27 de enero de 2021
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Orlando Cadavid Correa
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El costo de la informalidad

5 de enero de 2010

O sea el que se produce solo por los cambios normales que algunos sectores de la población trabajadora sufren al pasar de una ocupación a otra.

Por el contrario, el país no ve en el futuro próximo cambios en la tendencia creciente de esta variable que dice tanto de la vida de la gente que solo tiene su mano de obra para generar ingresos. Algo igual de desalentador está sucediendo con la salud. Tampoco se ve un futuro claro porque las medidas que se están tomando solo se refieren a los síntomas de la crisis pero no a las causas de los graves problemas del sistema de salud colombiano.

Y mientras el foco de preocupación se localiza en estos dos temas, se ha dejado a un lado otro igual o más grave, entre otras, porque afecta tanto la viabilidad financiera del sistema de salud como la vida laboral de los colombianos. Se trata de la informalidad que se ha convertido en la única forma de sobrevivir para un número demasiado elevado de la población en edad de trabajar. Cifras recientes señalan que en Colombia el número de personas ocupadas se acerca a los 19 millones pero, solo 6 millones se consideran formales y su trabajo se rige por el Código Sustantivo de Trabajo, con salarios dignos y con las prestaciones sociales que determina la ley colombiana. Y nada menos que el 67% están trabajando por fuera de la ley, sin prestaciones y con remuneraciones que evaden las normas del país sobre el tema.

El país se acostumbró a esta cifra sin inmutarse y sin darse cuenta de su verdadero significado. Es evidente que se informalizó el trabajo formal y que en las grandes empresas del país, se evade la Ley a través de toda clase de mecanismos que los trabajadores aceptan ante la carencia de otras oportunidades. En el Estado, el mismo que debería dar ejemplo, se han generalizado los contratos temporales donde el trabajador debe asumir, de sus honorarios, el pago de la seguridad social que además se vuelve intermitente: empieza con el contrato y termina con el mismo, generalmente a los tres meses. Lo mismo hacen las empresas con las cooperativas de trabajo asociado avaladas por el Gobierno, que poco o nada ha hecho para hacer cumplir la Ley laboral.

Lo más grave de esta realidad es que se ignora el inmenso costo que significa. Se cree que éste se limita a la situación de los individuos sometidos a este tipo de actividad, desprotegida, inestable y mal remunerada. Se ignora que la informalidad es el resultado de errores tanto en el manejo económico como en las políticas sociales. Es evidente que en un país lleno de mano de obra no calificada, el abaratamiento del capital, gracias al exceso de estímulos tributarios, ha puesto en desventaja la contratación de mano de obra y esta situación se agrava si se tiene una política social asistencial que estimula a la población a permanecer en la informalidad. Es decir, la combinación de la ‘Confianza Inversionista’ y las ‘Familias en Acción’, ha generado una disparada en la informalidad que ha reducido la productividad nacional a niveles preocupantes. La primera no permite generar empleo sino que lleva a los empresarios a inversiones intensivas en capital y la segunda, obliga a la gente a seguir en actividades informales para no perder los subsidios.

Se desconoce el impacto negativo que la informalidad tiene sobre la economía del país. Se cierra el círculo perverso. La mala economía tiene altos costos sociales porque no genera empleo digno y la mala política social tiene altos costos económicos al incentivar la informalidad que reduce la productividad de la economía nacional. ¿Se necesita más para empezar a preocuparse seriamente por los inmanejables niveles de informalidad en el país?