17 de enero de 2021
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¿Por qué el Fiscal no encarcela a quienes roban al sector salud?

4 de enero de 2010
4 de enero de 2010

La adulteración y sobreprecios en los medicamentos, las obras de infraestructura fantasmas o mal hechas, la falsa prestación de servicios entre entidades públicas, las adjudicaciones a los amigos, manejos irregulares con los recobros al Fondo de Solidaridad y Garantías, los listados amañados para desviar recursos del régimen subsidiado y los sobornos por la eliminación de deudas, son algunas de las prácticas frecuentes en este sector.

Primero fue el ISS, luego la red hospitalaria pública, centros y puestos de salud; el asunto tocó al Ministerio, secretarías departamentales, municipales y distritales de Salud; también untó a los investigadores y sancionadores, hasta lograr enquistarse en todos los niveles de la administración pública como el más cruel de los cánceres.

El ciudadano en las calles siente que frente a la corrupción en la salud es muy poco lo que ha hecho el Estado para encarcelar a los culpables o erradicarlos de las esferas oficiales. La gente de escasos recursos económicos es la que más sufre las consecuencias de lo que hacen los depredadores de la salud en Colombia.

La Costa Caribe es una de las regiones más golpeadas por la corrupción en la salud, pero la verdad es que hablamos de un mal que también se siente en otras zonas, aún las más encopetadas como Bogotá, Cali y Medellín a pesar de que traten de esconderlo los medios y gobernantes de turno.

Sobre la corrupción en el sector salud hay denuncias de todo tipo durante los últimos 30 años, pero lo más aberrante es que la justicia esté como de brazos cruzados o sea incapaz de llegar al fondo de la realidad de los acontecimientos.

Convertirse en delincuente con la salud de millares de compatriotas no guarda diferencias con pertenecer a los carteles del narcotráfico o de la narcoguerrilla o el paramilitarismo. En todos los casos se atenta contra la vida misma, que es nuestro bien más preciado.

Los otros carteles están prácticamente desmantelados, pero aquel que trafica con nuestra salud está más vivo que nunca y se engorda a la luz de los ojos oficiales.

No me sorprende y justifico la indignación de muchos sectores de opinión pública al rechazar los anuncios del Ministerio de la Protección Social, respecto de las transferencias de costos a los usuarios del régimen contributivo y subsidiado para sufragar parte del valor de los medicamentos ordenados por tutelas.

El Gobierno no ha dicho cuál será el procedimiento para recaudar esos nuevos aportes, pero lo que si queda claro es que no tiene presentación pedir más sacrificios al pueblo cuando el Estado ha sido negligente para evitar la pérdida de más de seis billones de pesos que, durante la última década, han ido a parar a los bolsillos de los corruptos en lugar de salvar vidas.

La corrupción en Colombia ejerce una violencia peor que la de un campo minado por la guerrilla y provoca más injusticias que todos los dictadores africanos juntos.

Uno desearía ver un aparato judicial cero complaciente con la corrupción en la salud y la población se alegraría mucho de un Fiscal General de la Nación que le pusiera el pecho a la brisa y encarcelara a estos mercaderes de la vida.

La sociedad no quiere más pañitos de agua tibia ni acciones aisladas para dar la impresión de que se actúa.

Lo que en verdad demandamos los colombianos es un plan integral contra la corrupción que castigue a quienes delinquen con el erario público, defienda nuestros derechos fundamentales y permita que los cientos de billones de pesos asignados anualmente en el Presupuesto Nacional terminen generando los beneficios sociales y económicos esperados, en términos de bienestar para todos y no de enriquecimiento para unos pocos. Sería la mejor noticia que nos pueden brindar en este nuevo 2010.