29 de marzo de 2024

Enhorabuena

4 de abril de 2010

Sin abandonar su tesis sobre la necesidad de desmontar las contribuciones parafiscales por considerarlas gravosas para el empleador, ellos proponen convertir “la actual deducción por inversión en una deducción de los impuestos sobre el incremento en la nómina salarial a que dan lugar las nuevas inversiones”. Según ellos “el reemplazo de la deducción del 40% del impuesto sobre la renta de la nueva inversión por una deducción del 120% del impuesto sobre el incremento de la nómina salarial alcanzaría a incorporar a la economía formal un número de trabajadores informales o desempleados prácticamente igual al número actual de trabajadores con empleo formal”. Coincidimos con Rodrigo Botero en que “lo que hace atractiva la propuesta es que le abre camino a la reforma estructural laboral, precisamente porque no insiste en el objetivo inalcanzable de eliminar los parafiscales de inmediato”.
En todo caso, hay que estar precavidos para que no se repita la historia que está plagada de situaciones embarazosas, en las que medidas tan bien intencionadas como estas resultan desvirtuadas en la práctica. Y es que tenemos ejemplos al canto, veamos uno de ellos. A raíz de la norma expedida en la administración Pastrana para incentivar la generación de empleo productivo, en la declaración consolidada de renta para 1999 saltaba a la vista que el sector industrial llevaba implícito haber “creado” alrededor de 3.056 nuevos empleos, pero la Encuesta Nacional de Hogares del DANE los deenmascaró, al registrar que en lugar de aumentar la generación de empleo, lo que se dio fue una reducción de 16.504 plazas entre 1998 y 1999 lo cual terminó de corroborarse con la evolución de la tasa de desempleo para este último año.
Esta fue una estratagema de los empresarios para acogerse a tal beneficio de la deducción de impuesto, por un monto aproximado a los $22.668 millones, que dejaron de pagar, metiéndole clavija al Estado, como lo pudo establecer la Contraloría General de la Nación.  Por ello es fundamental ponerle dientes a la Ley para evitar que se le haga trampa al Estado, no vaya ser que nos quedemos con el pecado y sin la gracia.
Tenemos que decir que lo más rescatable de esta propuesta es su planteamiento en el sentido de “convertir la generación masiva de empleo formal en el objetivo central de la política económica, más bien que en el sub-producto de otro objetivo”. Ya lo había dicho Cecilia López, “tiene que eliminarse la dicotomía entre las políticas económicas y las políticas sociales, y el empleo es su vínculo natural”; es más, como dice ella “la creación de oportunidades de trabajo digno tiene que convertirse en una prioridad de la formulación de la política pública de los países. Esta es una decisión política y no sólo técnica”. De modo que dado el carácter crónico y estructural del desempleo y la incidencia de este en los alarmantes niveles de pobreza y exclusión, se impone la necesidad de un plan de choque para enfrentarlo en el que estén comprometidos tanto el sector público como el privado.
Las políticas públicas deben tener en la generación de empleo un objetivo explícito y no debe ser el resultado de la supersticiosa creencia de que la mano invisible de Adam Smith se encargará de dicha tarea. Pero tal propósito sólo puede ser el resultado de un gran consenso nacional, término este que ha estado proscrito del lenguaje oficial en los últimos ocho años en este país, para hacer de la política de empleo una política de Estado.
Coincidimos con Botero y Cavallo en que “la política social más efectiva es la creación masiva de empleo formal. Una fórmula de comprobada eficacia para reducir la incidencia de pobreza y elevar el bienestar de la población es promover el pleno empleo. Si se desea llevar a la economía colombiana hacia una trayectoria de bienestar social creciente, es necesario reformar aquellas políticas públicas que tienden a hacer inalcanzable el objetivo de lograr el pleno empleo”2. Todo lo contrario de lo que ha hecho este gobierno. Por lo tanto, rectificar es la opción!

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