15 de enero de 2021
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Privatizar para salir del agujero

3 de enero de 2010
3 de enero de 2010

Llega la hora de pagar la factura y no hay arcas que lo resistan. Hay que aumentar los ingresos a toda prisa y por cualquier vía posible para intentar atajar los números rojos. Por muy impopular que sea.

El Ejecutivo de Giorgos Papandreu ya ha anunciado un plan de ajuste que incluye rebajas de salarios de funcionarios, recortes de partidas presupuestarias, una reforma para combatir la evasión fiscal… y un plan de privatizaciones. La venta de activos en manos del Estado heleno reportará el próximo año 2.500 millones de euros a las maltrechas cuentas nacionales, según los planes del Ejecutivo. Es la vuelta de las privatizaciones como fórmula para intentar reducir los graves desequilibrios presupuestarios. La situación de la economía española no es tan acuciante, pero tampoco es fácil. Un déficit previsto para este año del 9,5% del PIB y una deuda equivalente al 66% el año que viene vuelve a suscitar el debate de las privatizaciones como instrumento para facilitar el ajuste. Pero, ¿qué queda por privatizar?

En España, la venta de empresas y activos en manos del Estado tiene dos etapas claramente diferenciadas. La primera comenzó a mediados de la década de los ochenta, bajo gobierno del PSOE, que abrió el proceso de desinversión en las grandes empresas públicas, en su mayoría monopolios como Endesa, Repsol o Telefónica, y la liquidación total de posiciones en empresas de tamaño pequeño y mediano, como Textil Tarazona, Seat o Marsans. En total, según datos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), desde 1984 se realizaron en España en torno a 70 operaciones de venta de participaciones públicas. En términos monetarios, el Estado ingresó más de 13.200 millones de euros hasta 1996.

Pero la gran fase privatizadora estaba por venir. Entre 1996 y 2002, con el Gobierno del Partido Popular, se produjo la venta de las llamadas joyas de la corona. La

SEPI recuerda que a partir del 28 de junio de 1996, tras la aprobación del llamado Programa de Modernización del Sector Público Empresarial, las privatizaciones fueron programadas "con un carácter de globalidad y totalidad", a excepción de determinados sectores, como la minería del carbón, los ferrocarriles, la comunicación y algunas empresas de servicios públicos. En total, los ingresos generados por las privatizaciones realizadas durante el citado periodo suman casi 30.000 millones de euros, de los que más de 22.000 millones corresponden a las operaciones de venta concretadas a través de la Bolsa.

Esa etapa convirtió a España en el segundo país en privatizar una parte mayor de su economía y una de las que más rápidamente lo ha hecho, sólo superada por la época thatcherista en Reino Unido. De ahí que lo que quede por privatizar, a efectos de hacer caja, sean participaciones muy reducidas.

La última gran privatización fue la del Grupo ENA (Empresa Nacional de Autopistas), en el año 2003. Después se procedió a la privatización de Turbo 2000, empresa del sector aeronáutico, en el año 2004, operación que marcó, claramente, el fin del periodo. Porque las operaciones llevadas a cabo desde entonces responden a la venta de algunas pequeñas empresas (como la Clínica Castelló) o de las participaciones residuales en Aldeasa, Altadis y Endesa, así como un 8,5% de Red Eléctrica y de algunos activos de IZAR en liquidación. Los ingresos obtenidos por estas ventas han alcanzado los 2.000 millones de euros. Pocas empresas quedan en manos de la SEPI [ver gráfico] que puedan aportar ingresos destacados a las arcas públicas o resultar tan atractivas para los inversores. Por ejemplo, la participación que el Estado mantiene en Iberia, el 5,16% del capital, no reportaría a los precios actuales ni 100 millones de euros para las arcas públicas. El mantenimiento de esta participación no responde a motivos estratégicos, y así lo ha manifestado el presidente de la SEPI en su última comparecencia en el Congreso. "En primer lugar, porque como venimos diciendo no es la voluntad del Gobierno mantener una participación en esta compañía. En segundo lugar, porque pensamos que la situación de mercado, una vez aclarada la situación alrededor de la fusión de Iberia con

British Airways, será probablemente adecuada para que podamos proceder a la enajenación de esta participación con el provecho que se puede esperar de esta operación", explicaba Enrique Martínez Robles ante la Comisión de Presupuestos del Congreso el pasado mes de octubre. Desde 2006 la posible venta de esta participación se ha incluido en cada uno de los Presupuestos Generales del Estado. "Para 2010, también está incluido", cuentan en la sociedad estatal.

