28 de marzo de 2024

La economía política de la libertad de expresión

21 de febrero de 2010

Los que colaboran regularmente con columnas de opinión y los periodistas profesionales líderes, particularmente los que orientan las investigaciones, trabajan generalmente en el entendido de que gozan de libertad para expresar sus opiniones o para realizar sus investigaciones y publicar sus resultados. Esa libertad es condicionada, y cada cual corre el riesgo de que le corten las alas sin previo aviso, como les ocurrió a los directivos de esa destacada revista.

La libertad de expresión es relativamente precaria en esas circunstancias, pero en una sociedad democrática con mercados competitivos, los propietarios de medios tampoco tienen toda la libertad para cortar alas o aplicar censura porque deben cuidar su producto. Los periódicos y los noticieros serían productos básicos no diferenciables si no llevaran a cabo investigación y no tuvieran opinión. Una buena cobertura de noticias está al alcance de cualquier medio que tenga con qué comprarla y no es un diferenciador efectivo. En el caso de medios escritos, lo único que diferencia a un periódico o a una revista de otros es la calidad de su contenido investigativo y editorial.

Y ella está estrechamente ligada con el grado de libertad y de respaldo que se les otorga a los que investigan y a quienes aportan colectivamente el contenido editorial. Entre los incentivos que ofrecen para retenerlos, los que más pesan probablemente son la libertad de expresión y el salario. Unos valoran más decir lo que quieren y otros prefieren el dinero. Los patrones entonces tienen que encontrar en cada caso la justa fórmula que balancea libertad y costos para calibrar el nivel agregado de calidad que ofrecen. En un mundo competitivo y democrático, esto conduce a un equilibrio entre el capital y el trabajo y se encuentran formas armónicas de colaborar.

El problema surge cuando falla el mercado o se reduce la democracia. En esos casos, la calidad deja de ser un factor prioritario y se puede sacrificar libertad y salarios en busca de otros objetivos. Por ejemplo, si un gobierno decide otorgar mayores beneficios a los medios que lo favorecen que a los que lo critican, principia entonces a desvanecerse la competencia en el mercado y asciende la competencia por favores oficiales. Esto puede dar lugar a monopolios, aunque no es el único factor que contribuye a ello, o a algún tipo de oligopolios que permiten que mediante acuerdos entre pocos oferentes o por decisión de las empresas dominantes se menoscabe la calidad de la información.

En condiciones de monopolio, oligopolio o favoritismo oficial, se reduce drásticamente la necesidad de diferenciar al medio mediante investigación periodística o calidad de la opinión editorial y hasta puede deteriorarse la calidad de las noticias porque no hay contra qué comparar o porque hay que halagar al gobierno. Por eso es una práctica antidemocrática que un gobierno intervenga para orientar la línea editorial de un medio y, peor aún, que intente cooptarlo con ofrecimientos de concesiones o licencias. También es cuestionable que les adjudique licencias exclusivamente a poderosas empresas. Estas acciones rompen el equilibrio implícito de poderes que existe entre el sector privado, el gobierno y los medios de comunicación.

En este contexto, un medio puede darse el lujo de no tener opinión propia o de subordinarla, y puede generar cuantiosas ganancias a corto plazo, pero incurre en el costo de perder lectores y dejar de ser influyente eventualmente.