28 de febrero de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

EL HIJO DÍSCOLO DE LA RAMA JUDICIAL.

19 de febrero de 2010

Esta especie de silogismo le da la razón total al ex- presidente de la Corte Constitucional, quien se limitó a decir una verdad de a puño al calificar a la mencionada Sala así: “Hay un organismo terriblemente descompuesto, que es la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en donde se están tomando decisiones preocupantes". Y, claro, por supuesto que se está tomando decisiones no sólo preocupantes, sino apresuradas que denotan falta de seriedad y madurez en una persona que ostenta la dignidad de magistrado para salir a las ‘volandas’ a formular denuncia penal por el presunto delito de Injuria, por un incidente que se había podido ventilar por los protocolos de la caballerosidad dentro de la armonía que se presume debe existir en el seno de esa rama del poder público, evitando así recurrir ante el Juez natural de los miembros de las Altas Cortes: La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Esta ‘pataleta’ innecesaria del acucioso denunciante no produce ni frío ni calor, pero sí un malestar en las personas que están cansadas de presenciar confrontaciones entre las instituciones y, lo que es más dañino, buscando la solución por el camino equivocado ya que se conoce de antemano  su desenlace inocuo en esa comisión por su inoperancia y por múltiples razones ampliamente conocidas, además, no se sabía que diciendo una verdad se  constituyera un delito, si no han prosperado en dicha comisión asuntos de mayor monta e importancia, mucho menos casos como este que despiden hedor a enredos de comadrona, situación esta inconcebible e inaceptable habida cuenta de la investidura de los protagonistas.
Ahora, en el Consejo Superior de la Judicatura no están todos los que son ni son todos los que están, con marcadas excepciones, pero desconocer que la conformación de una de sus Salas, mayoritaria por demás, obedece a compromisos o favores polítiqueros más que a méritos o conocimientos jurídicos es innegable e incontrovertible, lo que da pie para que recaiga  su elección en ciertos consumados ‘clientelistas políticos’ que sólo tienen para mostrar en su opaca o nebulosa hoja de vida un lánguido recorrido por la burocracia, y, algo bastante inquietante, últimamente ha sido una constante que el padrinazgo provenga de personas incursas en conductas ilícitas, lo que ha llevado a las otras altas cortes y a la sociedad en general a pensar inequívocamente en la ‘politización de la justicia’, como también, en la “descomposición” de que hablara el magistrado de la Constitucional.

Y no es para menos, la preocupación es nacional, al Estado Social de Derecho en los últimos días le salieron dos nuevos enemigos: el Estado de Opinión, de José Obdulio más que de Uribe y que ninguno de los dos ha sustentado hasta hoy satisfactoriamente su teoría, y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Esta se ha obstinado a través de algunos de sus miembros a proferir unos fallos de tutela contra sentencias de las otras Cortes, por el sólo prurito de figuración mediática, que tiene en jaque al Estado Social de Derecho y que van en contra vía del ordenamiento jurídico, de las directrices de la Corte Constitucional y que, por ende, atentan contra la seguridad y la estabilidad institucional, siendo una  prueba fehaciente el desconocimiento casi total de la disciplina jurídica, por parte  de unos magistrados, reflejada en la pobreza de los argumentos expuestos en dichos fallos de tutela, lo que indefectiblemente llevó a la Corte Suprema a formular, con toda la razón y sin otra salida, denuncia penal por el delito de Prevaricato a los signatarios y a calificar estos pronunciamientos de exabruptos, sinrazón y falaces; desafortunadamente, en este caso como en el otro, el Juez natural no es el apto por ignorancia invencible, además, creo que  a dicha comisión le faltaría voluntad política para cometer esta especie de “filicidio”.

La indignidad no es una pena ni principal ni accesoria, ni se impone por medio de sentencia judicial, ella va con su dueño como va su sombra, y la sociedad tiene derecho a conocerla y a señalarla y debería de institucionalizarse como una sanción de escarnio público que  consistiría en el repudio y aislamiento general para con el infractor que cometa ciertas faltas contra la ética y la moral, y que no pudiesen ser sancionadas porque no se tipifican como delitos, pero que son comportamientos dañinos para la convivencia armónica en sociedad. Desafortunadamente, estas prácticas reprochables han sido frecuentes en algunos miembros del Consejo Superior de la Judicatura: estrecha amistad con reconocidos delincuentes; aceptación de dádivas o regalos, incluido su núcleo familiar, de personas non sanctas; relaciones con personas involucradas en empresas criminales; insolvencia patrimonial para burlar procesos civiles (fraude procesal); procesos por inasistencia alimentaria, etcétera, etcétera.

Estas conductas son indignas en cualquier persona, máxime en aquellas que son las encargadas de administrar justicia. Si alguna actividad requiere instancias y controles de gestión rigurosos es por excelencia y prioritaria la administración de justicia por su complejidad en su aplicación y tan expuesta a la tentación de los corruptos; sin la menor duda, si el Consejo Superior de la Judicatura cumpliera siquiera una mínima parte de su única y principal función, y que es la que justifica la razón de su existencia, cual es la de “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial y llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales”, tendríamos unas medidas preventivas asépticas contra la inmensa cantidad de “virus” que atacan por todos los flancos la rama judicial.
Apostilla: En Junio 12 de 2009, en Comunidades- Ciberperiodistas de la revista Semana, me publicaron un artículo en donde aportaba algunas ideas para una reforma de esa rama y sostenía: “No obstante, el Consejo Superior de la Judicatura formar parte de la rama judicial, no conocerá en ningún caso de la Acción de Tutela. Es casi seguro que así concebida la competencia en la acción de tutela se termina el llamado ‘choque de trenes’ en la rama judicial”. En estos días la Corte Suprema de Justicia tuvo un pronunciamiento idéntico.