22 de noviembre de 2019
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Aguas de Manizales. Banner octubre de 2019.

Familias en acción: ¿Un nuevo derecho?

10 de mayo de 2010

Debe reconocerse, sin embargo, que la señora Sanín ha tenido el mérito de denunciar cómo este programa se está utilizando en la campaña de Juan Manuel Santos para obtener votos, bajo amenazas de suspenderlo si no se apoya en las urnas a este candidato.

Lo primero que debe señalarse es que los subsidios, así sean para los más pobres, no son un derecho. Familias en Acción es una política de asistencia social basada en subsidios condicionados que incluyen aportes para nutrición y educación. La obligación por parte de las familias es garantizar asistencia regular de los menores de 18 años a las clases y a las citas de control nutricional.

Precisamente por los problemas que conlleva la masificación de estas transferencias, su utilización política, su insostenibilidad fiscal y sobre todo, el convertir el ser pobre en una profesión, como sucede con 12 millones de personas en Colombia, lo que se recomienda es sustituir estos programas paulatinamente, por el acceso de todos, especialmente de los pobres, a los derechos en educación, salud, trabajo, vivienda, etc., de acuerdo con las posibilidades fiscales de cada Estado. Los derechos sociales son más que subsidios, deben ser comprendidos en su integridad!!! Según el Pacto Internacional de los DESC suscrito por el Estado colombiano en 1976, la protección de los derechos sociales implica que el  Estado adopte medidas inmediatas y con la mayor cantidad de recursos disponibles en los siguientes aspectos: “derecho al trabajo (artículo 6), derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (artículo 7), derecho a fundar y a afiliarse a sindicatos (artículo 8), derecho a la seguridad social y al seguro social (artículo 9), protección y asistencia a la familia (artículo 10), derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 11), derecho al más alto nivel posible de salud física y mental (artículo 12), derecho a la educación (artículos 13 y 14), y derecho a la cultura y a gozar de los beneficios del progreso científico”.

Con cifras oficiales que indican que durante los últimos ocho años de gobierno, la desigualdad, el desempleo y la pobreza en Colombia son de las más altas de América Latina y, además, dada la evidencia de que no existen condiciones universales para acceder a una salud y una educación pública de calidad, cabe la pregunta: ¿es posible sostener que Familias en Acción ha contribuido a mejorar las condiciones de realización de los derechos sociales en Colombia?; ¿se puede señalar que este programa responde plenamente y contribuye a superar la deuda social con los sectores más humildes de la sociedad colombiana? La situación del país demuestra que es  perfectamente posible que existan programas asistenciales en medio de condiciones institucionales y económicas adversas para la realización de los derechos sociales.

Las afirmaciones de la candidata reflejan una idea perversa: los pobres no tienen derechos sociales sino una asistencia social por parte del Estado. Desde esta mirada, el compromiso del Estado se reduce a garantizar subsidios condicionados a la población sin intervenir ni crear instituciones sociales que hagan posible el acceso a la educación, la salud, el empleo, la seguridad social, alimentación y vivienda digna. Si las políticas de gobierno insisten en el asistencialismo, al igual que durante los últimos ocho años, seguirá haciendo curso la idea de que los derechos sociales no son derechos fundamentales universales  y que el Estado salva su responsabilidad promoviendo programas asistenciales que no resuelven el problema acerca de cuál es el núcleo esencial de los derechos sociales que  se compromete a salvaguardar el Estado. Todo lo contrario de lo que se busca con la ley de Transformación Social, que hace trámite en el Congreso.