15 de abril de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Los verdaderos culpables

19 de diciembre de 2010

Las carreteras principales y demás vías están en peores condiciones que cuando Andrés Uriel Gallego era ministro, y eso es mucho decir. El panorama es desolador, y el dolor de miles de compatriotas retumba bien adentro, como un lamento incesante que clama justicia.

Y es que en este país en donde se roban todo y nada se planifica cualquier cosa puede pasar. Tristemente, los más afectados siempre son los pobres, los desposeídos. Valiente ‘Estado de Derecho’ el que tenemos: las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) fueron elevadas al rango constitucional por la Constitución del 91, que, además de la protección del medio ambiente, les asignó como funciones primordiales la prevención y atención de desastres, a través del análisis y seguimiento de los mismos. La buena fe del espíritu de las CAR se quedó en el papel, porque la verdad –duélale a quien le duela– es que se convirtieron en fortines de las mafias politiqueras, en donde lo único que cuenta es la burocracia y el apetito despreciable de ciertos contratistas. A lo anterior se suma el hecho de que la mayoría de los cargos directivos son ejercidos por personas cuyo único mérito es tener una buena palanca. Llegó la hora de acabar con las CAR pues hacen de todo, menos lo que deberían.

La debacle que afronta Colombia es comparable con las consecuencias de la devastación de una guerra. Semejante estropicio exigirá años de trabajo y esfuerzo fiscal y económico. No podrá el Estado pagar los perjuicios materiales y morales a tanta gente, fruto de la falla en el servicio y la omisión de funcionarios incompetentes. La naturaleza es inclemente en muchos casos, pero, en el nuestro, más terrible que la furia de la Madre Tierra, son la desidia y la corrupción que han ocasionado esta desgracia anunciada.

La Procuraduría General ya inició indagación preliminar disciplinaria a varios directores de las distintas CAR, aunque, en mi criterio, hay además responsabilidad penal, toda vez que habían sido advertidos con antelación (entre otros por el Ideam), con suficiente ilustración e información sobre las copiosas lluvias que caerían en el territorio nacional, y, sin embargo, nada se hizo para evitar lo ocurrido. Los directores de las CAR poseían un conocimiento de la situación antijurídica y, dadas las funciones públicas de las que están atribuidos, tenían en su esfera de dominio la posibilidad de evitar el resultado que, a la postre, acabó con la vida de cientos de ciudadanos. La omisión en el ejercicio de los deberes legales es fuente de responsabilidad penal para los servidores públicos. Los funcionarios de marras tenían una posición de garantes frente a los terceros que han resultado afectados, puesto que la Constitución y la Ley les encomendaron la vigilancia de una fuente de riesgo para la vida humana, como son los desastres naturales.

Motu proprio y con el único interés de defender a los que no tienen voz, implementando además la función social que debe cumplir el ejercicio del Derecho, presenté denuncia penal ante el propio Fiscal General de la Nación contra varios directores de las CAR. Lo que ha acontecido no puede quedar en la impunidad y en ese cometido me emplearé a fondo, cueste lo que cueste. El Heraldo.