Algo más sustanciosa sería la venta de la participación que el Estado mantiene en Red Eléctrica Española (REE) pero tampoco da para grandes alegrías. Pese a tener un 20% en su poder, los cambios introducidos en la legislación en los últimos años obligan al Estado a mantener una participación mínima del 10% en el gestor del sistema eléctrico y el otro 10% restante, en su cotización actual, representa poco más de 500 millones de euros. "Pero no hay ni fecha prevista ni determinación de llevarlo a cabo", apuntan.

De otras empresas, no existe ningún plan de privatización pese a que pueda parecer extraño que algunas de ellas estén bajo control público, como el Hipódromo de La Zarzuela. Tampoco hay planes para ninguna de las empresas públicas del sector de la comunicación, la agencia Efe y el Grupo Radio Televisión Española. "Eso sí que sería una decisión política, no dependería de nosotros, sino del Gobierno", advierten desde la SEPI. Y nada hace presagiar semejante giro en los planes del Ejecutivo.

En estos momentos, el debate sobre la privatización gira mayoritariamente entorno a las empresas adscritas al ámbito del Ministerio de Fomento y relacionadas con las infraestructuras. Son las que más interés suscitan entre los inversores.

"A nivel central, como bocados apetitosos, sólo quedan AENA, el gestor de aeropuertos; el 20% de Red Eléctrica o el transporte de mercancías de Renfe", asegura Germà Bel, profesor del departamento de Política Económica de la Universitat de Barcelona y diputado socialista entre el año 2000 y el 2004. "El Gobierno ya ha mostrado su disposición a dar entrada al capital privado en AENA y lo que se pueda ingresar con ello dependerá de si se privatiza como monopolio, de si la gestión se comparte con las comunidades autónomas o de si se hace aeropuerto por aeropuerto. No se puede dar una cifra ni aproximada al respecto", insiste el profesor.

El debate sobre la privatización de AENA se ha abierto en distintas ocasiones y siempre por el interés de las comunidades autónomas y de algunos ayuntamientos en tomar las riendas de la gestión. "Pero eso no es una privatización, es sólo un cambio de modelo", matiza Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico. Al margen de entrar en clara contradicción con lo que hacen y exigen nuestras empresas en el exterior. "Mantener el monopolio público de los aeropuertos es un error de libro porque muchas de nuestras empresas, como Ferrovial sin ir más lejos con distintos aeropuertos de Londres, tienen experiencia internacional en la gestión de terminales", recuerda Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico de IE Business School en Madrid.

Uno de los argumentos que más se utilizan contra la privatización de este servicio es que muchas terminales en ciudades con poco tráfico aéreo -pero para las que el aeropuerto desempeña un papel decisivo en sus conexiones- correrían el riesgo de cierre dada su escasa o nula rentabilidad. Hasta hoy, un total de 20 aeropuertos necesitan subvenciones, pero terminales como las de Madrid o Barcelona, con mucho tráfico y volumen de negocio, también reciben subsidios, lo que según los expertos demuestra que hay que cambiar la gestión aeroportuaria.

"España es el único país dentro de los grandes en el que se mantiene un modelo centralizado. En todos los países hay fórmulas para mantener los aeropuertos no rentables abiertos, y yo estoy en contra de que se privatice tal y como está ahora. Se trataría de privatizar un modelo que no introduciría ninguna competencia en el sector", explica Bel. "La peor privatización posible es la del monopolio, es seguir el ejemplo de Fujimori en Perú o de Menem en Argentina, con los resultados que conocemos", asegura.

Para Pampillón, partidario de que "todo lo que pueda hacer el sector privado no lo haga el sector público", la clave de los procesos de privatización potencialmente pendientes es separar la regulación y la gestión, además de aprender de los errores de otros países.

"El caso más claro sería Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias. La experiencia de Reino Unido demostró que la privatización de la infraestructura es un fracaso estrepitoso", aclara. "Pero el transporte por mercancías sí es un sector que dejaría margen a la entrada de capital privado. En Alemania supone el 12% del total y aquí apenas el 4%. Pero habría que cambiar el marco actual porque el Ministerio de Fomento no puede ser, al mismo tiempo, el propietario y el regulador de las vías. El regulador debe ser independiente", dice Pampillón.

El debate sobre la conveniencia o no de privatizar ha alcanzado recientemente a las cajas de ahorro, un proceso mucho menos claro y que arroja muchas dudas entre los expertos.

