29 de marzo de 2024

Un año repleto de problemas

23 de enero de 2011

Según el DANE el PIB creció (4,1por ciento) por debajo de las proyecciones. Se mantiene la desigualdad social y económica, con un 45,5 por ciento de la población en línea de pobreza y un 16,4 por ciento en la indigencia.

¿Qué le espera al pueblo?

El precio de los alimentos está aumentando en todo el mundo. De acuerdo con las Naciones Unidas el índice de precios de productos básicos agrícolas, “alcanzó un pico histórico en diciembre de 2010”. Hay que tener en cuenta los problemas en Brasil y Argentina, las inundaciones en Pakistán y en Australia y la intensidad del fenómeno climático de La Niña, que produjeron el rápido aumento en el precio de los alimentos.

En Colombia la situación es particularmente grave, por las inundaciones de miles de hectáreas de tierra cultivada, por los daños en los hatos ganaderos y por el colapso  de la red de transporte nacional. Como consecuencia llegará la carestía de alimentos y el Gobierno se debe preparar para semejante problema.

Lo más triste es que el sector agrario ha sido el más olvidado en la historia de nuestro país. En Colombia no hubo reforma agraria, pero desde hace 20 años se inició una contrarreforma para ganarle de mano a las propuestas de las organizaciones campesinas y de los grupos políticos de izquierda. Como consecuencia se concentró la propiedad, expropiaron a los campesinos que producían alimentos y entraron nuevos sectores a la producción agrícola, para extraer biocombustible.

El balance es preocupante porque tenemos cuatro millones de desplazados y las políticas públicas y los subsidios no están orientados a reparar a las víctimas, sino a fortalecer el latifundio tradicional y las haciendas de nueva orientación productiva. ¡Ahora debemos esperar el plan de choque del Gobierno, para devolver la tierra a los desplazados!

El nuevo salario mínimo

El salario mínimo intenta proteger al trabajo de las fuerzas del mercado, pero para este año la negociación vivió condiciones especiales. Por quinto año consecutivo, tras el fracaso de las negociaciones entre el sector privado y los dirigentes sindicales, el Gobierno nacional fijó por decreto el alza del salario mínimo.

Los trabajadores pretendían el seis por ciento y los empresarios no se movían del tres. Ante los hechos el Gobierno lo fijó en 3,4 por ciento; esto significaba que seis millones de colombianos ganarían 532.500 pesos, para un aumento de 583 pesos diarios. Al respecto dijo Tarsicio Mora, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores: “Este es un decreto de pobreza. El Gobierno ha decretado la miseria para los trabajadores”.

Inmediatamente llegaron las alzas: subieron los peajes, el transporte público y el precio de los alimentos. Para rematar se conoció la tasa de inflación del año pasado, que fue de 3,17 por ciento. Le llovieron críticas al pobre salario mínimo y las organizaciones sindicales pidieron un  reajuste.

El presidente Juan Manuel Santos, empresario y economista, quien viene de la ortodoxia liberal, y su vicepresidente, Angelino Garzón, viejo zorro forjado en las luchas sindicales y en la escuela de la izquierda colombiana, entendieron que era necesario reajustar el salario mínimo y lo elevaron al 4 por ciento. El aumento es de 3.090 pesos con relación a lo decretado en el mes de diciembre y sirve para pagar dos pasajes en bus; pero aparece como un mensaje positivo.

Las reacciones llegaron desde varias direcciones. El dirigente Tarsicio Mora pidió considerar un reajuste mayor, pero anotó: “El gobierno nos dio la razón. Incluso ahora que tiene facultades extras debería congelar los productos de la canasta familiar y los servicios públicos y controlar las tarifas del transporte”.

Para los empresarios el reajuste corresponde a una señal política para crear buenas relaciones con los trabajadores. Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, dijo que “es una idea política, no técnica, que no es sostenible ni viable en el tiempo… Se va a incrementar el desempleo y la informalidad”.

En este análisis le acompañó Guillermo Botero, presidente de Fenalco: “La decisión es negativa para la generación de empleo. Es un duro golpe para los empresarios que además del ajuste deberán contribuir con la reconstrucción del país”.

Sin embargo el pobre aumento del salario mínimo es sólo un paliativo, pues el panorama económico hace pensar en la rápida disminución de los ingresos reales de los trabajadores.