20 de noviembre de 2019
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Será un entierro de primera

5 de febrero de 2010

Con todo y lo condenables que son las filtraciones a los medios de comunicación del contenido de las actuaciones de la Justicia, antes de que éstas estén maduras y se cumplan los protocolos para hacerlas públicas, ninguna tan oportuna y bienvenida como la que se ha dado con relación a la ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, quien, según los medios que tuvieron el discutible privilegio de conocer parte de su contenido anticipadamente, expone – en un documento de 400 páginas – cinco razones por las cuales considera que el proyecto de Ley de referendo, que busca un tercer mandato consecutivo del actual Mandatario, debe ser declarado inexequible por la Corte Constitucional.

Se supone que el sentido de la ponencia no debió conocerse antes del fallo, para el cual la Corte tiene un plazo de 60 días hábiles a partir del momento de su radicación en la Secretaría General. Pero estamos ante una campaña completamente anómala, a sólo 27 días del cierre del período de inscripción de candidaturas a la Presidencia de la República, y es tal expectativa, el desorden y la incertidumbre creadas por el embeleco, que saber por anticipado que existe una altísima probabilidad de su hundimiento es un céfiro refrescante sobre el caldeado clima electoral colombiano.

Como dice la Carta Magna, compete a la Corte decidir, con anterioridad al pronunciamiento del pueblo, sobre la exequibilidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en su formación. Sobre esos vicios se ha hablado mucho y en estas columnas los hemos denunciado una y otra vez a lo largo del tortuoso proceso, y nos complace coincidir en ello con el magistrado Sierra Porto, por cierto el único de los nueve miembros de la CC especializado en Derecho Constitucional, pues sus colegas tienen otras especializaciones, según pudimos corroborar en sus hojas de vida. Los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y María Victoria Calle Correa son especialistas en Derecho Laboral; Mauricio González Cuervo en Derecho Económico; Jorge Ignacio Pretelt en Derecho Administrativo; el doctor Nilson Pinilla, su actual Presidente, es especialista en Derecho Penal, y el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva en Derecho de Familia. Una prueba, si faltara, de la seriedad con que la Corte asume sus funciones es, precisamente, que haya encomendado la preparación de la ponencia al constitucionalista Sierra Porto, quien, además, es el más veterano de los magistrados, pues está en el cargo desde el 2004, ya fue presidente de la Corte en el período 2008-09 y, en cambio, la mayoría de sus colegas fueron elegidos en febrero y marzo del 2009.

Una de las fallas en el trámite de la Ley de Referendo a que se refiere el magistrado ponente tiene que ver con la campaña de recolección de firmas, especialmente por la violación de los topes y porque no están justificadas las cuentas que entregaron sus promotores a las autoridades electorales. En efecto, al día de hoy no está aclarado el origen de muchos de los fondos, como los que, según denuncias ampliamente documentadas, provinieron de donaciones de Transval, una firma del controvertido grupo DMG; o las de empresas concesionarias del Estado, como Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A y el Grupo Odinsa, concesionario del Aeropuerto El Dorado. Y suponemos que la ponencia hace alusión también a los famosos $1.907 millones del “autopréstamo” de la Asociación Colombia Primero, cuyo patrimonio de cinco millones – como señalamos en un editorial – “hace aberrante que dispusiera del monto del crédito y en cuya junta directiva hay seis miembros que son los mismos del comité de dirección del referendo, lo que hace evidente que ese montaje tenía por objeto burlar los topes de las contribuciones electorales”.

Para el ponente, el trámite en el Congreso se inició sin todas las legalidades exigidas: por ejemplo, no se adjuntó la certificación del Registrador que le daba validez legal a la iniciativa apoyada por las firmas. Como si eso fuera poco, en el tercer debate, en Comisión Primera del Senado, se cambió la pregunta, lo que para el magistrado Sierra es una modificación de fondo a la pregunta que fue apoyada por los colombianos, para lo cual el Congreso no tiene facultades. Esa fue la tesis que apoyamos en estas columnas y que defendieron en el Congreso el Partido Liberal, el Polo Democrático, e inclusive Cambio Radical, en momentos en que hacía parte de la coalición gobiernista.

Las otras dos razones para declarar inexequible la convocatoria consisten, la primera, en que la aprobación del referendo en cuarto debate en Cámara de Representantes se hizo en una sesión extra, que empezó cuando todavía no había sido publicado el decreto correspondiente en el Diario Oficial, un error que a juicio del doctor Sierra “es insubsanable”. Y la otra es el cambio de partido de cinco representantes de Cambio Radical, que a última hora terminaron en la ‘U’ para apoyar el referendo y cuyos votos fueron determinantes para aprobar la norma, lo que, según el constitucionalista, es una violación a lo establecido en la Reforma Política, vigente en el momento de la votación.

Nosotros no tenemos la más mínima duda de que la Corte Constitucional votará positivamente la ponencia por una mayoría tan contundente como los argumentos del magistrado Sierra Porto, y guardamos la esperanza de que la declaratoria de inexequibilidad vaya a ser por unanimidad, lo que sería un gran crédito para el máximo guardián de la Constitución, un entierro de primera a un intento gravemente dañino para la institucionalidad colombiana y, muy seguramente, un alivio y una solución a la “encrucijada del alma” en que se encuentra el señor Presidente.