22 de noviembre de 2019
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¿Por qué terminan enredados Santos y Barrera tras la absolución de Arango?

5 de diciembre de 2009
5 de diciembre de 2009

Para entender por qué la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a estos dos personajes, es necesario referirse a la que era la prueba reina del proceso contra Arango. La acusación estaba basada en un recibo de 115 mil dólares con la supuesta huella digital de Arango. Este dinero lo habría recibido de la mafia por sus ‘servicios’.

Este recibo llegó al CTI de la Fiscalía el 17 de agosto de 2007, junto con otros documentos. Entonces el escándalo apenas comenzaba. Un día después, María Isabel Rueda se refirió en su columna de la revista Semana al asunto: “Yo vi personalmente algunas de esas pruebas. Tres recibos originales aparentemente firmados por Arango, que incluso contienen su huella dactilar, confirmando el recibo de cerca de 500.000 dólares de la mafia. Según mi fuente, los cotejos demuestran su autenticidad (…)”.

El hecho de que Arango hubiera sido llamado a calificar servicios dos meses antes sin que hasta ese momento hubiera alguna acusación en su contra, y que se hablara en el artículo de tres recibos, y no de uno que fue el que llegó a la Fiscalía, generó dudas para la Corte.

Guillermo Barrera, la fuente

Por cuenta de su columna, Rueda fue citada a declarar en el proceso. Si bien trató de negarse a hacerlo, bajo el argumento de su derecho a la reserva de la fuente, fue citada nuevamente por la Corte Suprema. Y aunque el tribunal había aclarado que no le preguntaría nada que hiciera parte de esa reserva profesional, la defensa de Arango sí lo hizo. Le preguntó quién le había mostrado los recibos. La periodista “sin ningún recato” – según la Corte Suprema – le respondió que el almirante Guillermo Barrera, comandante de la Armada Nacional.

Barrera había dicho ante la Fiscalía que no se había reunido con esa periodista ni con ningún medio de comunicación. Más adelante dijo que sí lo había hecho, pero aclaró que solamente le había mostrado un recibo. A la reunión lo acompañó, según él, el capitán de navío Luis Jorge Tovar Neira, en ese momento director de Contrainteligencia de la Armada.

Para la Corte, esa actuación fue del todo irregular, porque “se trataba de documentos fundamentales para adelantar una investigación penal, cuya cadena de custodia fue completamente ignorada, para no hablar de la reserva que el asunto imponía a los oficiales”.

Juan Manuel Santos sabía y no dijo nada

“Puedo confirmar que el contralmirante Gabriel Arango Bacci fue llamado a calificar servicios y que hay una investigación adelantada, pero no quisiera decir más para que la investigación no se dañe”, dijo en agosto de 2007 el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos.

Según la Corte Suprema, la Armada Nacional tenía conocimiento de la “noticia criminal” por lo menos cinco meses antes de que se conociera públicamente en agosto. Durante ese tiempo, el supuesto recibo había pasado tanto por el Ministerio de Defensa como por el DAS sin que se denunciara ante la Fiscalía.

“Como de las pruebas obrantes en la foliatura se advierte que el Ministro de Defensa para la época, doctor Juan Manuel Santos, conocía previamente de las vinculaciones penales aquí analizadas, y sin embargo obvió dar a conocer esos hechos a las autoridades judiciales, la Corte estima necesario expedir las copias pertinentes, para que se investigue el presunto delito de omisión de denuncia en que pudo incurrir”, afirma la Corte en la sentencia.