21 de noviembre de 2019
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Aguas de Manizales. Banner octubre de 2019.

Peor es posible

21 de junio de 2010

Es un gobierno que comenzará bajo sospecha, entre otras razones, por sus posiciones sobre la justicia para los militares. La operación ‘Camaleón’ puso de relieve lo mejor de nuestros militares, de la misma manera que los ‘falsos positivos’ y los desaparecidos del Palacio de Justicia dejaron al descubierto lo peor. Reconocer lo uno y lo otro da una visión realista, alejada de los dos extremos, el del rechazo intolerante o el de la mitificación de una institución y de
unos hombres que tienen aciertos y errores.

Sus errores pueden llegar a ser minimizados con argumentos como el del presidente Uribe ante la condena del coronel Plazas Vega. En una emocional intervención pública lamentó la decisión de la Jueza y la impunidad que la amnistía consagró para el M19, como si se tratara de dos hechos equiparables: los de un militar y los de unos delincuentes. La afirmación presidencial encendió una polémica que ya se había dado antes.

En 2007, el aniversario de la toma del Palacio de Justicia motivó el debate. En una columna publicada el 15 de noviembre aparecieron estas consideraciones sobre el tema:

Si usted descubre que en un robo a su apartamento intervinieron los celadores del edificio, ese hecho será más grave que si los autores hubieran sido ladrones comunes. En uno y en otro caso es un robo, pero el de los celadores tiene el agravante de que no sólo violentaron puertas o ventanas, sino la buena fe que se había depositado en ellos.

El abuso sexual contra un niño es un delito que tiene un agravante si el autor es un familiar, un maestro o un sacerdote; es grave, pero no tanto, si el violador es un pervertido extraño, sin esas connotaciones de cercanía. Son diferencias que el sentido ético, no alterado por la pasión política, percibe sin dificultad y a nadie se le ocurrirá decir que señalar esas diferencias es lo mismo que legitimar el robo o el abuso sexual.

El delito de un magistrado es, por tanto, más grave que el de un juez municipal, y el de un general o coronel, hace más daño que el de un recluta. Son las viejas persuasiones éticas que les han servido a los penalistas para establecer una graduación en las penas por los mismos delitos. Pero cuando intervienen los intereses políticos, el agua de los razonamientos se vuelve turbia.

Que es lo que viene sucediendo alrededor de las investigaciones sobre el Palacio de Justicia cuando se comparan las dos acciones: la de los guerrilleros del M-19 y la del coronel Plazas Vega. Entre un guerrillero que mata civiles inermes y un militar que los desaparece, la diferencia aparece cuando se tiene en cuenta que las armas del militar están legitimadas por una Constitución que se las entrega para que proteja a los ciudadanos que, por esa razón, confían en él. Las del guerrillero no tienen esa legitimidad ni esa confianza. El agregado innegable que tiene la acción del militar no se puede atenuar, ni desconocer so pretexto de la defensa de las instituciones.

Ni este coronel es la institución, ningún militar lo es, ni señalar a militares, o a jueces, o a sacerdotes, o a funcionarios o gobernantes que delinquen es debilitar las instituciones. Por el contrario, tiene mucho de complicidad y de encubrimiento el silencio, el archivo de procesos, la compra o intimidación de autoridades en nombre de las instituciones o del bien de la patria.

Es lo que el electo presidente Santos no entiende, o si lo entiende no le importa. El Heraldo.