11 de abril de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

El ejemplo del Contralor

14 de marzo de 2011

Es cierto, los responsables del control que, además de fijar parámetros de conducta a sus vigilados, deben al mismo tiempo ser ejemplo en la práctica decente del servicio público y en el acatamiento de las normas sobre las que soportan su ejercicio constitucional y legal de controlar a otros. En este sentido, hemos denunciado las irregularidades del ejercicio del control fiscal en Antioquia, reiterando que, al igual que en Bogotá, merece amplios interrogantes sobre su imparcialidad, transparencia y autoridad moral.

En el caso de Antioquia, por iniciativa del Contralor, se crea la Fundación para el Buen Gobierno o para el Bienestar Global -FBG-, con un amplísimo objeto para contratar de todo como en botica, con la misma Contraloría, sus vigilados y un sinnúmero de entidades territoriales por todo el país, obviando el elemento esencial de la contratación pública: la licitación. Muy grave además, que la Asamblea General de la FBG, como señalan sus estatutos en el artículo 10, sea presidida por el funcionario sobre quien recae el ejercicio del control fiscal, es decir, el Gobernador de Antioquia o quien éste designe.

Además de lo anterior y refiriéndonos a los bochornosos casos de delitos contra el patrimonio estatal, no podrían ser más lamentables y vergonzosos, los graves hallazgos que contiene el informe final de la Auditoría Especial, realizada por la Auditoría General de la República a la Contraloría General de Antioquia, enero de 2011: “…evidenciándose una serie de actuaciones encaminadas a viabilizar la adjudicación del contrato 134/09, en contra de los principios de transparencia y selección objetiva”.

Dice la Auditoría sobre este contrato 134/09, por valor de $1.078 millones, adicionado en $539 millones que, paradójicamente, tiene como objeto: “implementar una solución tecnológica que permita optimizar, las actuaciones propias del control fiscal…”, que además de posible el interés ilícito y abuso o desviación de poder; se obvió la obligación legal de adelantar una licitación pública; se organizó un proceso de selección para dar visos de legalidad a la contratación de una empresa con cuarenta días de creada; se vulneró el principio de la selección objetiva y se ajustaron los pliegos a las necesidades de un oferente.

Estos gravísimos hechos que configuran un presunto hallazgo penal sobre quien ejerce el control fiscal en Antioquia, se pusieron en conocimiento de las autoridades penales con el fin de que se establezca la posible existencia de un delito.

Unimos a todo lo anterior, los reparos de la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico: “La Contraloría en Antioquia no ha tenido la suficiente diligencia para investigar las denuncias de irregularidades en el sistema de contratación”. ¿Quién garantiza entonces, que las cuentas auditadas al Gobierno de Antioquia, municipios y demás entidades vigiladas, incluyendo los contratos de la FBG, no tienen sesgo, presión indebida, permisividad o favorecimiento de parte de un Contralor que no tiene autoridad moral para fiscalizarlos?

Retomando el editorial de El Colombiano: “…aunque también muchos de los que deberían dar ejemplo de rectitud y dignidad, a veces nos hagan ir perdiendo la esperanza”.