26 de enero de 2021
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Confamiliares intenta recuperar $1.650 millones

9 de junio de 2010
9 de junio de 2010

La profesional sostuvo que el funcionario debe cumplir lo ordenado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales en fallo del 28 de mayo.

La preocupación por parte de Confamiliares consiste, como lo explicó la abogada Náufal Correa, en que si el actual Alcalde de Palestina deja el cargo sin reintegrar los dineros embargados a la entidad, se hace más difícil la recuperación de los 1.644 millones 737 mil 701 pesos. De esta cifra, el municipio de Palestina incluyó en su presupuesto 1.097 millones de pesos. El dinero restante fue a parar en manos de los abogados que instauraron la demanda, una parte, y otra en manos de un contador que determinó el valor de los impuestos de espectáculos públicos dejados de pagar por Confamiliares. Los abogados se llevaron cerca de 445 millones de pesos, mientras el contador cobró honorarios por cerca de cien millones de pesos.

La demanda contra Confamiliares fue instaurada por el Municipio de Palestina alegando que los centros recreacionales que funcionan en La Rochela y en Santágueda, en territorio de ese municipio, son un espectáculo público toda vez que el disfrute del paisaje, el atractivo de los toboganes y el encanto de las  piscinas le generan a esta entidad grandes recursos. Basada en el decreto 021 de 1972, que define qué se entiende por espectáculo público, Confamiliares alegó que no tenía por qué cancelar este impuesto. Análida Náufal Correa explicó que “hay ausencia del hecho generador del impuesto” porque en los centros recreacionales de Confamiliares no se presentan espectáculos en vivo. “La gente paga por entrar a un  sitio de recreación, no a un espectáculo, dijo la asesora.

El Municipio de Palestina debió haber esperado la sentencia del Consejo de Estado para poder disponer de ese dinero. El proceso llegó allí en segunda instancia, después de que fue fallado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas. “En un proceso administrativo de cobro coactivo debe esperarse la sentencia ejecutoriada”, sostuvo Análida Náufal Correa. Pero el Alcalde de Palestina dispuso del dinero sin que el Consejo de Estado se hubiera pronunciado  sobre la legalidad del cobro hecho a  Confamiliares.

Para la Juez Cuarta Civil del Circuito de Manizales, el Alcalde de Palestina dispuso del dinero embargado a Confamiliares en forma arbitraria. En el fallo donde ordena al municipio el reintegro total de los recursos señala que la conducta del funcionario debe ser investigada por los organismos de control. “Si el municipio pierde el proceso, ¿quién le cobra al abogado los dineros que recibió?, se preguntó la asesora tributaria de Confamiliares. Sobre todo porque el juzgado en mención ordeno igualmente la suspensión temporal de los actos administrativos que dieron origen a la demanda. Para la juez, la ley es clara en el sentido de que el alcalde no podía disponer de esa plata, ni embargarla, mucho menos gastársela.

La rueda de prensa fue convocada por Confamiliares para aclararle a la opinión pública que el alcalde de Palestina no tiene razón cuando dijo, en rueda de prensa convocada la semana inmediatamente anterior, que el municipio si podía disponer de esos dineros, dando a entender además que el pleito había sido fallado a su favor. Para obligarlo a que reintegrara los recursos gastados, Confamiliares instauró un acción de desacato contra el mandatario de Palestina. Esto en razón a que el funcionario ha dicho en varias ocasiones que se tomaría 18 meses para devolverle los dineros a la entidad.

El problema entre la entidad que administra los recursos del subsidio familiar en Caldas se originó porque el Concejo de Palestina aprobó un acuerdo donde establecía que Confamiliares estaba obligado a pagar el impuesto de espectáculos públicos. El primero embargo se hizo por 8.500 millones de pesos, pero se rebajó a casi 1.650 millones después de que un contador contratado por el Municipio de Palestina estableció que la suma adeudada por Confamiliares ascendía a esa cantidad. La Alcaldía de Palestina intentó un segundo embargo por el mismo valor, pero la entidad afectada instauró una acción de tutela que fue fallada a su favor.

En concepto de la abogada Análida Náufal Correa, asesora tributaria de Confamiliares, el Alcalde de Palestina esta mal asesorado en este caso. Citó la Ley 12 de 1932 y la Ley 185 de 1995 para demostrar que la empresa que ella asesora no está obligada a pagar el impuesto de espectáculo público. “Ese impuesta se le cobra solamente a los circos, a los partidos de fútbol, a los conciertos musicales y demás presentaciones artísticas, no a la recreación”, sostuvo Náufal Correa. “En este caso no hay título ejecutivo de cobro, porque no hay una sentencia en firme”, agregó la abogada.