17 de enero de 2021
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Corte tumbó la Emergencia Social, pero dejó hasta el 16 de diciembre los impuestos

16 de abril de 2010
16 de abril de 2010

La Silla Vacía

Como La Silla Vacía anticipó esta mañana, la Corte Constitucional tumbó la emergencia social en salud pero dejó con vida, hasta diciembre, los impuestos creados. Hacia las ocho de la noche del viernes, el presidente del tribunal Mauricio González ofreció una rueda de prensa para explicar la decisión.

"No había una perturbación que no se pudiera conjurar por medios ordinarios. Había medidas legislativas para enfrentar la situación en el sector salud. No eran hechos inminentes en cuanto a su valoración fáctica", explicó González. No obstante, la Corte reconoció la gravedad de los hechos. Por esta razón, y para proteger los derechos de las personas más vulnerables, decidió dejar vigentes los impuestos a la cerveza y el tabaco, hasta el 16 de diciembre, cuando termina la legislatura del Congreso.

Y si bien los impuestos se mantienen, su destinación tuvo un cambio. La Corte decidió que éstos sólo podrán usarse para la red hospitalaria pública, el acceso al regimen subsidiado y la atención de los que no están en ningún sistema. Este punto será, sin duda, polémico, y no está del todo claro por el momento (la Corte no ha entregado un comunicado de prensa aún y la sentencia se conocerá en varias semanas). Los impuestos creados también estaban destinados a cubrir las denominadas "prestaciones excepcionales en salud", es decir, lo que no está incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Estos servicios eran los que se ordenaban a través de tutelas o comités científicos, y no tenían una fuente de financiación específica.

La decisión de declarar inconstitucional la emergencia se tomó por unanimidad. En cambio, la de dejar con vida el cobro de los impuestos fue un 5-4. A favor estuvieron Jorge Pretelt, Mauricio González, Nilson Pinilla, Juan Carlos Henao y María Victoria Calle, y en contra, Humberto Sierra, Gabriel Mendoza, Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio.

Todo lo demás se fue al piso. Las sanciones a los médicos, el uso de las prestaciones sociales para cubrir eventuales servicios médicos y todo el sistema de las prestaciones excepcionales, entre otros. Del ahogado, sólo quedó el sombrero.

Crónica de una muerte anunciada

El presidente Uribe anunció la emergencia social en la Cumbre de Gobernadores en Manizales, el 18 de noviembre de 2009, y la declaró oficialmente dos meses después. En ese entonces, La Silla Vacía analizó las razones que el Gobierno tenía para hacerlo.

La emergencia social declarada por el Gobierno estuvo plagada de errores e improvisaciones, de principio a fin.

La principal fue contrarrestar la situación de los departamentos, que según dijo entonces el gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, tenían deudas cercanas a los 500 mil millones por atender procedimientos no incluidos en el POS. También se habló de responder a la petición de las EPS, que acusaban deudas igualmente millonarias, y de ordenar el POS.

Pero en ese momento quedó claro, como ahora, que se estaba improvisando. Los departamentos habían asumido la carga de lo no POS por orden del propio Gobierno un año atrás; una gran parte del dinero estaba – y está – congelada en títulos de deuda pública TES; y la estructura y alcance del POS seguía – y sigue – sin aclararse (ver artículos de La Silla sobre el POS y los TES).

Todos estos puntos habían sido abordados por la Corte Constitucional en una sentencia de julio de 2008, con ponencia de Manuel José Cepeda. En ese momento, la Corte dio varias órdenes estructurales y estableció varios plazos para cumplirlas. Órdenes que se cumplieron a medias o se dilataron hasta el último momento.

Más de dos años después, el presidente Uribe declaró la emergencia social. El paquete de medidas se volvió una reforma al sistema por la puerta de atrás. El propio Gobierno reconoció que lo hacía en parte a través de esta figura para saltarse el Congreso, que hubiera ‘cobrado’ mucho por sacar adelante el proyecto.

La polémica de muchas de las medidas, entre ellas las sanciones a los médicos y el uso de las cesantías para algunos servicios, obligó a Uribe a salir a defender la reforma y a prometer muchos cambios a los decretos. Cambios que se quedaron en un ‘show’ mediático.

El plan B que debió ser el plan A

A la postre, el Gobierno tendrá que hacer lo que debió hacer desde el principio, y para lo que tuvo bastante tiempo: tramitar un proyecto de ley para introducir los cambios al sistema y conjurar la crisis. Pero, como informó La Silla Vacía hace unos días, es poco probable que eso salga adelante en los cerca de 120 días que le quedan a Uribe en el poder. Además, lo que más le importaba al Gobierno, que era salvar la 'platica', se logró.
Los proyectos de ley que se mueven en ese momento en el Congreso sobre el tema no son de autoría del Gobierno, sino propuestas de congresistas cercanos a la coalición. La versión que presente el presidente Uribe y el ministro Palacio depende en gran medida de lo que se acaba de decidir. Los medios de comunicación habla de un plan B que anuncia desde ya el Gobierno, pero del que no hay nada definitivo.

Uribe le dijo a sus asesores que el proyecto nuevo debía limitarse “a lo esencial”. Los problemas del sector son de todos los colores y sabores, pero lo esencial para el Gobierno en este momento es apagar el incendio financiero. Los impuestos a la cerveza y el tabajo son una parte, pero tal vez no suficiente. Y en esto quien tiene la última palabra es el ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, que está pensando en reducir el inmenso déficit fiscal antes que en ayudar al ministro Palacio a solucionar integralmente el problema de la salud en el país.

