19 de enero de 2021
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«No ha habido negligencia de la Registraduría»

3 de enero de 2010
3 de enero de 2010

Sobre todo porque lo que vienen reclamando desde hace varios meses los reeleccionistas es la depuración de cerca de dos millones de personas del censo electoral, que permita reducir el número de votos necesarios para que sea aprobada la iniciativa popular, en caso de que ésta llegue a ser declarada exequible (legal) por la Corte Constitucional.

En entrevista con El País, el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, explica las razones por las cuales suscita tanto interés el tema del umbral y asegura que el censo no ha podido ser depurado por falta de recursos.

¿A qué se debe la controversia que generó este Censo Electoral?

Estamos pendientes de varios referendos, incluido uno sobre reelección presidencial. El umbral marca la posibilidad de que se pueda escrutar o no, de manera que si no se alcanza el umbral ni siquiera se puede hacer un escrutinio, y tratándose de varios referendos, pues el interés frente al umbral es muy grande.

El Gobierno dice que la Registraduría dispone de recursos necesarios para depurar el Censo Electoral. ¿Cuál es la realidad?

La realidad es que desde hace tiempos se han pedido recursos para depurar el Archivo Nacional de Identificación, que está conectado con el Censo Electoral frente a variaciones de nuevos ciudadanos y defunciones. Desde 2008 solicitamos recursos para la depuración habiendo sido asignados $11.000 millones en el 2009, y $23.000 millones para el 2010. Lo que pasa es que ese trabajo empieza a partir del 1 de enero del 2010.

¿Este Censo Electoral será sólo para las elecciones parlamentarias o también para los referendos en curso?

No, legalmente para cada elección hay que hacer un censo. El Código Electoral establece que cuatro meses antes de cada elección se suspenda la incorporación de nuevos ciudadanos, es decir, personas que van a votar por primera vez. A su vez, la Fuerza Pública, el Ministerio de Justicia, el Inpec, los jueces de Penas, en fin, todos los que reportan inhabilitados por pérdidas de derechos políticos o de quienes los han recuperado, deben informarlo tres meses antes. Con esa información se publica, porque el Censo Electoral es dinámico, todos los días hay altas y también hay bajas.

¿Quiénes no podrán votar en las elecciones de marzo?

Básicamente personas que hacen parte de la Fuerza Pública, las personas fallecidas y las que han perdido sus derechos políticos.

¿Y quienes estaban en proceso de renovación de la cédula o quienes la reclamaron la primera vez?

Las cédulas de primera vez se incorporaron hasta el mes de noviembre. En todo caso habrá elecciones en mayo y por lo tanto quienes tengan su documento antes del 30 de enero podrán votar, es decir, cedulados de primera vez. Las cédulas de renovación no tienen problema: hay un decreto del Gobierno que prorrogó su vigencia, y además está previsto en la ley de voto electrónico que para 2010 se puede votar con cualquiera de los tres documentos de identidad.

Según los promotores del referendo, la Registraduría ha sido negligente al no retirar cerca de dos millones de personas fallecidas que figuran aptas para votar. ¿Qué tan cierto es esto?

En realidad hay 1,6 millones de registros. No sé a qué se achacará la negligencia. Estos son registros civiles que tienen más de diez años de reposar en la Registraduría. A los pocos meses de posesionado yo mismo solicité los recursos para excluir dichos registros dentro del ANI. Hay constancias de que se pidieron recursos en el 2008 y no los hubo. Se pidieron para 2009, hubo algunos (20%) y se pidieron para 2010. No sé a qué se deba la negligencia. Lo que pasa es que los promotores del referendo son expertos en llevar cuentas de manera distinta a como las llevamos los demás.

¿A la falta de recursos se refiere usted cuando habla de que no hay garantías para hacer la depuración del Censo Electoral?

Las garantías electorales son también un tema ligado a los muertos en el Censo Electoral. Lo único que ha preocupado a los promotores del referendo es el tema del umbral, pero ahí hay un tema mucho más grave: las suplantaciones a los electores, suplantaciones que han terminado en dos ocasiones -en 2002 y 2006- en que el Consejo de Estado las haya anulado. Para evitar tales suplantaciones hay un medio técnico que es comparar electrónicamente la huella del ciudadano que va a votar con la base de datos de la Registraduría. No nos asignaron recursos para eso, por ello decimos que no hay transparencia electoral. El tema de los muertos, por lo tanto, tiene dos efectos: afecta el tema del umbral que es el que desvela a los promotores del referendo, y con toda razón, y las suplantaciones y los fraudes que preocupan mucho a la Registraduría porque con mucha frecuencia el Consejo de Estado anula las elecciones en virtud de las suplantaciones.

¿La depuración del Censo Electoral ya no aplicaría en caso de que se diera el referendo reeleccionista?

Todo depende de la fecha del referendo. Los resultados solamente pueden verse siete meses después, entre tanto seguiremos avanzando en la depuración.

