25 de enero de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

La intervención en política

20 de mayo de 2010
20 de mayo de 2010

La determinación tomada por la Procuraduría General de la República en el caso de este mandatario debe servir como muro de contención para que quienes tienen responsabilidades administrativas en el Estado no sigan interviniendo en política.  El fallo de la Procuraduría debe llevarlos a pensar que actuaciones de esta naturaleza pueden truncar un futuro político. Fue lo que le pasó al Gobernador del Valle por querer ayudar al ex ministro  Andrés Felipe Arias.

La intervención en política ha sido una constante en los funcionarios públicos. Lo que pasa es que muy pocas veces esas actuaciones han sido investigadas. Los colombianos sabemos que todo alcalde se la juega por el candidato que garantice  la continuidad de su movimiento político. Por esta razón pone el presupuesto del municipio al servicio de esa causa. Lo mismo pasa con los gobernadores. Ellos saben que están comprometidos con el líder político que les brindó respaldo electoral para llegar a esa posición. En consecuencia, los resortes de la administración están aceitados de manera que le permita al candidato de su grupo ser elegido. Las cortapisas legales pueden ser burladas.  En Colombia lo que más se viola es la ley. Esto no es un secreto para nadie.

En el caso de Juan Carlos Abadía se debe analizar cómo llegó al primer cargo de ese departamento. Su ascenso al poder no fue fruto de una exitosa carrera política, como podría pensarse. No obstante haberse desempeñado como concejal de Cali y diputado a la Asamblea del Valle, su elección obedeció a componendas grupistas que le garantizaron el triunfo. Su padre, el ex senador Carlos Herney Abadía, condenado en el Proceso 8.000, lo convirtió en heredero de su caudal electoral. El Movimiento Popular Unido, fundado por él, hizo alianza con el grupo del cuestionado senador Juan Carlos Martínez, hoy detenido en La Picota por nexos con los paramilitares. Así aseguró una elevada votación a favor de su hijo. Es decir, no fue elegido porque ofreciera el mejor programa de gobierno

En el departamento del Valle se dice que la elección de Juan Carlos Rizzeto como senador por el cuestionado Partido de Integración Nacional, PIN, obedeció a la manera cómo el gobernador manejó la contratación durante los meses anteriores a las elecciones del  14 de marzo, antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías. Rizzeto era un desconocido contratista del departamento que en una campaña relámpago obtuvo una elevada votación. Toda la administración del Valle estuvo al servicio de su aspiración. Tanto que el mismo Secretario de Educación, Gustavo Navarro, invitó a votar por él en una intervención pública. El compromiso del gobernador Juan Carlos Abadía era sacarlo senador a como diera lugar. La maquinaria oficial estuvo aceitada para ese propósito.

La intervención en política del mandatario del Valle del Cauca fue notoria en casi todas las acciones administrativas. El más reciente escándalo tuvo relación con la adjudicación de espacios informativos en el Canal Regional Telepacífico. Una comisión evaluadora designada a dedo por el gobernador Abadía fue la encargada de determinar qué licitantes tendrían derecho a adjudicación de espacios para noticieros. Lo más grave de todo fue que al Noticiero 90 Minutos, el mejor posicionado en el Valle, lo trasladaban al horario de la 10.30 de la noche. Todo porque es un informativo que no aplaude todo lo que el mandatario hace. Es decir, conserva independencia crítica frente al gobierno del Valle. En franja del mediodía  iban a ubicar un noticiero sin calidad periodística.

Juan Carlos Abadía jamás pensó que sus actuaciones iban a estar en la mira de los organismos de fiscalización. Su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante diez años es prueba de que no habrá tolerancia con quienes abusan de sus posiciones para direccionar hacia candidatos de sus simpatías el voto de los ciudadanos. Su ambición de poder lo llevó a cometer un error que le costó el cargo. De la misma forma deben ser destituidos todos los funcionarios públicos que en época electoral intervienen en política, buscando apoyos para los candidatos de su partido. Así se le daría transparencia al proceso electoral. Porque ni siquiera la Ley de Garantías impide que gobernadores y alcaldes trabajen desde la sombra por una causa política.