"No es lo mismo la bancarización de las cajas, que es una cosa, a dar entrada al capital privado en las mismas. Eso es muy complicado. Además, la parte de la obra social debería quedar al margen de ese proceso. No veo cómo vas a sacar dinero de algo así porque habría que empezar por instituir el derecho de propiedad en estas entidades", aclara Germà Bel.

Pero barajemos la hipótesis de la privatización de las cajas. "Si lo haces, ¿para quién iría el dinero ingresado? No está claro que fuera a las comunidades autónomas y los ayuntamientos en su totalidad; habría que contar con los partícipes, que son los impositores. Es muy complicado", asegura Ricardo Martínez Rico.

Pero Pampillón no ve tantos problemas con el proceso y sí ve beneficios. "Hay que entrar a saco en las cajas por el descrédito que sufren con su politización. Tienen activos sobrevalorados y una red de oficinas sobredimensionada. Las cajas deben pasar a estar bajo un control público total primero, proceder a su saneamiento después y, entonces, proceder a su privatización a través de la venta de acciones. Así, además, se recuperaría mucho más que los recursos empleados en su saneamiento".

Capítulo especial merecen las empresas públicas controladas por comunidades autónomas y ayuntamientos. La mayoría fueron creadas para prestar los servicios derivados de la transferencia de competencias que se ha producido en los últimos años, como el agua o las basuras, y son prestados en régimen de concesión a cambio de unas tarifas. Lo mismo sucede con la gestión hospitalaria en comunidades autónomas como Madrid, Valencia o Andalucía. "Pero esas concesiones no dan dinero y si lo dan se lo cobrarán a los usuarios en forma de aumentos de tarifas", advierte Bel. Aunque también puede tener una ventaja adicional. "Sirve para mantener un flujo de caja saneado", recuerda Martínez Rico. La Comunidad de Madrid había anunciado la privatización del gestor de aguas, el Canal de Isabel II, pero lo ha aplazado atendiendo a las condiciones -poco favorables dice- del mercado.

Así que poco dinero por ahí también. "Salvo de las televisiones", puntualiza Pampillón, "que ni tienen razón de ser en su totalidad ni resultan rentables ni distintas a lo que hacen las cadenas privadas". Claro que él también defiende las bondades de privatizar la televisión pública nacional.

De momento, lo que se ha planteado el Gobierno es poner orden y concierto a la maraña de organismos públicos existentes y así lo ha incluido en el plan económico-financiero de reequilibrio 2010-2012 que ha enviado al Congreso de los Diputados. El plan, extenso en el capítulo de advertencias pero corto en propuestas concretas, se enmarca dentro de las medidas para atajar el elevado déficit y reconducirlo a los límites fijados por Bruselas. Aunque de momento todo se ha reducido a crear una comisión para su estudio.

Sí ha abierto la puerta, a través de sendas disposiciones en los Presupuestos para 2010, a que cualquier empresa mediante contratos privados, y no sólo por concesión pública como hasta ahora, pueda comercializar la lotería del Estado. Una iniciativa que ha puesto en pie de guerra a los 12.000 trabajadores del sector, que denuncian que se trata de una "privatización encubierta". Lo que se comprende ante la tarta a repartir: en 2008, las 4.000 administraciones de Lotería aportaron 2.500 millones de euros a Hacienda y los 6.000 negocios (como cafeterías o estancos que lo comercializan en pequeñas localidades), otros 400 millones. El juego público supone el 40% del total del mercado del juego en España.

Pampillón insiste en que lo importante de las privatizaciones no es tanto los ingresos que puedan proporcionar puntualmente al Estado como la competencia que pueden introducir en la economía. "Y eso sería positivo en una situación como la actual", afirma. "Las perspectivas de la economía española indican que pasaremos muchos años con un crecimiento bajo, lo que redundará en un deterioro de los servicios públicos y, por tanto, del bienestar de los ciudadanos". Lo que a su juicio debe llevar a los grandes partidos a buscar nuevas fórmulas de gestión más eficientes.

Ricardo Martínez Rico también apuesta por algo más que operaciones de caja. "Sacar dinero con estas operaciones no sería el objetivo, más bien trasladar el mensaje de que estás dispuesto a contener el endeudamiento y consolidar las cuentas públicas. Y, por supuesto, si se procede a vender activos públicos, ese proceso debe ir dentro de un paquete más amplio de reformas", aclara. –