28 de enero de 2021
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La farsa de la contratación pública

10 de junio de 2010

Hoy el clientelismo, desdoblado en corrupción, se alimenta y organiza en torno al control de la contratación pública, la nacional pero también la departamental y la municipal. Hoy los nombramientos que interesan son los que garantizan ese control. Corrupción desbordada que prostituye el sentido de la política y de la administración pública y acarrea la deslegitimación de la política y de los gobiernos, de los políticos y de los funcionarios públicos.

Esta situación nace de cambios ocurridos en la operación del Estado y en la forma de ejecutar las políticas públicas. Atrás quedó el estado ejecutor directo con la nómina oficial – y de ahí la importancia que tenían los nombramientos -. Hoy quienes ejecutan son particulares, a través de una contratación pública cuyos vacios normativos le han dejado el terreno libre a la delincuencia de cuello blanco, a los siniestros y antisociales carteles de la contratación, de empresarios hampones asociados con funcionarios venales y con políticos elegidos que traicionan su compromiso de representar y defender los derechos de sus electores.

Tres son los vacios normativos principales que le abren el camino a lo presente. Ante todo, unos pliegos para las licitaciones, llenos de condiciones innecesarias para el propósito de la contratación, que limita de manera inconveniente la oferta de propuestas, necesaria para que por la competencia, el control de unos sobre otros, depure las propuestas; condiciones cuyo único objetivo es orientar la licitación a favor de uno y en detrimento de otros. Pliegos elaborados por empresas que luego serán proponentes en otra licitación, con lo cual se aplica aquello de “hoy por ti, mañana por mí”.

En segundo lugar, convocatorias y pliegos que no son debidamente divulgados para su conocimiento y análisis. Colgados en las páginas de internet, de un momento a otro, en medio de la noche y cuando el tiempo se agota, son modificados, para que solo el “preescogido” los conozca.

En tercer lugar, una es la firma que se gana la licitación y otros son los que ejecutan la obra o prestan el servicio. La subcontratación y el fraccionamiento de los contratos estafan a la sociedad, generan un falso esquema de democratización de la contratación a costa del ciudadano por los sobrecostos de las comisiones, la mala calidad del trabajo y el incumplimiento de los cronogramas. Obras del IDU, como la 26 y las aceras son pruebas contundentes de lo dicho.

El castigo drástico debe recaer no solo en el contratista pícaro y ladrón, sino en el funcionario corrupto y en el elegido que ha hecho de su curul instrumento para su enriquecimiento personal. Cuerpos especiales anticorrupción deben encargarse de las investigaciones y su condena agravada con la pérdida de sus derechos políticos y de futura contratación con el Estado.

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