23 de abril de 2021
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Senado pide al Gobierno extremar medidas contra explotación ilegal de oro

6 de abril de 2011
6 de abril de 2011

Para el senador citante del debate, Hernán Andrade Serrano las denominadas bandas criminales, ‘bacrim’, guerrilla y paramilitares siguen explotando ilegalmente el oro en diferentes zonas del país. “Hay un hilo conductor entre el oro y el financiamiento de los actores armados. Ya hay, incluso, ‘cuotas’ por explotación, extorsión y participación como socios. Ellos mismos son hasta los dueños de las dragas ilegales”, añadió.

En el debate de control político, el senador Andrade Serrano interrogó a los ministros de Minas, Carlos Rodado; Ambiente y Vivienda, Beatriz Uribe, e Interior, Germán Vargas Lleras, sobre la que llamó “farsa de la evasión en regalías del oro” en el país, el establecimiento de una política nacionalista en la materia, o si Colombia seguirá condenado a ver cómo las trasnacionales sean las únicas que exploten y se enriquezcan con el oro colombiano.

Reveló que en la actualidad, el que explota es el mismo que llena el formulario y dice cuánto recogió. “Sin ofender a nadie en este país, el principio de la buena fe en el oro es difícil de aplicar”, declaró.

Al denunciar el problema ambiental que la explotación artesanal e ilegal del oro que sufre el municipio de Condoto, en Chocó, donde hay un cráter en pleno casco urbano, el senador afirmó que el propio Ingeominas aceptó que por el aeropuerto de Tadó salen más kilos de oro que los declarados por los explotadores.

“Hay una evasión monumental y el Ingeominas no tiene la capacitad operativa para controlar toda esas explotaciones. Incluso, el funcionario encargado del control en el Chocó despacha en Medellín, y lo llevan a la región las propias empresas explotadoras, porque así lo conozco”, declaró Andrade.

El legislador reveló que parte del boom minero del que se habla en el país se basa también en las reservas probadas del metal precioso, como en Marmato, Caldas, con 7,5 millones de onzas; 7,7 millones de onzas en Angostura, Antioquia, y 13 millones de onzas de oro en La Colosa, Tolima. “Son 28 millones de onzas de reservas y al año sólo explotamos 1,6 millones. Se viene entonces un futuro rentable, social, ecológico y económico”, añadió.

Reveló además que hay 7.700 pedidos de licencia de exploración y explotación de oro en Colombia, mientras que el Gobierno dice que sólo hay 1700.

Gobierno responde

La ministra de Ambiente y Vivienda, Beatriz Uribe, se defendió indicando que el Gobierno nacional tan sólo tiene a su haber control sobre 50 de esas licencias, y que las demás le corresponden a las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR.

Al respecto, Andrade le dijo que el argumento no es válido ni aceptable, por cuanto el ministerio a su cargo, es el coordinador nacional de la política ambiental en el país y que ella (la ministra) preside las corporaciones regionales.

El ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega afirmó que el Gobierno sí ha tomado medidas en cuanto al control y restricción de sustancias que sirven para la explotación del oro, como el mercurio y el cianuro.

Recalcó que el Gobierno redacta una reforma a varios artículos del reciente Código Minero, con el fin de incorporar taxativamente  la obligación de presentar estudios de geotecnia y de seguridad industrial y minera.

A su turno, el Ministro del interior, Germán Vargas Lleras, reiteró la preocupación del Gobierno frente al accionar de los grupos delincuenciales que actúan detrás de la minería ilegal y señaló que se adelantan acciones con la fuerza pública para enfrentarlas y no permitir su injerencia en los próximos comicios electorales.  “A los partidos políticos les hemos entregado unas advertencias de los Municipios que le preocupan al gobierno por los factores de riesgo que ellos representan”, dijo.

Así mismo pidió a la Unidad de Análisis Informático y Financiero (UIAF) para que adopte medidas sobre el lavado de activos que se estaría presentando a través de la minería ilegal, con el establecimiento de una comisión especial.

Los voceros hablan

Para el senador Antonio Guerra de la Espriella (Cambio Radical), el Estado debe reparar a las víctimas de la explotación legal e ilegal de oro que se ha presentado a lo largo de muchos años en el sur del departamento de Sucre, así como el deterioro del medio ambiente en las regiones de La Mojana y San Jorge,  y la afectación en la salud de la población infantil, especialmente.

La senadora Daira Galvis (Cambio Radical) denunció la situación a la que se ven sometidos los alcaldes de los municipios no productores de oro, quienes deben enfrentar el chantaje de los comerciantes del preciado metal, quienes les exigen el 50 por ciento de las regalías por denunciarlo como explotado en esa región, cuando en realidad lo ha sido en otra. “Aquí se presentan varios delitos como el blanqueo de dinero. Aquí falta más acción del Estado para combatir y regular esta actividad ilícita”, dijo. En igual sentido se pronunció el senador Antonio Correa (PIN) quien no vaciló en llamar "mafias" a quienes hacen dichos cobros y chantajes.

El senador Juan Mario Laserna (Partido Conservador), anunció que frente a su propuesta de subir las regalías que produce la explotación del oro, las regiones le han manifestado su interés, pero que se haga en forma escalonada, “con el fin de combatir una revaluación del peso y que el país conserve su competitividad y conserve su empleo”.

Sin embargo, dijo que si se suben las regalías de forma total se corre el riesgo de aumentar la evasión porque es muy difícil saber cuál es la fórmula para tener unas regalías adecuadas para los municipios.

Entre tanto, el senador Cesar Tulio Delgado (Partido Conservador) hizo un llamado al Gobierno para evitar que la explotación ilegal de coltán, que se está presentando actualmente en el oriente del país, atice una nueva ola de violencia con amenazas, desplazamiento y asesinatos colectivos. Dijo que actualmente los campesinos e indígenas de esta región del país venden una tonelada de este metal, con un 30 por ciento de pureza, en 35 mil dólares, lo que ha llevado a una explotación masiva e incontrolada.

Pidió controlar la información privilegiada del Ministerio de Minas sobre futuras explotaciones, con el fin de evitar compras de grandes extensiones de tierras que generen desplazamiento y amenazas a sus nativos.

“La explotación a cielo abierto de la mina La Colosa, ubicada en el municipio de Cajamarca, Tolima, sería un desastre y un atentando contra los 180 mil habitantes de localidades como El Espinal, Guamo y parte de Ibagué”, dijo el senador Guillermo Santos Marín (Partido Liberal) al expresar su oposición y rechazo a esa iniciativa.

Dijo que la explotación de esa mina, donde según informes del Gobierno habría 13 millones de onzas de oro,  pone en peligro el proyecto de irrigación más grande del Tolima y Colombia, a la vez que el impacto ambiental producido afectaría los acueductos urbanos y rurales de un gran número de poblaciones cercanas a la proyectada explotación.