26 de enero de 2021
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Se complica panorama con el vecindario

15 de diciembre de 2009

Según concluye el estudio, labores de inteligencia llevadas a cabo desde una base militar estadounidense en Manta pudieron ser claves para ubicar en territorio ecuatoriano a Raúl Reyes.

Por más que funcionarios del Gobierno colombiano desmientan de una u otra forma las conclusiones del reciente informe, el daño ya está hecho y las suspicacias que va a generar este informe, se expandirán inevitablemente por los diferentes rincones de Suramérica. Aunque aquí las diferentes voces defiendan y “rodeen” a las autoridades colombianas, el ambiente es muy diferente en los países vecinos y serán muchas las explicaciones que ellas deberán dar, esta vez sí, de la mano del Gobierno estadounidense.

Ojo, decir que el Gobierno de Obama nos debería acompañar en esta defensa, no quiere decir que lo vayan a hacer. En otras palabras, no nos deberíamos sorprender, ni mucho menos rasgar las vestiduras, si deciden guardar silencio a la espera de que las aguas se calmen.

Volviendo a lo anterior, aquí no se trata de convencer a los colombianos de que todo es un montaje del Gobierno ecuatoriano, lanzando diatribas contra algunos de sus funcionarios y tildándolos de cómplices del “narcoterrorismo de las Farc”. Esto implica un fuerte y bien pensado trabajo diplomático para tratar de desmentir el informe. Tarea mucho más compleja en caso de que sea cierto. Más difícil aún, si el Gobierno estadounidense nos deja solos.

La pregunta obvia que muchos gobiernos se harán en estos momentos es: ¿si la Base de Manta fue una instalación militar utilizada por los estadounidenses para realizar operaciones de control del narcotráfico y, si supuestamente fue puesta en servicio para fines bélicos de un Estado hacia otro con el motivo de la lucha contra el terrorismo, qué no podrá pasar con siete bases que usará el personal estadounidense en Colombia para la lucha no sólo contra el narcotráfico sino contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, como claramente establece el preámbulo del acuerdo firmado entre Bogotá y Washington? Esa debe ser una de las preguntas más importantes que ahora debe contestar el Gobierno colombiano puesto que, querámoslo o no, los resultados del informe han puesto otra talanquera a esta rueda que nació torcida.

En el caso de las relaciones entre Colombia y Ecuador, que estaban en proceso de normalización, cabe anotar que otra de las conclusiones del informe también las vuelve a poner en apuros. Al sostener que autoridades colombianas alteraron la escena del bombardeo y que los registros de algunos cadáveres "determinan la violación de derechos humanos", se torpedea el esclarecimiento de los hechos y se vuelve a sembrar la desconfianza con respecto a lo que realmente ocurrió esa madrugada. Es muy posible que las anteriores revelaciones ameriten un nuevo encuentro entre funcionarios de los dos gobiernos para mejorar la comunicación, en pos de la necesaria normalización de las relaciones con el Ecuador.

Por ahora, sólo resta esperar que las conclusiones del informe no tengan un impacto negativo en los diferentes gobiernos de Suramérica. De ser así, se volverá a complicar el proceso diplomático que se venía adelantando entre Ecuador y Colombia.