Si el referendo pasa en la Corte Constitucional, ¿en qué momento se sabrá cuál es el verdadero umbral?

Hay que hacer un Censo Electoral para establecer un umbral, que es del 25%. En este momento no puede hacerse nada mientras no se conozca el fallo de la Corte. Sería tanto como ensillar las bestias sin traerlas.

¿De aprobarse los referendos de cadena perpetua y del agua, podrían hacerse en la misma fecha del de reelección?

Pueden hacerse hasta tres referendos en la misma fecha, que la define el Presidente de la República. Una vez los referendos sean declarados exequibles por la Corte Constitucional y convocados por el Presidente, pueden hacerse en una sola jornada si así lo quiere el Presidente.

¿En ese caso, cada referendo tendría un umbral diferente?

La Corte Constitucional dijo en 2005 que cada pregunta es un referendo y cada referendo necesita su umbral y su escrutinio. Eso quiere decir que por cada referendo hay que hacer un umbral para establecer cuál fue el número de votos válidos conforme a las actas de escrutinio.

Se ha rumorado de un posible cambio de fechas electorales. ¿Es posible modificar las del referendo y las de las elecciones parlamentarias?

Fecha del referendo no hay, la fija el Presidente de la República (si pasa en la Corte Constitucional). La fecha de las consultas interpartidistas sí está fijada por la ley y por la misma reforma política. El calendario electoral refleja normas legales: el 14 de marzo y la primera vuelta presidencial vienen del Código Electoral, la segunda vuelta es resultante de la primera, así se deriva de la Constitución. Esas fechas solamente pueden ser modificadas por otras leyes estatutarias. Pero lo grave no está ahí, lo grave está es en que cuando las reglas son claras y son previas todo el mundo sabe a qué atenerse y todo el mundo juega a eso.

¿El actual Censo Electoral ha sido demandado?

Como es un acto de registro, es materia de reclamaciones por parte de los ciudadanos, puede ser demandado. Pero no lo he visto.

¿Cerrando 2010 quedaron muchas cédulas sin reclamar?

Realmente sí, quedan más de tres millones de cédulas por reclamar. Esto es preocupante porque corresponde fácilmente a la producción de tres meses de cédulas.

Esperamos que el ritmo de reclamación de cédulas mejore mucho más.

Balance de las actividades realizadas

De acuerdo con el calendario electoral, el próximo 18 de enero se designarán los jurados de votación y el 22 de enero se publicarán las listas de los ciudadanos seleccionados como jurados.

Un total de 29.882.147 ciudadanos podrán participar en Colombia y en el exterior en los comicios que se realizarán el 14 de marzo de 2010 para decidir la conformación del Senado de la República, la Cámara de Representantes y los cinco representantes del país al Parlamento Andino.

Según la Registraduría, el procesamiento del censo electoral concluyó el 23 de diciembre e incluyó la información originada en los dos cortes que se hacen por mandato legal: la incorporación de cédulas expedidas por primera vez, que se cerró cuatro meses antes de la elección, y las altas y bajas del personal retirado y activo de las fuerzas militares y de la policía nacional, cuya fecha de corte es tres meses antes de la elección.

En las estadísticas del proceso de actualización, se incluyeron 433.258 cédulas expedidas a colombianos que llegaron a la mayoría de edad y 23.405 documentos de personas que recuperaron sus derechos políticos.

Las bajas del censo fueron de 57.796 personas por pérdida o suspensión de los derechos políticos, 168.860 documentos cancelados de ciudadanos fallecidos, 4.616 por doble cedulación y 79 por falsa identidad.

La primera semana el proceso se desarrolló en las diferentes sedes de la entidad y del 25 de octubre al 2 de noviembre se habilitaron los cerca de diez mil puestos de votación para inscripciones.

Otro de los elementos que se ve afectado con el aumento del censo electoral es el umbral del 2% que deben obtener los partidos y movimientos políticos en Colombia para conservar la personería jurídica.

Los grupos de oposición aseguraron que no le tienen ‘miedo’ a la nueva cifra del censo electoral.

El senador Héctor Helí Rojas insistió en que más que decir cuánto aumentó el censo, se debe calcular es cuántas personas votarán.

"No queremos muertos votando. Las cosas se deben aclarar y para eso el Gobierno debe ayudar", señaló el senador liberal.

Al respecto, el ministro de Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, confirmó que a partir del 1 de enero del 2010 la Registraduría podrá hacer uso de la Ley de Presupuesto, que lo habilita para utilizar el presupuesto.

En pocas palabras

"El calendario electoral refleja las normas y las fechas que trae la ley, así como el Censo Electoral se publica con los datos de tres meses antes para establecer las reglas de juego. La aspiración en la democracia es que las reglas de juego no se cambien porque son la garantía del principio de igualdad".

"El impacto de la depuración del Censo Electoral posiblemente no irá a la velocidad que algunos desearían, sino a la velocidad del contrato que está diseñado para que termine el 7 de agosto del 2010”. Carlos A. Sánchez, registrador Nacional.