24 de mayo de 2019
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S.O.S. POR LA SALUD

8 de diciembre de 2009

Las primeras en llamar la atención sobre ello fueron las EPS, al decir que para ellas una cuantía de $500.000 millones “es la diferencia entre poder seguir operando o tener que suspender operaciones”.

El Ministro Palacio quiso salir del paso prometiéndoles a los gobernadores girarles entre $300 mil y $350 mil millones como lenitivo de la crisis; pero ello, además de ser a todas luces insuficiente, no enfrenta los problemas estructurales que están en la raíz de la misma. Es de anotar que fue el propio Ministro Palacio quien le traspasó la papa caliente de los costos de los eventos y eventualidades no contemplados en el POS a los gobernadores a principios de 2009. Por lo demás, el Ministro Palacio quiso restarle importancia al problema caricaturizándolo, sirviéndose para ello de algunas anomalías e irregularidades que se han presentado, magnificándolas.

La verdad sea dicha, lo que está haciendo crisis es el régimen de la Ley 100 de 1993 que estableció los regímenes contributivo y subsidiado, en el que este último acusa falencias cada vez mayores en su financiamiento, lo cual ha repercutido en la falta de acceso y en la calidad de la atención en salud de la población más vulnerable. Ello ha dado pie a la proliferación de acciones de tutela como único medio de hacer valer el derecho a la salud, las cuales se han venido incrementando exponencialmente, a tal punto que, según la Defensoría del Pueblo, un tercio de las tutelas presentadas ante jueces y magistrados son atinentes a reclamos en esta materia. Los problemas empiezan con el crecimiento en proporción geométrica del número de afiliados al RS, que ya supera los 21 millones, el cual se financia en gran medida con los aportes del RC cuyo número de afiliados (18 millones), en cambio, crece en proporción aritmética afectado como está por la crisis económica, el crecimiento sin empleo y la creciente informalidad en el empleo.

A ello se viene a sumar la distracción de los recursos del FOSYGA, los cuales se han mantenido invertidos en TES y CDT, mientras se acrecientan las obligaciones del Estado con las EPS y las IPS. La situación ha llegado a extremos tales que el Consejo de Estado al resolver una Acción Popular en fallo de segunda instancia el 16 de mayo de 2007 tuvo que ordenarle al Ministerio de Protección Social que maneja tales recursos descongelar $1.2 billones que tenía en su portafolio de inversiones para que se aplicaran al objeto de los mismos, en lugar de estar financiando el creciente y abultado déficit del gobierno central. También tuvo que intervenir la Corte Constitucional, mediante fallo T – 760, conminando al gobierno a la actualización de los beneficios incluidos en el POS a más tardar el 1º de agosto de este año. La Corte, además, ordenó al gobierno la unificación gradual y progresiva de los POS subsidiado y contributivo a más tardar en octubre, para que no haya en este país ciudadanos de primera y de segunda, así como también el diseño de un nuevo sistema de reembolso en FOSYGA que además de eficiente sea transparente. Y lo que ha ocurrido es que simple y llanamente el remolón Ministro no ha querido hacer la tarea; por ello, podemos decir que esta crisis estaba cantada.

El anuncio del Presidente de la República Alvaro Uribe Vélez de decretar la Emergencia Social con el fin de capear la crisis planteada se ha quedado hasta ahora en el sólo anuncio, sin que se sepa a ciencia cierta cuál será la “serie de medidas” que promete el Ministro de Protección para tal efecto. Según palabras del Presidente Uribe con base en este estado de excepción se van a “incorporar los recursos económicos que se requieran para el salvamento financiero de la salud a través de las entidades territoriales”, pero no se ataca el origen de la crisis, con lo que a poco andar estaremos abocados a otra crisis igual o peor que la actual.


1 Ex presidente del Congreso de la República