21 de noviembre de 2019
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La parafiscalidad electoral

10 de mayo de 2010

Sin embargo, cuando de la discusión académica se pasa al agravio y a las posiciones retardatarias de los detractores, me veo en la necesidad de entrar en defensa de los aportes que hacen los empresarios con destino al mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores.

Primero, cuando se tildan los parafiscales de ser los culpables del desempleo y la informalidad empresarial, tengo que volver al mismo cuento de que no existe evidencia alguna para señalar que los aportes empresariales del 4% generan desempleo en Colombia, los que así lo señalan tampoco aportan soluciones ni dan a conocer ¿cuál es el modelo que proponen? por el contrario, pareciera, o eso es lo que se vislumbra, que lo que buscan es promover en el país menos redistribución del ingreso, más concentración de la riqueza y repartir aún más la pobreza en el país, perjudicando las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales, que son los mayores destinatarios del Subsidio Familiar.

También sostienen que los parafiscales son los culpables de las altas cargas laborales y que por lo tanto no hay contratación. Es bueno recordar que en Colombia, desde 1985 hasta 2010, los costos asociados a la nómina con cargo a los empleadores por concepto de salud se han casi que duplicado, pasando del 4.7% al 8.5%; en pensiones se han triplicado, pasando del 4.3% al 12.0%, mientras que los aportes empresariales a las Cajas de Compensación Familiar no se han incrementado desde su establecimiento en 1957. Entonces, desconocemos cuál es la razón por la cual los enemigos de estos aportes omitan estos hechos.

Sobre la propuesta de cambiar la financiación de los recargos laborales al impuesto de renta de las empresas y personas naturales tendría, en el mejor de los casos, resultados neutros, aun en términos de empleo, si se hace con criterios de equidad tributaria. Considerando la valoración que tienen los empresarios sobre los parafiscales o los impuestos, el resultado también sería negativo, tanto para el empleo como para la tributación. Se debe señalar que para los empresarios los impuestos son más costosos que los parafiscales, considerando la valoración que estos tienen sobre los servicios que reciben sus trabajadores vía parafiscales. Sobra señalar que los impuestos son siempre considerados como cargas tributarias.

De otro lado, hay que analizar el efecto que una reducción no compensada de la tasa de los parafiscales pueda tener sobre el empleo. Experiencias de otros países han mostrado que la disminución de impuestos a la nomina o subvenciones a los salarios no genera cambios significativos en la contratación, y en cambio, restringen en igual proporción los servicios que reciben los trabajadores y el bienestar social. En Suecia fueron documentados los resultados ocupacionales de dos episodios de disminución diferenciada a nivel regional en los impuestos a la nómina, el primero en 1984 y el segundo en 2002, y en ninguna de las dos circunstancias se encontró evidencia estadísticamente significativa a favor de un aumento de la ocupación. Un experimento similar de exención regional diferenciada en los impuestos al trabajo se dio en Finlandia en 2003 con hallazgos idénticos al caso sueco en materia de empleo. En América Latina, la experiencia de Chile, que en 1981 redujo sustancialmente las contribuciones a seguridad social, tampoco evidenció efectos importantes sobre los niveles de empleo.

En el documento La Parafiscalidad Laboral en Colombia, realizado por el Observatorio del Mercado de Trabajo de la Universidad Externado de Colombia, contempla que una financiación de los servicios prestados por el ICBF, el Sena y las Cajas de Compensación Familiar, alternativa al actual sistema de contribuciones sobre la nómina, aumentaría el empleo nacional en aproximadamente el 1%. Esto, sin embargo, se daría a costa de un empeoramiento de la ya inicua distribución del ingreso nacional. Adicionalmente, la compensación supone que, al entregarse la responsabilidad del recaudo y administración de los recursos de la parafiscalidad en las manos del Tesoro Público -vía IVA o impuesto a la renta- se mantendría la misma eficiencia y puntualidad de entrega que rige en el actual sistema de pagos directos a las tres instituciones.

Los invito a todos a que pensemos en los más pobres, en esos que ganan menos de dos salarios mínimos que son el 72.8 por ciento de trabajadores y que son precisamente los mayores beneficiarios de los programas de las Cajas de Compensación Familiar; verbigracia, el año pasado estas instituciones entregaron a los trabajadores afiliados, con hijos menores de 18 años, cerca de 48 millones de subsidios en dinero por valor de 899.709 millones de pesos; asignaron un total de 47.791 subsidios para vivienda, por un monto de 460.415 millones de pesos; en los centros de educación de las Cajas se educan 82.260 hijos de trabajadores; y las Cajas han asignado, desde 2003, 378.649 subsidios al desempleo por un monto de $ 225.825.435. Además, de todos los programas que ofrecen las Cajas se benefician a 14.5 millones de trabajadores colombianos con sus familias; y si incluimos los programas de atención integral a la niñez, la tercera edad, los adultos mayores, los desplazados y otros programas adicionales que ofrecen las Cajas a no afiliados, la cobertura de servicios asciende a 22.8 millones de colombianos, es decir, casi el 50 por ciento de la población nacional.

En fin, los críticos de los aportes empresariales aprovechan las tertulias electorales para promover sus ideas sin fundamento, con el análisis simple de que el desempleo, la informalidad, los males generados por la crisis económica, las relaciones con los vecinos, la revaluación del peso, la menor competitividad y productividad; se solucionan con acabar la parafiscalidad.

Por el contrario, el reto debe ser como volver universal el sistema de subsidio Familiar para cobijar a los no incluidos y así propender por un empleo digno y el bienestar de las familias. No repartamos pobreza.Portafoliio.