16 de enero de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

¿Y los derechos humanos de los trabajadores?

15 de junio de 2010

En este periodo de gobierno, los trabajadores colombianos han tenido que padecer una de las reformas laborales más agresivas, han visto cómo han decaído ostensiblemente sus ingresos, pero además, han carecido de condiciones institucionales y de seguridad para defender sus derechos. El Gobierno no solo ha promovido la precarización del trabajo, sino que desconoce que Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para los sindicalistas.

Las cifras no dan lugar a ambigüedades, los costos del modelo pro-rico de este gobierno los pagan las amplias capas de la población que viven de su trabajo. De acuerdo con Asofondos, Colombia tiene el doble de trabajadores informales que otros países latinoamericanos como Chile, 57.2%, de los ocupados. Así mismo Asofondos demuestra que, el 55% de la población vive con menos un salario mínimo, y un 25% de los colombianos ni siquiera alcanza a recibir medio salario mínimo legal mensual. La informalidad y la pobreza siguen afectando a las mayorías en Colombia, y  precisamente, frente a esta situación, lo mínimo que se debe esperar del Estado es que garantice el ejercicio de las libertades sindicales.

El panorama es aciago y la vulnerabilidad de los trabajadores es dramática puesto que no cuentan con condiciones políticas e institucionales favorables para agremiarse y defender sus derechos. De acuerdo con la Confederación Sindical Internacional (CSI), Colombia es el lugar del mundo en el que la vida de los dirigentes de los trabajadores corre mayor peligro, de tal suerte que el 60% de los asesinatos relacionados con actividades sindicales ocurren en el país.  Adicionalmente, esta institución observa con preocupación que durante el último tiempo “el clima antisindical endémico desde hace años parece haberse asentado aún más firmemente”. Al exterminio físico de los sindicalistas por medio de asesinatos y desapariciones forzadas, se adiciona la impunidad, el silencio y el olvido, sin que se tenga certezas acerca de quiénes son los artífices de estas estrategias de violencia.

Ante el informe de la CSI el Gobierno ha asumido la decisión más fácil, ha tomado el atajo y niega rotundamente la veracidad de las denuncias: “todo hace parte de una estrategia de desprestigio internacional de las organizaciones sociales hacia el Estado colombiano”. Pasa el tiempo y resulta preocupante que los clamores de las organizaciones sociales quieran ser acallados con respuestas agresivas, la cuales eluden la responsabilidad del Estado de juzgar a los responsables de las violaciones de DD.HH. que han cobrado tantas vidas en Colombia. Esta dura realidad se enmarca en una pérdida creciente de trabajadores sindicalizados: a diciembre de 2009 son 53.000 menos que en 2002 y alcanzan apenas un 4,2 % del total de ocupados de acuerdo con la Escuela Nacional Sindical.

Olvida el Gobierno que ante la impunidad y las fuerzas infiltradas en las instituciones, la causa por los derechos humanos en Colombia hace rato dejó de ser un asunto nacional, y que hoy, redes de organizaciones sociales y fuerzas políticas internacionales están atentas al comportamiento de la justicia y de los gobiernos ante las víctimas de la guerra. Es inconcebible pensar en desarrollo, en acuerdos de libre comercio y en general en prosperidad, si la política pública le da la espalda a los derechos de los trabajadores y no reconoce el riesgo económico, social y vital en el que se encuentran. Hoy, la construcción de una política social y económica tiene más vigencia que nunca, es el momento de aunar fuerzas nacionales e internacionales para que la vida vuelva a ser la prioridad  para el Estado.