12 de abril de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Una justicia que cojea y no llega.

6 de marzo de 2011

Pero es cuento es el siguiente: desde siempre han existido unos “baquianos” encargados de rastrear las “guacas” y producir un verdadero saqueo de tesoros indígenas que por lo general van a parar a museos privados y muchas otras piezas, al extranjero. De esa actividad de “guaquería” no quedan sino los huecos y cero información para el campo científico. Los profesionales de la Arqueología, usualmente llegan siempre tarde, es decir, cuando los guaqueros han hecho su trabajo, o dicho de otra manera, su “saqueo”.
Esto ha ocurrido con frecuencia en sitios importantes desde el punto de vista arqueológico como San Agustín, en donde quedan muchísimas estatuas precolombinas, pero otras muchas se encuentra, por ejemplo, en Alemania.
Digamos que con la justicia colombiana ocurre lo mismo en tanto que va siempre a la zaga de los acontecimientos. No es un secreto que desde hace varios años, son los medios de comunicación los encargados de destapar las ollas podridas en donde se han cocinado grandes fraudes al Estado, se han cometido enormes abusos de poder desde entidades como el DAS y para hablar de la parroquia, por ejemplo, de las licitaciones que se han venido dando en Aguas y Aguas. Este tipo de contrataciones se han venido cuestionando desde las páginas de La Tarde, sin que hasta el momento se haya producido ningún tipo de pronunciamiento por parte de los entes de control que existen en la ciudad.
Estamos llegando a la misma situación que se presenta con la guaquería: los entes de control llegan después, llegan tarde o no se dan por enterados de todas las irregularidades que se presentan en la administración pública, por ejemplo. Escándalo tras escándalo, las denuncias van y vienen, los expedientes se van archivando y luego comenzamos a ver cómo se van venciendo los términos y los corruptos siguen tan campantes.
Endurecer las penas para los delitos contra la administración pública, es algo que no se puede aplazar, porque no hay derecho que cuando haya peculado o digámoslo en términos más claros, robo al erario público, la pena no puede ser sólo el suspenderlo o inhabilitarlo por algunos años, sino obligar al culpable a pagar en dinero contante y sonante o con cárcel el monto total del dinero desaparecido.
Esperemos pues que la justicia salga de su estado de convalecencia en que se encuentra desde hace algunos años y así sea coja, pero que camine y que llegue, porque la idea es que no está coja sino tullida.