5 de marzo de 2021
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El galimatías de la Emergencia Social. ¿Quién es el responsable?.

25 de febrero de 2010

Día tras día los hechos que ocurren en este país nos colman de una gran  incertidumbre acompañada de la incapacidad de discernir sus efectos que se van convirtiendo en ininteligibles, siendo estos de un pasmoso sentido común como es el caso concreto de la polémica emergencia social. Dejemos de lado los eufemismos, el arribismo y, sobre todo, la cobardía que se ha apoltronado en el pueblo colombiano para  prestarse al juego inicuo de andar buscando los ‘chivos expiatorios’,  procurando tender columnas de humo y exculpar al verdadero responsable de las hecatombes.
En diciembre de 2009, se declaró el Estado de Emergencia Social a fin de conjurar la crisis que atraviesa el sector de la salud en todo el país, en su régimen contributivo y subsidiado, y en el cual se presume que están en la cobertura de la seguridad social la totalidad de sus habitantes, de conformidad a los dictados del Estado Social de Derecho, situación que de por sí es nugatoria.
Los Estados de Excepción, guerra exterior, conmoción interior o perturbación en el orden económico, social o ecológico, le permiten al Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, declarar cualquiera de los mencionados estados; mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis que lo motivó y a impedir la extensión de sus efectos, cada uno de los decretos tendrá que ser firmado por la totalidad de los ministros y tendrá control constitucional y político. El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el Estado de Emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en la constitución, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades. Estos decretos no podrán, en ningún caso, desmejorar los derechos sociales de los trabajadores, máxime cuando estos han sido refrendados por jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual obliga y es de forzoso cumplimiento, según sentencia de esa misma corporación.
Los Estados de Excepción, sobre todo, en tratándose de la emergencia social no es cosa de poca monta, no se trata de dictar ‘decreticos’ que se equiparen a conceder honores o nombrar un funcionario, no, de eso no se trata, la situación es más puntual, compleja y delicada de lo que se cree, aquí se toman decisiones de fondo de primer orden en la salud y la vida de todos los colombianos, con las enfermedades y con la muerte no se juega a los ‘dados’, estas merecen seriedad , respeto y un manejo responsable, no se le puede dar un tratamiento como si fuera una reformita política o una convocatoria a un referendo reeleccionista. Estos decretos con fuerza de ley requieren de especial  atención, cuidado y estudio detallado antes de su promulgación por sus efectos y su incidencia, y su corresponsabilidad es solidaria entre todos los firmantes. (léase presidente y ministros)

No se puede desconocer las múltiples complicaciones de toda índole que trae consigo un sistema integral de la salud, es innegable e incontrovertible, pero un pueblo sin este vital sistema o con unas prestaciones excepcionales que no se encuentran en  el Plan Obligatorio de Salud, no deja de ser un “pueblo troglodita”; además,  esta reforma en sus decretos le da un manejo muy alegre sin medir las consecuencias catastróficas que puede encerrar como la imposición arbitraria a los médicos para su recetario, casi obligándolos a ordenar placebos con amenazas de multas si se apartan de los estándares preestablecidos, atentan flagrantemente contra su ética y dejan por fuera del POS una cantidad considerable de derechos ya plenamente reconocidos; no se necesita ser un profesional de la ciencia para identificar al vuelo los pro y los contra que encierra cada uno de los decretos de la emergencia, ya que en cualquiera de las dos vías sus efectos son notorios y relevantes.
 
En Colombia hemos tenido Presidentes, según la historia y por la experiencia, que han tratado de ser omnímodos, omnipotentes, omnipresentes y, sobre todo, absorbentes en el ejercicio del poder, y, otros, excesivamente despreocupados, tal vez, por su ineptitud. El de ahora no es la excepción tiene a su haber todos los ‘omnis’ y, ante todo, maneja el último adjetivo a las mil maravillas, es por ello que me asombra y no comparto la apreciación del doctor José Gregorio Hernández Galindo, en su magnifico artículo en el diario El Tiempo “La Emergencia sin control”, en la página Domingo a Domingo, cuando sostiene que el Presidente de la República no supo muy bien lo que estaba firmando cuando expidió los decretos. No, doctor José Gregorio, él si sabía y muy bien lo que firmaba, me atrevo a decir que mejor que el ministro del ramo y que el resto de la totalidad  de los ministros que firmaron los decretos. El senador Álvaro Uribe Vélez, fue el ponente de la Ley 100 de 1993, y Usted y yo que hablamos el mismo lenguaje sabemos perfectamente cual es la envergadura de la mencionada ley y, otra cosa más, un ponente así no sea experto en estos temas complejos de la salud algo aprende con su lectura, aunque el escrito de ponencia hubiese sido elaborado por sus asesores. O sino, saque la conclusión por la forma como el Presidente absolvió, con regaños a bordo, las diferentes inquietudes de la comunidad sobre la reforma social, en los días que se tomó por asalto los canales televisivos y radiales.

Cuando se declara uno cualquiera de los Estados de Excepción, el decreto declaratorio como aquellos que se expidan en virtud de la emergencia para conjurar la crisis, llevan la firma del Presidente de la República y de todos los ministros del Despacho, o sea, esta es la conformación plena del Gobierno Nacional, y todos sin excepción son responsables de cualquier abuso que se cometa en el ejercicio de las facultades.
Da grima, tristeza y se exacerba el estado emocional cuando uno oye o lee en los diferentes medios de comunicación crónicas de periodistas, declaraciones de personas oportunistas, arribistas y miopes y, para mayor desconsuelo, de gremios que se consideran respetables, lanzando a diestra y siniestra vocingleros descalificativos pidiendo la renuncia o mociones de censura o declarando persona no grata al ministro Palacio Betancourt. ¡No hay derecho a tanta imbecilidad! ¡No se puede llegar a esos extremos de pusilanimidad!. Todo el Gobierno Nacional es responsable de este descalabro. Y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, en cabeza de Javier Pérez Torres, tóquese para que sepa que es lo que tiene, y declare, primero, persona no grata al Presidente de la República. Es bueno que se lea de vez en cuando la constitución política, así sea Médico.

Manizales, Febrero 26 de 2010.