Con esta decisión, la Corte vuelve a mover el ajedrez político. Aunque no es una decisión de la trascendencia del referendo, los candidatos tratarán de meter en la agenda de la campaña la bandera de la salud y restarle protagonismo a la seguridad democrática. Y la opinión pública también se fijará en eso.

Otra visión periodística

Por Tomás Betín

BOGOTÁ.(El Heraldo).La Corte Constitucional declaró inexequible, por votación unánime, la Emergencia Social por considerar que la medida se tomó frente a un hecho estructural y no sobreviniente. La Corporación, no obstante, por votación de 5 a 4, difirió los decretos que aluden al tema tributario (sobre cerveza y cigarrillos) hasta el 16 de diciembre próximo.

El presidente de la Corte Mauricio González Cuervo, al término de todo un día de deliberaciones, anunció que “la primera decisión es la de la inexequibilidad del decreto 4975 de 2009. Para la Corte, los presupuestos que establece la Constitución para declarar la inexequibilidad de los decretos por los cuales se auto habilita el Ejecutivo como Legislador extraordinario, en este caso para dictar normas relativas a la Emergencia Social, no concurrieron, esto es, que no hubo hechos sobrevinientes que justificaran la declaratoria, considerándose que eran hechos estructurales que venían incubándose en el tiempo y que en modo alguno tienen ese carácter inusitado o abrupto”.

Sobre las normas que establecen fuentes tributarias de financiación, la Corte declaró la inexequibilidad consecuencial “en relación con el decreto 127 de 2010, por el cual se adoptan medidas en materia tributaria, en virtud de lo adoptado respecto del decreto declaratorio, y en segundo lugar, la Corte dispone diferir los efectos de lo dispuesto hasta el 16 de diciembre de 2010”.

Finalmente, el Alto Tribunal ordenó que los recursos recaudados en este plazo, en su totalidad, sean dirigidos a la red hospitalaria pública y a garantizar el derecho a acceder a los servicios de salud de todos los colombianos.

De esta manera, por decisión de los nueve magistrados de la Corporación, queda sin sustento jurídico la determinación gubernamental de reformar la salud.

Apoyan ponencia. Los magistrados de la Corte Constitucional apoyaron la ponencia presentada por Jorge Iván Palacio el pasado 18 de marzo, donde, a través de 200 páginas, el magistrado explicaba que la crisis financiera de la salud venía de tiempo atrás y no configuraba un hecho sobreviniente o imprevisto.

La Corte difirió los efectos del fallo, para permitir una vigencia temporal de algunas medidas, para que el Ejecutivo tenga tiempo de recurrir a nuevos mecanismos para reformar el sector de la salud, sin que se presente un colapso del mismo.

No obstante, los ministerios de Protección Social y Hacienda ya tienen listo un plan de contingencia dirigido, especialmente, a salvar los nuevos recursos de la salud para, según ellos, evitar que haya un mayor descalabro en la ya notable crisis del sector.

La declaratoria de Emergencia Social se dio el 23 de diciembre pasado, a través de la expedición del decreto 4975, suscitado por los problemas financieros de la salud en el país.

A raíz de los decretos que vinieron con ésta, que transformaron la prestación del servicio de salud, el país se debatió en una fuerte polémica de si eran o no beneficiosas estas nuevas medidas.

Así, mientras el Gobierno aseguraba que los ciudadanos tendrían un servicio de salud más equitativo, a pesar de la discutida racionalización de los recursos; las asociaciones de pacientes, médicos y hospitales, opinaban que los nuevos decretos recortaban los servicios médicos que por derecho tienen los colombianos o les hacía ocuparse a éstos de gran parte de los costos que antes asumían las entidades.

Por lo anterior, estos sectores emprendieron una multitudinaria marcha el pasado 18 de febrero en varias ciudades del país, además, porque aunque el Gobierno había echado reversa en varios puntos de la Emergencia y había instado al Congreso para que derogara algunas de las medidas, los pacientes sentían afectados sus derechos y los médicos su autonomía.

El procurador Alejandro Ordóñez, en su concepto ante la Corte Constitucional, entregado el pasado 3 de marzo, le pidió a la Corporación declarar inexequible la medida, ya que, según él, los problemas de financiación del sector “no están en los recursos sino en el flujo de los mismos”.

Por su parte, el candidato presidencial por el partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, denunció a mediados de febrero pasado tres contratos irregulares que habría suscrito el Ministerio de la Protección Social por unos 127 mil millones de pesos, al parecer, con los mismos contratistas y con la finalidad de prestar asesorías y la redacción de los textos.

“Eso se veía venir”

“La inexequibilidad era lo que se veía venir”, así se refirió el directivo hospitalario Ulahy Beltrán López ante el fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible el Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009, y que se considera el ‘decreto madre’ de la emergencia social, toda vez que mediante este acto administrativo fue que el gobierno declaró el estado excepcional de la emergencia social. “El gremio hospitalario siempre sostuvo que las razones que argumentó el gobierno para decretar la emergencia social no correspondían a una situación incapaz de haber sido prevista por el ejecutivo, pues hay suficientes evidencias que demuestran que los problemas estructurales del sistema de salud, especialmente los de connotación financiera, venían ocurriendo desde hace varios años”, dijo.