22 de enero de 2021
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Juez no aceptó preacuerdo entre Luis Guillermo Giraldo y la Fiscalía

22 de junio de 2010
22 de junio de 2010

En su concepto, la juez advirtió que la libertad de la Fiscalía para llegar a un preacuerdo es limitada y que debió tener en cuenta el delito más grave (fraude procesal) y el quantum punitivo del mismo (72 meses de prisión) y no los 54 meses que había pedido en un comienzo.

Igualmente, criticó que no se hayan tenido en cuneta los daños y perjuicios ocasionados a los organismos que fueron víctimas de las presuntas irregularidades cometidas por el comité.

En este sentido, el delegado de la Registraduría Nacional, Isnardo Gómez, señaló que “con la aceptación de los cargos por fraude procesal y falsedad ideológica (de Giraldo Hurtado), al querer obtener un certificado que le permitiera desarrollar el proceso (del referendo) ante el Congreso, entonces se trató de engañar y luego se engaña al Congreso como dice la misma Fiscalía.

El representante del órgano electoral dijo “son daños de institucionalidad porque el estado no puede estar sometido a la voluntad de los particulares que por querer obtener un resultado se falten todas las instituciones y toda la legalidad”.

Coordinador del comité pro referendo reeleccionista pagaría 54 meses de prisión

La Fiscal 69 seccional Claudia Herazo ha pedido a una juez de conocimiento que se avale el acta de preacuerdo hecha con Luis Guillermo Giraldo, consistente en imponer una condena de 54 meses de prisión, que se cumpliría en el lugar de residencia del procesado.

Según la funcionaria, Giraldo Hurtado no constituye peligro para la sociedad, ha acudido voluntariamente a los requerimientos judiciales e igualmente tiene un límite de edad (66 años), que le otorga este beneficio.

El delegado de la Registraduría Isnardo Gómez, en su condición de representante de las víctimas, presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, en caso de que el preacuerdo sea avalado.

Giraldo Hurtado es investigado por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, por las múltiples irregularidades que se habían registrado en la financiación de la iniciativa popular.