inaplicó, o sacó del contexto, la frase ‘del orden nacional’).

También dice el juez que “razón tenía la alcaldesa de Circasia en negar el pago de dichas primas extralegales porque no tenía fundamento jurídico para pagarlas, y ésta no es una decisión caprichosa o arbitraria, pues estuvo sustentada en criterios y conceptos jurídicos del Departamento Administrativo de la Función Pública y el Consejo de Estado”. Lo que hay aquí es una absoluta inseguridad jurídica. Un funcionario que pague las primas puede verse implicado en un enredo judicial, pero quien no lo haga, también. Un juez que diga sí a estas primas puede ser judicializado, pero el que diga no, también. Una verdadera confusión jurídica. Se requiere claridad para saber si efectivamente se pueden pagar o no.

El tema fue descubierto por el ex senador Javier Ramírez Mejía, quien lo puso en el tapete con el único propósito de defender la juridicidad colombiana. Esto le ha acarreado críticas mordaces y hasta amenazas. Pero es también Ramírez quien está planteando la solución. “Estoy de acuerdo con el pago de la prima de servicios y las bonificaciones en el marco de la ley, en un escenario jurídico donde no haya dudas, porque lo considero justo para los empleados territoriales ante los bajos salarios que perciben”, ha dicho.

Y ha propuesto elaborar un decreto donde se amplíe ese derecho, como ya se ha hecho con otros factores salariales, a los empleados del orden territorial. Esa decisión sólo la puede tomar el presidente de la República, según el artículo 150 de la Constitución, numeral 19 literales e y f: “Corresponde al gobierno nacional fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, dichas funciones son competencia exclusiva del gobierno nacional…”. Ramírez espera concretar, como ciudadano, una reunión con el presidente Santos para presentarle la propuesta de decreto, discutirla con el equipo jurídico de la Casa de Nariño y terminar, por la única vía posible, un decreto de la Presidencia, el limbo jurídico de las tan mentadas primas y bonificaciones de los empleados públicos territoriales. Con una decisión en tal sentido, se ahorraría tiempo y dinero en los juzgados y tribunales, en la Procuraduría y en el pago de abogados. Y se obraría en justicia con los empleados territoriales.La Crónica.